El “Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional”, volvió a poner en escena el debate sobre un problema fundamental al que los distintos gobiernos democráticos no han dado respuesta. Las agresiones al hijo de Félix Díaz, y las tareas fundamentales.
En el último tiempo, el problema de la violencia institucional se convirtió en un tema de agenda. Tal es así que mereció incluso hace apenas una semana, unas jornadas organizadas desde el ejecutivo nacional, el “Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional”. La jornada contó con la presencia de familiares y organizaciones sociales, e incluso con funcionarios, jueces y legisladores que se mostraron críticos de las prácticas de violencia institucional.
Así por ejemplo el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, llegó a admitir que hay “una enorme deuda política”, en relación a esta problemática. Algo similar había afirmado también en dichas jornadas, el legislador del Frente Para la Victoria (FPV) Julián Domínguez. “Hay un desafío pendiente en discutir la parte dogmática de nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, y como contraparte, independientemente de dichas jornadas los casos de violencia institucional continúan, como por ejemplo los ataques sufridos recientemente por el hijo del dirigente Qom, Félix Díaz, de la Comunidad La Primavera, en la provincia de Formosa, gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán. También los casos de gatillo fácil en la Provincia de Buenos Aires o la represión en el hospital Borda, por parte de la gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante este panorama, resulta interesante discutir los alcances del ejercicio de la violencia institucional, ejercicio que adquiere carácter disciplinador sobre los sectores populares hacia los cuales está enfocada. Incorporar toda la serie de factores que intervienen en el despliegue de la misma, y comprender que tiene un carácter nacional.
No se trata de ninguna manera de hechos aislados, de “desvíos” o “excesos”, sino de una práctica incorporada, y constantemente presente, regularizada, por parte de las fuerzas de seguridad. Es decir estamos ante una problemática nacional, que alcanza a las distintas esferas, de los distintos gobiernos, municipales, provinciales, y nacional. Sobre todo cuando los datos aportan la suma de 1893 personas muertas por violencia institucional en los últimos 12 años.
“No alcanza con elaborar un diagnostico, la cuestión no es describir los males”
De esta manera se refería Graciela Roselmblum, presidenta de la Ligar Argentina por los Derechos del Hombre, en diálogo con Radio Sur FM 88.3, al señalar que la tarea no pasa simplemente por los informes y análisis que se pueda hacer de los casos de violencia institucional. Es necesario que estos diagnósticos permitan hacer “victoriosa la lucha por erradicar la violencia institucional” ya que, como señala Roselmblum “tenemos necesidad de que estos debates se conviertan en realidad”.
Por otro lado, la titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sostuvo que el gobierno nacional aunque busque desentenderse de estos casos. La idea de que no utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir no puede utilizarse para mirar para otro lado ya que desde el punto de partida “es garante de todos los pactos internacionales que firmó, y debe hacer que se cumplan en las provincias”.
Sostuvo por otra parte que hay algunos avances en esta materia, ya que se condena a los genocidas y a la patota que mató a Mariano Ferreyra, aun con los límites que esto tuvo. Sin embargo está también “la falta de respuesta ante situaciones límites, como las inundaciones en el caso de La Plata donde hoy se siguen sufriendo las consecuencias”, o el caso del ya comentado hijo de Félix Díaz.
Finalmente Roselmblum afirmó que la cuestión principal pasa por el hecho de que el Estado, en sus diferentes niveles, debe y tiene que cumplir con la constitución, con las leyes y los pactos internacionales suscriptos, como por ejemplo el de San José de Costa Rica. Solamente de esta manera se podrá avanzar en superar una práctica que tiene como víctimas, la mayoría de las veces, a los sectores más desprotegidos de la población.