Por Tamara Perelmuter. Con la nueva composición del parlamento, ayer martes se consensuó el dictamen de la “ley de extranjerización de la tierra” en el plenario de las comisiones de Agricultura, Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
Esta semana debería tratarse en la sesión extraordinaria de diputados y el Frente Para la Victoria (FPV), autor del proyecto, está confiado de que obtendrá la media sanción necesaria.
El mencionado proyecto permite poner en agenda pública la discusión relativa a un modelo de producción agraria, que se ha venido profundizando desde hace unos treinta años, pero sobre todo desde la década del 90 con la incorporación y consolidación como cultivo hegemónico de la soja transgénica. Sin embargo, deja de lado discusiones fundamentales que hacen justamente, a la esencia de ese modelo.
La problemática de la concentración de la tierra es un tema crucial, pero no sólo por capitales extranjeros sino también por capitales nacionales, como testimonia el caso de Gustavo Grobocopatel, quien ironiza sobre sí mismo diciendo que es el primer empresario “sin tierra”.
Asimismo, no sólo debe discutirse el origen, extranjero o nacional, de quien la posee, sino que es relevante debatir el uso social de la tierra, es decir, para qué se utiliza y qué tipo de modelo agroalimentario estamos reproduciendo en el país. El proyecto hace alusión a la tierra como un recurso estratégico natural escaso y no renovable. Desde los albores de la agricultura, la tierra fue utilizada como un recurso renovable en el que ciclo tras ciclo hombres y mujeres extraían sus alimentos. Esto implica que la instancia de “renovabilidad” del suelo está vinculada con el uso que se hace de él y con el tipo de producción que se realiza.
Con la nueva versión salida de la discusión de las comisiones, el proyecto del gobierno nacional pone un tope máximo del 15% (antes era del 20) del territorio rural argentino en manos extranjeras y cada extranjero no podrá tener más de 1000 has a su nombre. Las estimaciones -porque no hay un catastro bien confeccionado- oscilan entre el 7 y el 10 por ciento. De esta manera, fijar un límite del 15% prácticamente convierte al proyecto en un proyecto de promoción.
Nada dice la Ley acerca del acaparamiento de tierras mediante el cual gobiernos importadores de alimentos comenzaron a comprar o arrendar grandes superficies de tierra en África, Asia y América Latina con el fin de producir alimentos. El caso local mas emblemático es el de las 240 mil hectáreas entregadas a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang a partir de un acuerdo firmado con la provincia de Río Negro, para el cultivo de soja, además de derechos de irrigación y la concesión del puerto atlántico de San Antonio.
Nada dice tampoco de los reclamos que vienen haciendo desde hace décadas las víctimas del modelo, como el freno a los desalojos que impulsan las organizaciones campesinas; la reglamentación y efectivo cumplimiento de la Ley de Bosques que impida los desmontes; y la prohibición de las fumigaciones en zonas pobladas.