Un repaso por la situación de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a la niñez y adolescencia. La primacía de una orientación asistencialista y tutelar en detrimento de la protección y promoción de derechos que deberían impulsarse en el marco de la ley 114.
La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en la legislación y la construcción de un sistema local de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hoy, a catorce años de la sanción de la Ley 114, el vaciamiento de las áreas de atención a la niñez y el recorte de los programas impulsados por el gobierno no favorecen la adecuada implementación de políticas públicas acordes al marco jurídico existente.
En 1998, la aprobación de la ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires surgió como eco de un nuevo paradigma sobre la infancia proclamado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN). Esta legislación vino a reemplazar el viejo modelo tutelar, que consideraba al menor como objeto de protección, promoviendo la reeducación y la readaptación de menores en riesgo. Se planteaba así la protección de chicos “en peligro moral o material”, centrando el rol de la intervención estatal en la institucionalización y judicialización, es decir, en la legitimación de prácticas represivas encubiertas como métodos preventivos de la sociedad frente a futuros delincuentes.
El nuevo marco jurídico rompe con dicho modelo conceptualizando a los niños y adolescentes como sujetos de derechos; la Convención plantea que ellos son titulares de los mismos derechos de los que gozan todas las personas, más un “extra” de derechos específicos que se motivan por su condición de estar en crecimiento. También se redefine la función del Estado, consistente en la promoción de políticas públicas para proteger y restituir los derechos vulnerados de toda la población infantil y adolescente. Si bien en los papeles la ley señala diversos avances, aún hoy se está lejos de una efectiva implementación que genere programas y planes integrales para que los chicos transiten una infancia digna desarrollándose en sus barrios y en sus escuelas.
Diversos organismos, sectores del Estado y organizaciones que trabajan con la temática de la niñez vienen denunciando la ausencia de políticas públicas inclusivas y el vaciamiento de los programas que se expiden: si bien nominalmente promueven prácticas progresivas, las condiciones mínimas necesarias para su desarrollo no están garantizadas. Según un informe del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), las principales deficiencias en la aplicación de políticas sobre niñez residen en la terciarización de distintos programas y servicios, el deterioro de la calidad profesional de los encargados de ejecutarlos y la fuerte reducción de recursos e insumos necesarios.
Durante los últimos años, diversas medidas atentaron contra el derecho de muchos niños de acceder a una educación pública y de calidad. La disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a principios de 2012, del cierre de grados con menos de 15 alumnos generó, a pocas semanas del comienzo del ciclo lectivo, el cierre de 221 cursos, intensificando los conflictos ya existentes por la falta de vacantes. El deterioro de la calidad educativa se agrava ante la falta de actualización y enriquecimiento de los contenidos curriculares, desatendiendo muchas de las problemáticas emergentes; la falta de interés por el fomento de talleres de salud sexual y reproductiva, la eliminación de programas socioeducativos y la reducción de los equipos de orientación escolar, son algunas de las tantas decisiones orientadas en este sentido. Mientras tanto, el gobierno de Macri continúa apostando a financiar la educación privada, existiendo en la actualidad instituciones educativas privadas que reciben 50% de aportes estatales -llegando incluso al 80% de los salarios docentes subsidiados-, en contraposición a lo que sucede en las escuelas públicas, que carecen de presupuesto para pagar sueldos a sus docentes y acondicionar sus establecimientos. Se reproducen así circuitos educativos diferenciales para los distintos sectores sociales, perpetuando un sistema que termina excluyendo y fomentando la estigmatización de los chicos de los sectores más vulnerados.
Mientras el Jefe de Gobierno en más de una oportunidad ha manifestado que los niños son una prioridad en sus políticas, el año 2011 ha traído un aumento del 26% en mortalidad infantil, la desfinanciación del “Plan Nacer” y el cierre del Programa de Acción Comunitaria. La falta de políticas orientadas hacia la mejora y fortalecimiento de un sistema de salud público perpetúa su deterioro: falta de insumos y personal en condiciones dignas de trabajo se reflejan en la absurda espera para conseguir turnos y en las consultas atendidas en los pasillos de las instituciones. El cierre del área de terapia intensiva de pediatría del Hospital Durand y la entrega de una parte del Hospital de Niños a la Casa Ronald McDonald para la creación de un sitio de descanso son claras muestras de la intencionalidad de las políticas de salud desplegadas en los últimos años, que priorizan los servicios privados rentables, desatendiendo la salud pública y privando de esta forma a muchos niños de la atención y cuidados médicos esenciales.
La falta de una política de vivienda integral continúa dejando a muchos niños en condiciones no dignas para vivir, repercutiendo en la vulneración de otros derechos básicos, dado que obstaculiza, por ejemplo, la constancia en la asistencia escolar. La disminución de subsidios de vivienda a familias en emergencia habitacional provocó además la toma de medidas paliativas basadas en la institucionalización: los chicos que terminan en situación de calle ante la falta de políticas gubernamentales son criminalizados e introducidos en el sistema penal o encerrados en hogares por el solo hecho de que sus familias no tienen la posibilidad de alojarlos en una vivienda. Si bien no existen cifras actualizadas, día a día se ven en la Ciudad niños durmiendo en las calles y en las plazas, muchos de ellos también con problemas de adicción, otra fuerte problemática desatendida por parte del Estado. Estas realidades fomentan la discriminación y la estigmatización de tantos jóvenes considerados “peligrosos” por gran parte de la sociedad, que mientras tanto invisibiliza las graves problemáticas estructurales sobre las que las autoridades deciden no intervenir.
En la Ciudad de Buenos Aires, las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia continúan orientándose hacia una perspectiva asistencialista y a la concepción del patronato, en detrimento de la vinculada a la protección y promoción de derecho, a pesar de la existencia de la ley 114. Esta legislación de avanzada ya está vigente y la riqueza del distrito provee las posibilidades presupuestarias para implementar la ley desplegando un conjunto de políticas públicas que aborden integralmente las problemáticas de la población infantil. Pero ante la falta de voluntad política para llevarlo a cabo, en la actualidad se visualizan los resabios del viejo modelo legislativo tutelar. Si bien la ley supone que la institucionalización debe ser una alternativa excepcional, adoptada únicamente una vez agotadas las instancias previas, la mayor parte del presupuesto general destinado a la Dirección General de Niñez, se asigna a políticas de internación de niños en situación de pobreza en albergues u hogares. Hoy en día el Gobierno dispone de 94 sedes institucionales que alojan a 1195 niños y adolescentes, de las cuales el 95% responden a ONGs que mantienen un convenio con el Gobierno de la Ciudad para brindar este servicio. De esta forma, el Estado se desliga una vez más de las obligaciones y responsabilidades como garante de los derechos de los niños y adolescentes, alejándose del rol asignado por una legislación modelo, que continúa esperando ser implementada efectivamente.
* Artículo realizado por el Espacio de Niñez de la Juventud Rebelde – Rebelión