Se presentó ayer, en el auditorio de UTE, el cuarto informe anual sobre la violación de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos. La voz de Demian Konfino, uno de sus integrantes, sobre los puntos más relevantes.
El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) se define a sí mismo como “un organismo no gubernamental creado para la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”. Su surgimiento, dicen, es en respuesta a una situación particular que se vive en esta ciudad en materia de derechos humanos y que su objetivo “no es el de hacer un alegato político o jurídico en contra de un gobierno elegido por una gran mayoría, sino denunciar una situación alarmante”.
En una entrevista que realizó el matutino Con el Pie Izquierdo (Radio Sur), Demian Konfino, uno de los integrantes del ODH, hizo un breve análisis de los puntos centrales de este informe anual que presentaron ayer en una actividad.
– ¿Cuáles son los puntos principales del informe?
Desde el ODH trabajamos los temas de vivienda, salud, educación, espacio público, trabajo y memoria. En base a lo que prescribe la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es bastante amplia en cuestión de derechos, verificamos en qué medida, las políticas, tanto por la positiva como por la negativa que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) encaró, se aplicaron e influyeron en los derechos humanos de los habitantes de la ciudad.
– Uno de los ejes principales es el de espacio público, ¿qué pudieron observar en este tema?
Analizamos todo lo que fue patotas contra personas en situación de calle, lo que llamamos una nueva UCEP, hicimos algunas presentaciones judiciales. También trabajamos todo lo que fue la discusión en la causa UCEP de Macri, que en su momento lo habían sobreseído, pero la cámara atinadamente revocó ese sobreseimiento, porque pesan muchas pruebas sobre el jefe de gobierno respecto a esas patotas que andaban por la calles de buenos aires acechando a las personas en situación de calle.
– Según la organización Médicos del Mundo existen alrededor de 16 mil personas en situación de calle en la Ciudad, pero el gobierno porteño dice que son sólo mil, ¿Tienen alguna elaboración propia al respecto? ¿Cómo ven la problemática de la vivienda en la Ciudad?
El último dato que tenemos es de la Comisión de Vivienda de la Legislatura del año pasado, de este año no se hizo informe porque ahora está presidida por el macrismo. Al 2011 todavía la presidia la legisladora Rocío Sánchez Andía, y esos datos hablan de un déficit habitacional para 150 mil personas en la CABA, incluyendo a personas en situación de calle, inquilinatos, y personas que viven en las villas. En paralelo hay alrededor de 340 mil inmuebles ociosos, es decir vacíos. Hay un déficit para 150 mil personas, pero hay el doble de casas para sostener el derecho humano a la vivienda. Como siempre recordamos en el ODH, no es una opción ideológica de la fuerza política que gobierne la ciudad cumplir o no con la Constitución.
Hay violación a la constitución y a las leyes. El IVC es una cáscara vacía, prácticamente no ha hecho viviendas en estos cuatro años que nosotros venimos haciendo los informes anuales. Es muy poca la vivienda social construida. Hay fallos judiciales que hablan, por ejemplo, de soluciones habitacionales para el Camino de Sirga (Villa 26 y asentamientos que están cercanos al Riachuelo) y no se ha hecho prácticamente nada. Lo mismo con la Villa 31 que tiene una ley de urbanización desde el año 2009 y solamente se avanza con obras paliativas pero que no tiene en cuenta cual va a ser el plan de urbanización. Este año, a pesar de que ya había mayoría para votar la reglamentación de esa urbanización en la legislatura, el macrismo, al tener la presidencia de la comisión de vivienda, lo cajoneó. Vivienda es una de las cosas más traumáticas. Es impactante la inacción en esta materia, y en todo.
– Decís “inacción”, pero más bien hubo acción en sentido opuesto al de garantizar los derechos, por ejemplo, respecto al tema vivienda, aumentaron los desalojos…
Se ha incrementado la política de desalojos, se promueve el negocio inmobiliario, los barrios de lujo en la ex ciudad deportiva de La Boca, pero no se contempla la urbanización de la Rodrigo Bueno. Todas las áreas de gestión del gobierno de la ciudad poseen un sesgo excluyente.
Si hablamos de educación hablamos de que aumenta el presupuesto para subsidios a la educación privada, pero baja el 52 por ciento en la partida presupuestaria del 2013 para infraestructura educativa. Lo mismo si hablamos de salud, cómo hace un año y medio se incendió un pabellón del hospital Álvarez, y hasta el día de hoy no se habilitó nuevamente y se tienen que achicar el resto de los pabellones. O el cierre de la terapia intensiva del Hospital Durand. Es excluyente en cada una de las áreas.
– ¿Qué los motiva a hacer estos informes? Luego de identificar las problemáticas, ¿Qué hacen después con los datos obtenidos?
Lo marcamos en las conclusiones. No es nuestra intención hacer una especie de manifiesto catártico, poner todo lo mal que está y que nos pongamos a llorar todos. Nosotros amamos nuestra ciudad, militamos en nuestra ciudad. Somos militantes de organismos de derechos humanos, venimos de diferentes tradiciones políticas, y desde el año 2008 nos juntamos, cuando vimos que el primer año de gobierno de Macri era restrictivo respecto al cumplimiento de la Constitución. Nuestro objetivo es luchar para la ampliación de derechos y en defensa de los derechos humanos. Y no es solamente hacer informes. Decimos siempre que no hay que ser abogado para luchar por los derechos humanos. En las calles, haciendo reclamos administrativos, judiciales. En el informe damos cuenta de todas las acciones que hemos hecho para tratar de que no se sigan vulnerando. En todo este tiempo hemos logrado por acciones de nuestra organización, por ejemplo, que la Policía Metropolitana no lleve en la cintura las picanas Tasser que ya estaban en su momento dispuestas para que las utilicen en movilizaciones. También hemos impedido que se utilicen cámaras dentro de las escuelas porque eso violaba la intimidad de niños y docentes. O el tema de la UCEP que junto con otras organizaciones hemos logrado desbaratar a esa patota que rondaba las noches de la ciudad. O cuando se quiso imponer a Fino Palacios, que hubo una multisectorial, o al ideólogo de la dictadura Abel Posse.
– ¿Cómo ven la articulación entre los derechos formales y los reclamos de los sectores populares organizados?
La sociedad, articulándose en fuerzas políticas, de estudiantes, de género, de respeto a las minorías, avanza en la organización. Y eso hace que la sociedad civil esté atenta. Lo vimos con el caso de la Rodrigo Bueno, recientemente. Ya estaba listo para salir el proyecto de IRSA y los vecinos se movilizaron, junto con otros barrios, para impedir que eso suceda, al día de hoy está trabado, incluso si al día de hoy llegara a salir, ya se está hablando de que adentro del proyecto habría un articulado que específicamente habla de la urbanización de la 31 cuando antes no existía. Es decir, la movilización, los reclamos, incluso también si fuera necesario judicializarlos, son fructíferos y esperanzadores desde lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos de la ciudad. Más allá de que no nos reciban, o que no nos den bola con el informe, no esperamos eso. Sino que nosotros apuntamos a construir desde la ciudadanía las soluciones que el poder ejecutivo no nos da, a pesar de haber sido elegido mayoritariamente. Eso no le da aval para violar la constitución. La constitución tiene que ser respetada por cualquier fuerza política que gobierne la ciudad. Dentro de la constitución, todo. Fuera de la constitución, nada.
Para leer el informe completo http://odhbsas.wordpress.com/