Martín Sabatella, presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)y Damián Cassino, abogado del Grupo Clarín fueron los primeros en llegar a la audiencia que fue cubierta por 25 cámaras de televisión y casi 100 periodistas.
Se llevó a cabo la primera jornada de la audiencia pública que convocó la Corte Suprema de Justicia para definir la constitucionalidad de los dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuya aplicación se encuentra paralizada por un recurso judicial del Grupo Clarín. Hoy continúa con la declaración de las partes: el Ejecutivo Nacional y el grupo mediático.
La “Audiencia pública Corte Suprema: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros/acción meramente declarativa” transcurrió en la Sala de Audiencias del palacio de Tribunales.
El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti dio inicio a la sesión apenas unos minutos después de las 10 de la mañana y la declaró de “valor de trascendencia insitucional”.
En esta primera jornada, fue el turno de los “amicus curiae” -del latín “amigo de la Corte”- un recurso legal que le permite a especialistas que representen los argumentos de las distintas partes expresarse frente a los magistrados y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El día de hoy declararán el Grupo Clarín y el Ejecutivo Nacional.
Los temas principalmente abordados por los distintos oradores fueron el límite a la cantidad de licencias, el mercado de la TV paga y la cláusula de desinversión, frenada judicialmente por una medida cautelar que presentó el Gupo Clarín.
Arrancó Asdrubai Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, por parte de Clarín, quien planteó que “no se puede impedir el crecimiento y desarrollo de los medios” y que la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) se vincula con una “tendencia en la región” que busca el “restablecimiento de la hegemonía comunicacional del Estado”.
Luego Beinusz Szmukler, de la Asociación Argentina de Juristas, avalando la posición estatal, consideró “vergonzosa e injustificada la demora” de la aplicación de la ley y se calificó al Grupo Clarín como “un monopolio informativo integrado a la red mundial de desinformación”.
El representante de la Organización de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con sede en Panamá, y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata, Eduardo Oteiza, hizo eje en el ejemplo de la legislación norteamericana que declara inconstitucional la limitación de licencias y privilegia el juego regulatorio del libre mercado.
En defensa de la constitucionalidad de la LSCA, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que “limite los derechos corporativos en beneficio del interés general” y señaló que “está en juego la democracia institucional: la propiedad se devora a la libertad y el mercado al Estado”.
Los integrantes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Luis Pardo y Carlos Laplacette, afirmaron que la ley constituye “un grave retroceso para la sociedad”.
Por parte de la Universidad Nacional de Lanús, su rector, Víctor Abramovich, indicó que el Estado “tiene el deber de intervenir para transformar estructuras que silencian a sectores de la población” y que existe con el Grupo Clarín una “visión contrapuesta sobre qué entendemos por libertad de expresión”: la liberal individual frente a la democrática.
El sociólogo Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor (Codelco) y “amigo” del Grupo Clarín en la audiencia, afirmó que la LSCA “ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial” porque no preveía la “revolución generada por Internet”. Andrés Gil Domínguez, de Codelco, en el mismo sentido dijo: “Sin televisión por cable va a suceder que aquellos que tienen Internet por cable no van a tener Internet”.
Por su parte, Miguel Julio Rodriguez Villafañe, autor de la primera demanda que llegó a la Corte en contra de la antigua Ley de Radiodifusión, reflexionó que “durante 29 años estuvimos marginados” y que recién con la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales “pudimos recuperar nuestra voz”, en referencia a su trabajo con medios comunitarios en la provincia de Córdoba. Citó casos concretos de Zapala, Neuquén, Cañuelas, Tres Arroyos, Córdoba en los cuales los medios comunitarios fueron atropellados por el grupo multimediático.
También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue parte de la audiencia con dos intervenciones. Por un lado el periodista Horacio Verbitsky rechazó la “escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años”. Por otro, el abogado y profesor de la UBA Damian Loreti expuso la argumentación técnica del organismo a favor de la ley y reivindicó que “principios y declaraciones del sistema interamericano de justicia establecen que los monopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia”.
Cinthia Ottaviano, de la Defensoría del Público, por su parte, afirmó: “Ya se acabó la etapa del empresario que bajaba la información, también la del periodista que media entre la realidad y la gente. Estamos en la etapa universalista donde somos ciudadanos comunicacionales”. “Si está ley aún no está vigente es sólo por las medidas cautelares que presentó el Grupo Clarín y que el Poder Judicial avaló”, agregó.
El último “amigo” de Clarín en intervenir en la audiencia fue Lucas Grossman, quien hizo referencia a la relación entre la calidad informativa y el tamaño de la empresa, y afirmó que “el tamaño es importante” y que “hay actividades que requieren mayor escala”.
Cerró la primera jornada la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “Se simplifica la realidad, se minimiza el poder del grupo empresario y desde esa posición de falsa debilidad se invoca la lesión al derecho a la expresión y así se desvía la atención del asunto principal”, indicó. Y expuso que la estrategia del Grupo Clarín es desviar los debates a través de dos “falacias”. La primera sería plantear el debate sobre la aplicación de la LSCA como una pelea del gobierno con una empresa: “se minimiza así el consenso social” y que “está en juego la libertad de información y expresión”. La segunda, presentar la regulación de medios como un avasallamiento a una empresa privada: “No es así: estamos en el ámbito del Derecho Público”.
El jueves 29 de agosto se llevará a cabo la segunda y última parte de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, donde intervendrán las partes directamente.