Por Pablo Waisberg. Los gobernadores de la Organización de Estados Federales Mineros (OFEMI), junto al secretario de Minería, Jorge Mayoral, se reunieron ayer y acordaron “coordinar auditorías medioambientales”.
El modelo a seguir podría ser el acuerdo que ya tiene San Juan con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que será analizado en la próxima reunión del grupo prevista para junio.
Si bien fuentes del grupo aclararon que no está definido que el PNUD sea el organismo que monitoree, el convenio logrado con la administración de José Luis Gioja tiene serias chances de convertirse en regla entre los gobernadores mineros. Es que avanzar en la resolución de la “cuestión ambiental” –como la definen algunos en el Gobierno nacional- podría limar uno de los puntos que genera conflicto con las asociaciones de vecinos y ambientalistas, que complican las operaciones mineras.
La reunión, que se realizó en la Casa de Jujuy, estuvo encabezada por el titular de la OFEMI y anfitrión, Eduardo Fellner. Hasta allí llegaron, además de Gioja, los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca) y Luis Beder Herrera (La Rioja). Además, participaron el ministro de la producción de Río Negro, Juan Manuel Pichetto; el secretario de Hidrocarburos y Minería de Mendoza, Walter Vázquez; en representación de Santa Cruz el presidente de Fomicruz, Miguel Ferro; y la directora de la Casa de Chubut, Silvina Giusti.
Durante el encuentro, que se realizó sin difusión previa, los integrantes de la OFEMI decidieron avanzar también sobre otro de los puntos definidos como centrales tras su constitución, a principios de año: “fortalecer los procesos de diálogo con la sociedad”, según detalló Fellner en un comunicado oficial. El punto es uno de los que más preocupa a las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que ven en lo ocurrido durante los conflictos de Famatina una situación que no puede repetirse.
Aunque ese fue un proceso que ponen como ejemplo la mayoría de los mineros, entre el grupo de las principales multinacionales tampoco se olvidan de lo que ocurrió el año pasado en Mendoza, con el proyecto para extraer oro y cobre en Uspallata, a cargo de la Minera San Jorge SA, subsidiaria de la canadiense Coro Mining Group. Las protestas sociales en esas tierras obligaron al entonces candidato a gobernador Francisco “Paco” Perez a ordenar el bloque de legisladores oficialistas a votar en contra del proyecto de ley para instalar esa mina: la votación fue unánime.
Como parte de este primer encuentro, que volverá a repetirse dentro de un mes, los representantes de las provincias mineras también se comprometieron a tener una “estrategia de comunicación”. Ese tema enhebra todos los otros: aún hoy el mayor déficit que reconocen los empresarios mineros es la falta de una estrategia de comunicación para desmontar las protestas y “generar consenso en la sociedad”.