Este jueves llega a Lima la Gran Marcha Nacional del Agua, una caravana de campesinos y comuneros peruanos que partieron desde Cajamarca. Entregarán una propuesta de ley que propone frenar el uso de materiales contaminantes en actividades de exploración minera.
Más de mil marchistas arriban a la capital peruana luego de marchar durante 9 días a través del territorio nacional. La protesta partió el 1° de febrero desde la región de Cajamarca, donde se encuentra paralizado el proyecto minero Conga gracias a las fuertes protestas de los habitantes del lugar. La movilización se inició con una ceremonia indígena en la zona de las lagunas que serían afectadas por el Conga.
La movilización, organizada por comunidades indígenas y campesinas, exige al gobierno de Ollanta Humala que preserve las fuentes de agua y se oponen a la minería en cabeceras de cuenca que dan origen a los ríos, porque al contaminarlas, devasta la agricultura y afecta el suministro de agua potable. Los movilizados denuncian que en las actividades extractivistas las aguas de los ríos, que abastecen de agua a las comunidades, son contaminadas con metales pesados, como el mercurio y el cianuro, que afectan la salud de las poblaciones.
Además denuncian que las empresas que realizan las actividades mineras, mayoritariamente de capitales extranjeros, usurpan y desalojan a los pueblos en territorios comunales altoandinos y amazónicos. Agregan que esto es posible gracias a acuerdos entre gobierno y empresarios extranjeros.
“Hemos venido desde las lagunas de Conga para decir que la voluntad del pueblo debe respetarse, para decir además que queremos un tipo de desarrollo que no dañe nuestros ríos y lagunas, que no desconozca los derechos de los pueblos”, manifestó el sacerdote cajamarquino Marco Arana, durante una de las paradas de la marcha.
Los manifestantes llevan consigo una propuesta de ley que además de proponer regular la exploración minera y detener el uso de materiales contaminantes, exige catalogar al agua como un derecho humano. Asimismo proponen ejecutar proyectos de plantas de tratamiento de aguas servidas para detener el deterioro del litoral, y exigir estándares de calidad ambiental a la logística de transporte de minerales que no solo contamina el agua, si no integralmente el medio donde se desarrolla la vida de las comunidades.
La movilización también reclama que entre en plena vigencia la Ley de Consulta, pendiente de reglamento, que obliga a realizar consultas con las comunidades antes de comenzar un proyecto extractivista.
¡Pequeños riachuelos hacen un rio grande y poderoso!, ¡Agua sí, oro no!, eran algunas de las consignas que acompañaron la larga marcha. Desde que partió la movilización, la columna se fue nutriendo de nuevos participantes. Las localidades por las que iban pasando los recibían con festejos regionales; música, comida y bailes a la par que intercambios sobre las diferentes luchas contra las mineras en la región. En muchos municipios las propias autoridades organizaban la bienvenida. Cuando la caravana dejaba cada localidad, lo hacía con un nuevo grupo de marchistas que se sumaban al camino hacia Lima.
Al llegar a la capital peruana tienen previsto participar del foro “Agua, Minería y Desarrollo en el Perú de hoy”. Esta actividad, que se inició el pasado miércoles, cuenta con la presencia de un grupo de especialistas y observadores internacionales, además de dirigentes de distintas organizaciones de base peruanas.
La Misión de Observadores Internacionales fue creada con el objetivo de realizar el seguimiento de la Gran Marcha Nacional del Agua, y realizar estudios sobre los conflictos que traen los proyectos mineros en el país andino. “Reconocer estos problemas y el dolor que causan, directa o indirectamente, sobre millones de personas, en el marco de una Crisis Global del Agua sin precedentes, es el primer paso para abrir los debates y diálogos que nos deben llevar a soluciones inclusivas, efectivas, justas y sustentables”, afirman los integrantes de la Misión.
Actualmente en Perú hay 148 conflictos abiertos referidos al agua, mayoritariamente entre comunidades indígenas y campesinas frente a compañías mineras, casi todas de capital extranjero, y 67 conflictos más se encuentran en estado latente. La región oriental de Puno es la zona con mayores enfrentamientos, seguida de Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. El 55% de éstos tienen que ver con actividades extractivas y pasivos ambientales. La amazonía peruana se encuentra concesionada en un 70% y más de 20 millones de hectáreas del territorio a las mineras.