Los migrantes son en la actualidad el soporte de sus familias, pero también de la estabilidad económica del país. La falta de trabajo y los bajos salarios son algunas de las razones que los obligan a migrar, sin embargo, el camino hacia Estados Unidos está lleno de riesgos, ya que es en México donde se enfrentan a diversas situaciones que pueden terminar en la muerte. Los datos estadísticos muestran que después de la pandemia las deportaciones desde ambos países han vuelto a aumentar.
Por Regina Pérez *
La noche del 27 de marzo el sueño de 19 hombres de llegar a Estados Unidos, la mayoría de ellos jóvenes indígenas, terminó en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, cuando se generó un incendio sin que ninguna persona los socorriera. El 11 de abril, las autoridades mexicanas y guatemaltecas entregaron sus cuerpos en ataúdes, adornados con coronas de flores. El llanto y la tristeza de sus familias acompañaron su recorrido hacia sus comunidades de origen en diversos puntos del país.
La falta de trabajo y salarios bajos empujaron a estos jóvenes a buscar oportunidades fuera del país. Desafortunadamente, esta no ha sido la única tragedia que ha golpeado a las familias guatemaltecas. Desde 2021 se han registrado al menos cuatro sucesos donde han muerto decenas de migrantes, ya sea por accidentes, sofocación y hasta por el crimen organizado.
Un recuento de las tragedias
El 22 de enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas fueron localizados 19 cuerpos, de los cuales 16 personas eran provenientes de Guatemala. Los cuerpos estaban calcinados y según se supo con el paso del tiempo, fueron acribillados por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), un grupo de élite de la Policía Mexicana. La mayoría de los migrantes eran originarios de Comitancillo, San Marcos, un municipio de 54,489 habitantes, con un 99 % de población indígena.
Ese mismo año, el 9 de diciembre, 56 migrantes, 37 de ellos guatemaltecos, perdieron la vida en un accidente del tráiler que los transportaba del municipio Chiapa de Corzo hacia Tuxtla Gutiérrez, cabecera del estado de Chiapas. Según los reportes de prensa, en ese vehículo viajaban hacinados 159 migrantes. El conductor manejaba con exceso de velocidad e impactó contra un puente.
El 27 de junio de 2022, se localizó un tráiler en San Antonio Texas, Estados Unidos donde decenas de personas fueron encontrados en condiciones sofocantes. En total murieron por asfixia 53 personas, de ellas 21 eran de Guatemala. Según testimonios de sobrevivientes los “coyotes” llenaron el tráiler, las condiciones eran sofocantes y no se podía respirar. A muchos se les terminó el agua.
En febrero de 2023 ocho migrantes murieron en un accidente de vehículo en Nuevo León, en febrero de 2023, cuando viajaban acompañados de otras personas. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la causa del deceso fue asfixia por sumersión. La mayoría eran de Momostenango, Totonicapán.
México convertido en un embudo
En su paso por México, las personas migrantes se encuentran con una política migratoria que facilita que sean víctimas de vejámenes y que aumentan sus riesgos.
Ángeles Mariscal, periodista radicada en Chiapas, directora y fundadora del medio Chiapas Paralelo, explicó a Prensa Comunitaria que la actual política migratoria de México está condicionada por la política de Estados Unidos. Si bien al principio el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador permitió una entrada masiva y les dio una visa humanitaria a migrantes que ingresaron a ese país fue solo una vez, pues Estados Unidos comenzó a presionar a México con los aranceles por el Tratado de Libre Comercio (TLC). Con ello, México nuevamente se convirtió en un país embudo, conteniendo la migración.
De acuerdo con la periodista, durante la administración del presidente López Obrador la situación ha sido peor que en otros gobiernos pues México se convirtió en un “Tercer País Seguro”. Este es un concepto usado para transferir la responsabilidad del examen de solicitud de asilo de un país de acogida a otro, que es considerado “seguro”, según ACNUR. En este caso, EE. UU. traslada dicha responsabilidad a México.
Mariscal también resaltó que el gobierno de López Obrador creó la figura de la Guardia Nacional, donde quienes participan son militares que ahora hacen labores de seguridad pública y realizan labores de contención. “Vemos que actuó con mayor dureza que los civiles”, indicó.
México y Guatemala también trabajan de manera conjunta para evitar el paso de los migrantes hacia la frontera sur, como se vio cuando detuvieron a las primeras caravanas en octubre de 2018. Es lo que siempre han hecho, pero ahora con otras dinámicas, dijo.
En un artículo publicado en la revista Gatopardo, Roberto Zedillo Ortega, señaló que más que tratarse de una tragedia individual, lo ocurrido en Ciudad Juárez es el resultado directo de la política migratoria que México sostiene.
Zedillo agregó que esta política se caracteriza por tres factores: un control migratorio militarizado y racista, la austeridad en cualquier labor relevante para proteger los derechos humanos de los migrantes y mecanismos de toma de decisión al margen de la ley.
Según el articulista, los 40 migrantes muertos y los 28 heridos, así como las sanciones de alto nivel, no son una anomalía, sino el resultado de las acciones conscientes del gobierno de turno.
