Por Ramón Raggio. Revista Veintitrés censuró y tergiversó una nota con contenido crítico al sistema ferroviario elaborada por el periodista Tomás Eliaschev. Cuando los medios son cómplices necesarios de los hechos.
“A la tragedia hay que ayudarla”. Ese fue el titular de la tapa de la última Revista Barcelona motivado en las declaraciones que hiciera el secretario de Transporte nacional, Juan Pablo Schiavi, horas después de la Masacre de Once.
Es que el trágico hecho dejó al descubierto no solamente numerosas complicidades políticas y empresariales que la hicieron posible, sino también mediáticas, que la avalaron al obstaculizar el flujo de información al respecto.
El pasado jueves la revista Veintitrés, cuyo grupo propietario es dirigido por el empresario Sergio Szpolski -de estrecha vinculación al Gobierno nacional-, censuró, manipuló y tergiversó la nota “Las razones del horror” del periodista Tomás Eliaschev que consignaba parte de las complicidades, reemplazando su firma por la de “Equipo de Sociedad”, lo que a su vez implica involucrar a todos los redactores de la sección. Es decir que quienes hacen las operaciones ni siquiera se atreven a firmarlas.
Originalmente la nota incluía declaraciones de Edgardo Reynoso -dirigente sindical- que daba a conocer denuncias sin respuestas de parte de organismos competentes sobre el sistema ferroviario, como la CNRT, la Subsecretaria de Transporte Ferroviario y la Secretaría de Transporte de la Nación. Las mismas consignaban el mal estado de las vías, sistema de señalamiento y pésima condición de las formaciones, y la última de ellas había sido realizada en enero del corriente año. Fue recortado un párrafo entero.
La nota también tomaba declaraciones de Juan Carlos Cena -fundador del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos (Mo.Na.Re.FA) y del Instituto Argentino de Estudios Ferroviarios y del Transporte-. Allí el experto daba cuenta de la falta de control sobre las concesiones y las continuas denuncias sobre desguace del sistema de transporte público, definiendo a la Masacre de Once como una “tragedia anunciada”. En este caso se modificó un textual de Cena, sacando la parte en la que se quejaba de la falta de controles estatales. En la nota original, también se daba cuenta de los antecedentes del grupo Cirigliano: los más graves fueron removidos.
Los variados mecanismos para moldear el discurso a las necesidades de los socios de poder, convierte muchas veces a los directivos de los medios de comunicación en cómplices necesarios para las operaciones y estrategias de desinformación de las empresas en las que trabajan. El lugar que ocupó Szpolski es burdo. Pero no en muchas ocasiones los errores de tarea fina salen a la luz fácilmente. La estrategia de “censura en democracia”, como la calificara el periodista Ignacio Ramonet, caracterizada por obstaculización de información con sobreinformación, suele ser bastante más sútil.
Además de la censura, se hacen operaciones en base a falsedades. La edición del 2 de octubre del 2011, el diario Tiempo Argentino -también del grupo Szpolski- fue lugar para una operación contra el delegado ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Por orden del juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, el ferroviario fue detenido e incomunicado el 30 de septiembre por una supuesta causa de asociación ilícita y estrago doloso. Antes de que los abogadores defensores pudieran tener acceso a la causa, el matutino publicaba que “desde Tribunales afirmaron que las pruebas que pesan sobre los detenidos son muchas. Entre ellas, dijeron, figuran testimonios de testigos y procesados en este expediente, videos de la quema, pericias policiales y de los bomberos”. Prácticamente en simúltaneo con la publicación, el entonces Jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que “hay muchas pruebas” y que, si bien no había visto el expediente, “el juez debe tener pruebas contundentes para detener a Sobrero”. Sobrero fue liberado el 4 de octubre y absuelto por falta de mérito el 12 de noviembre siguiente. Ahora, el director de dicho diario, Roberto Caballero, ha tomado una posición crítica respecto de la gestión del sistema ferroviario, explicitando las continuidades menemistas.
Otro caso notable de censura se dio en noviembre del pasado año con el periodista Darío Aranda. Como publicó entonces Marcha (“Los medios y el crimen del militante del MOCASE”), el mismo periodista se ocupó de dar a conocer los párrafos que el diario Página/12 recortara de su nota de cobertura sobre el asesinato de Cristian Ferreyra y de denuncia sobre las responsabilidades del gobernador Zamora.
La censura no es una práctica exclusiva ni potestad de medios con línea editorial oficialista. Como manifestó el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) en su comunicado de repudio a la censura de Veintitrés, también hay prácticas menos sutiles que tienen el mismo objetivo: “despidos por razones ideológicas y/o gremiales que se multiplicaron recientemente en los medios opositores, como en La Nación con el caso Claudio Minghetti”. O como el caso Clarín, donde en 2001 fueron echados más de 100 trabajadores, incluyendo a totalidad de la comisión interna. Desde entonces el diario dirigido por Héctor Magnetto y Ernestina de Noble no permite la organización sindical de sus trabajadores.
Es que en las redacciones de los medios, según denuncia en su comunicado el CTP, se vive “día a día en una disyuntiva dolorosa: la de someterse a los dictados de las patronales que se erigen en gendarmes de los intereses de sus socios -empresariales o políticos- o perder el trabajo que lleva el sustento a sus familias”. Sujetos a esta dicotomía, muchas veces los trabajadores de prensa ven desarmado su trabajo ante los líneamientos y voluntades de socios de las direcciones editoriales.