Por Jonathan Gueler. Desde hace algunas semanas, los grandes grupos mediáticos nos bombardean constantemente con noticias de hechos delictivos, mayormente violentos, que se enmarcan en una (nueva) “ola de inseguridad”. ¿Cómo empezar a pensar la seguridad desde los sectores populares, por fuera de la agenda de los medios y la derecha?
Algunas cifran valen más que mil palabras
Esta situación que se presenta como de emergencia, tiene escasa relación con la realidad de las cifras de criminalidad de nuestro país. Lo que pasa en la calle y lo que surge a partir de la prensa va por carriles distintos. Al analizar las estadísticas, se echan por tierra algunas de las “verdades” que se construyen desde los medios hegemónicos.
Una de esas ideas que se fogonean incansablemente es que “si salís a la calle te matan”. Esta afirmación, además de amarillista, falta a la verdad.
Efectivamente Argentina es un país en el que se cometen muchos delitos. Según un estudio de FLACSO Chile y el BID, al año 2008 en nuestro país el 27,5% de la población dijo haber sido víctima de un delito en los últimos doce meses, es la cifra más alta de Latinoamérica. Pero al comparar ese valor con la tasa de homicidios dolosos en el mismo año, nos encontramos con que es la segunda más baja, solo por encima de Chile.
Entre 2000 y 2008, comparado con San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Montevideo, Buenos Aires tiene la percepción de inseguridad más alta. Sin embargo, es la urbe con menos homicidios dolosos de toda América, menos incluso que Nueva York.
Teniendo en cuenta entonces que un porcentaje elevado de la población fue víctima de un ilícito y que la tasa de homicidios dolosos es baja, corresponde preguntarse qué tipo de delitos se cometen.
Para responder a ese interrogante es preciso aclarar en primer lugar que estamos hablando siempre de un número reducido de delitos, ya que gran parte de las estadísticas surgen a partir de las denuncias realizadas, que representan una ínfima porción de los crímenes cometidos, y contempla sólo los de determinado tipo. Por ejemplo, los llamados delitos “de cuello blanco” cometidos por empresarios y banqueros, en la enorme mayoría de los casos se consuman sin que exista denuncia o investigación alguna.
Hecha esa salvedad, y retomando la cuestión planteada, según el criminólogo Hernán Olaeta, aproximadamente el 70% de los hechos delictuosos que se registran corresponden a delitos contra la propiedad, más que nada básicamente robos y hurtos. Completan ese porcentaje las lesiones dolosas y culposas y la infracción a la ley de drogas.
Podríamos concluir entonces que una aseveración más acorde a la realidad que la que plantean los medios de que “si salís a la calle te matan”, sería que “si salís a la calle hay una probabilidad considerable de que te roben el celular, o que te detengan por fumar un porro”.
Poco sustento real tiene también el mito de que “entran por una puerta y salen por la otra”. Esta declaración viene muchas veces acompañada con críticas hacia jueces que por ser “extremadamente garantistas”, desprotegen a la población dejando en libertad a los delincuentes.
Lejos se está de esa situación, un 60% de quienes se encuentran privados de su libertad (52 mil personas actualmente) no tienen condena firme. El instituto de la prisión preventiva, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por chocar con el principio de inocencia, también consagrado en nuestra Carta Magna, se convirtió hoy en la regla pese a que tendría que ser aplicado excepcionalmente: ante la duda, se encarcela. Cuesta entender entonces a quienes achacan los problemas de inseguridad al “exceso de garantismo”, que no existe.
Tal como sostenía Theodor Adorno, la televisión no reproduce realidad, ni siquiera la recorta, sino que directamente la crea.
Las soluciones al problema de la inseguridad: ¿de derecha o de izquierda?
La seguridad ha sido siempre un eje complicado de abordar para la izquierda. Frente a esa situación, se tomaron dos posturas igualmente criticables.
En muchas oportunidades se ha preferido no opinar sobre el tema, por considerarlo “de derecha”, o ajeno a los intereses populares. Esta visión se enfrenta a dos problemas. Por un lado, cuando uno ignora un asunto, lo que por omisión está impulsando es que sean otros quienes sí se ocupen. El resultado de esto es que la única respuesta a la problemática es la impuesta por los sectores más retrógrados, para quienes la solución es siempre represión y mano dura.
A la vez, es preciso complejizar la idea de que sea una preocupación de los sectores medios y altos. Así como las agencias policiales y judiciales “eligen” a sus víctimas, algo similar ocurre con respecto a las víctimas de la inseguridad.
Al desarrollar la idea de selección victimizante, el juez de la Corte Suprema, Zaffaroni analiza la mayor vulnerabilidad de las clases subalternas. Entre las causas que explican este fenómeno, está el proceso de privatización de la seguridad: sólo aquellos que cuenten con los recursos necesarios pueden acceder a este servicio. Además, las fuerzas de seguridad estatales concentran su actividad en las zonas de mayor poder adquisitivo, por la capacidad de acceso a los medios de comunicación masivos que tienen los sectores que allí residen. De esa manera se constituyen zonas liberadas dejando a los sectores de más bajos recursos a merced de narcos y verdaderas empresas de crimen organizado.
La otra posición que se sostiene desde sectores del campo popular es la quizás más “pura” de pedir directamente la disolución de las fuerzas de seguridad. Esta propuesta, si bien puede redundar en la tranquilidad de la conciencia de algunos sectores, bloquea la posibilidad de construir cualquier tipo de diálogo con la sociedad, y lo más importante, con los sectores populares, que son quienes más sufren de la inseguridad. Como bien dice Esteban Rodríguez, “todo se carga a cuenta de la revolución”, anulando la discusión hasta ese entonces.
Incluso esa idea es cuestionable desde el punto de vista teórico. En una sociedad sin clases sería válido sostener que el Estado, y por lo tanto también su fuerza de represión deba desaparecer. Pero lejos parecemos estar de esa realidad, por lo que plantear alegremente la disolución de las fuerzas de seguridad equivaldría a negar la propia lucha de clases. El que un estado burgués desbarate su propia policía significa su fin, lo que equivaldría a que se dicte la revolución por decreto presidencial.
¿Qué hacer?
El nudo de esta cuestión pasa por la pregunta que tantos se hicieron a lo largo de la historia y que hoy en día todos pretenden responder en lo que hace a la seguridad: ¿qué hacer?
Desde este lugar no se tienen aspiraciones tan grandes como pretender dar respuesta a ese interrogante, pero sí hacer un aporte para construir una alternativa. Esta debe ser superadora obviamente de la que propone la derecha política-mediática, pero también de las actuales propuestas de la izquierda. Tal como sostiene Marcelo Saín, “el delito es otra expresión de la conflictividad social en un lugar y momento histórico determinado” y de esa manera hay que analizarlo.
Mirando hacia otros países de nuestra región, se destaca el caso de Venezuela. La Revolución Bolivariana creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, dirigida por una activista por los Derechos Humanos que trabajó por décadas con familiares de víctimas de abuso policial. La participación de movimientos sociales en la formación y control de las fuerzas policiales constituye una interesante experiencia de una mirada popular sobre esta temática.
Sin dudas es largo y plagado de incertidumbre el camino que debe recorrerse para producir una transformación en materia de seguridad. Lo que es seguro, es que el primer paso debe ser que los propios sectores populares asuman como propia su responsabilidad en este proceso.