Medina: “Las remesas son un indicador del fracaso del modelo económico”
Las tragedias que han sucedido una y otra vez mientras se dirigen a Estados Unidos no han disuadido a los migrantes de emprender ese trayecto riesgoso. Guatemala como país también se ha visto beneficiada por esos altos niveles de migración.
Desde 2020, según datos del Banco de Guatemala, los migrantes han enviado 49,109.8 mil millones de quetzales en concepto de remesas. En 2021, el año posterior a la pandemia del COVID-19, Guatemala recibió 18,040.3 mil millones, la mayor cifra desde 2002.
El economista Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) indicó que es paradójico que la migración ha sido buena no solo para sus familias, evitando más pobreza, sino a nivel macroeconómico. Sin embargo, anota que el alto número de remesas que ingresan al país no son un indicador de éxito, sino solo es una muestra del fracaso del modelo económico que hay en Guatemala.
Con el paso de los años, el envío de remesas ha desplazado a las exportaciones, cuyo precio lo determina el mercado internacional. Según explicó, los empresarios guatemaltecos para ser competitivos y maximizar sus ganancias no generan más empleo y no pagan buenos salarios en la producción agrícola. Eso empuja a varios connacionales a emprender el camino hacia el país del norte, aun conociendo sobre sus riesgos.
De acuerdo con el economista, si bien Guatemala ha mejorado en las exportaciones, lo ha hecho más en la generación de remesas familiares, respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Si uno analiza los datos de 2001, se da cuenta que en ese año las exportaciones representaban el 22 % del PIB, mientras las remesas eran el 9.3 %. Sin embargo, en 2021, las exportaciones representaban el 15.8 % del PIB, mientras las remesas eran el 17.8 %, lo que significa que en una década las exportaciones perdieron un 25 % de su potencial mientras que las remesas familiares se duplicaron, explicó.
En 2022, las remesas fueron el 19.3 % del PIB y las exportaciones representaron 16.8 %, esto significa que los envíos de dinero representan más ingresos que las propias exportaciones.
Medina indicó que es una paradoja que el hecho de que cada vez más gente migre represente el ingreso de dólares que mantiene la estabilidad económica del país y que el crecimiento de la pobreza sea menor. El problema real es que las remesas son una muestra de falta de creación de bienestar, hay un agotamiento en el modelo y se debería de buscar generar más empleos para que la gente no se vea forzada a migrar, dijo.
En el caso de los connacionales que fallecieron en el trágico incendio de Ciudad Juárez, sus familias expresaron que decidieron irse debido a la falta de empleo y la pobreza que había en sus comunidades. Algunos, aunque tenían empleo, no ganaban lo suficiente para mantener a sus familias.
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Expulsiones desde EE. UU y México aumentaron en 2022
Según los datos de Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de enero de 2020 a febrero de 2023, en la frontera suroeste de Estados Unidos, fueron aprehendidas 1,446.792 personas, de ellas, el 42 % provenían de Guatemala, 614,378 migrantes. El resto eran de Honduras, con un 42 % y El Salvador con 16 %.
De acuerdo con esa información, el 59 % de las personas que fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos fue bajo el Título 42, una política instaurada durante la pandemia del COVID-19 en la que, por los riesgos de salud, las personas pueden ser deportadas más rápidamente a sus países de origen.
Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportó que desde México han sido expulsados vía aérea del 1 de enero al 30 de marzo de 2023, 3942 personas guatemaltecas en 30 vuelos. Por la vía terrestre han sido deportados a Guatemala, 7,009 migrantes.
¿Qué pasa con las familias luego de las tragedias?
El pasado 11 de abril, luego de dos semanas del incendio en Ciudad Juárez, fueron repatriados a Guatemala los cuerpos de 17 migrantes que fallecieron en México. En horas de la noche fueron trasladados a sus lugares de destino, donde fueron enterrados. En tanto, nueve sobrevivientes aún se encuentran en México, cinco en estado delicado.
En un comunicado de prensa, el IGM señaló que dará asistencia en cinco ejes a las familias afectadas: en salud, alimentación, temas laborales, educación y asistencia monetaria. De acuerdo con la institución, este seguimiento se da siempre en este tipo de situaciones.
La diputada Ligia Hernández, quien forma parte de la Comisión de Migrantes del Congreso, señaló que en una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), el Consejo Nacional de Atención al Migrante (CONAMIGUA) e IGM sus representantes hablaron sobre el apoyo que darán a las familias, incluyendo visas de trabajo y acompañamiento psicosocial.
“Cada vez que hay una tragedia vuelven a hablar de lo mismo, no hay mecanismos a través del gobierno que permita que se generen oportunidades para que las personas no salgan del país” dijo la diputada.
A criterio de Hernández, en Guatemala no hace falta más legislación en temas migratorios, sino que los gobiernos que lleguen al poder generen oportunidades para que la gente no salga, “migrar no es un delito, lo que sí es un incumplimiento claro de funciones y deberes es que no se generen las condiciones”. Y en busca de las oportunidades es que los connacionales se van del país y mueren en estas tragedias.
* Publicado originalmente en Prensa Comunitaria