Por Andrea Rossetti – @azrossettiz desde Tandil / Fotos por Bernarda Ballesteros
Las violencias sobre el cuerpo de M. trascendieron sin hacer caso alguno a las recomendaciones para estas historias. Esta adolescente de clase popular fue atropellada en Tandil y desde ese momento fue noticia, aunque la exposición había comenzado mucho antes. En este contexto es indispensable garantizar su derecho a “ser oída”.
Los rostros en la marcha del pasado martes desnudaban bronca, por momentos ira. Y un viejo cúmulo de milenarias injusticias marcadas en la piel. Parte de la familia de la niña, amigos/as, diversas organizaciones, se juntaron frente a la fiscalía de la calle Uriburu en Tandil, para marcarle la cancha al poder judicial. Aunque llama la atención, según algunos, porque recién comienza la instrucción, a cargo del fiscal Morey, debería ser un sano ejercicio éste de expresarles a los agentes de esta pata pesada de la república, que estamos controlando su función, su trabajo. Sospechando. Cuestionando. Ejerciendo nuestro poder ciudadano.
El primer acuerdo al que deberíamos arribar como comunidad, para comenzar a reparar algo del daño, es que hay una víctima, y esa víctima es una niña.
Las líneas investigativas pueden ser diversas, pero conforme a lo que establece el Código Penal, en el artículo 119 del capítulo titulado “Delitos contra la integridad sexual”: será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
Aumenta la pena, de cuatro a diez años, si el abuso por su duración o circunstancias, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. O de seis a quince cuando hubiere acceso carnal por cualquier vía.
Pero además el artículo 125 va más allá y termina de clarificar cualquier duda. Sostiene: “El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda”.
Ateniéndonos a las definiciones descriptas, hubo abuso. La gravedad es lo que tiene que determinar la justicia. Además, un accidente que lo develó y dejó al desnudo la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia en fiestas de estas características que se suceden todos los fines de semana. De hecho la irrupción de este caso se enmarca en una serie de delitos sexuales que se venían registrando en Tandil, muchos de ellos sin denuncia.
En este contexto se hace necesario, indispensable, garantizar el derecho de la víctima a “ser oída”, conforme a los artículos 3, 24 y 28 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que protege el “interés superior de la niña”, la considera “sujeto de derecho” y garantiza su derecho a “ser oída”, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, y a no ser discriminada por ninguna razón.
Esto ocurrirá cuando el estado de salud de la niña evolucione favorablemente, y conforme a lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación: que las y los menores de 16 años víctimas de delitos contra la integridad sexual no pueden ser interrogados en ninguna instancia judicial y policial en forma directa y sólo deben serlo por especialistas y con Cámara Gesell.
La sucesión de hechos y las voces disidentes
El choque fue el domingo 5 de junio a las 7.10, en el kilómetro 169 de la RN 226. Un Mercedes Benz Sprinter, que circulaba en sentido Azul-Tandil, golpeó con su espejo derecho la nuca de M., de 13 años, que caminaba por la banquina, cerca de la cinta asfáltica, junto a Juan Enrique Cisneros, de 26 años, que la acompañaba a su domicilio.
El chofer del vehículo, repartidor de diarios, siente el golpe, frena, da la vuelta y alumbra. Otro testigo escucha el golpe. Y rápidamente llaman a la policía y a la ambulancia.
La denuncia sobre el hecho, que inició la investigación acerca de lo ocurrido, fue presentada por los médicos del sistema de salud pública tandilense, que atendieron a la niña de 13 años tras el accidente. M. ingresó inconsciente a uno de los hospitales locales como consecuencia del choque, sin embargo los médicos descubrieron lesiones compatibles con un abuso sexual. Intervino la Comisaría de la Mujer.
Familiares denunciaron a través de los medios que la niña había sido abusada y cuestionaron el desempeño del fiscal Gustavo Morey a cargo de la investigación, que, hasta el momento y en esta instancia, está orientada a que la niña tuvo relaciones no forzadas con un joven de 20 años, en una de las habitaciones de la casaquinta. Testimonios relevados abonan esa hipótesis.
La niña fue trasladada al hospital Materno Infantil de Mar del Plata y quien asume la representación de la niña, el abogado Maximiliano Orsini, indicó que al despertarse del estado comatoso expresó que “la violaron todos y que no quiere vivir más”. Más adelante se refirió a una “historia clínica que es contundente” y denunció protección judicial a los presuntos responsables del hecho. Por su parte, el jefe de prensa del hospital marplatense, Alberto Pellegrini, respondió que “eso no figura en la historia clínica y ni siquiera en el parte de enfermería” si bien no entró en polémica con el letrado.
Su voz sigue ausente
Esa voz –su voz–, que estuvo ausente hasta ahora, es primordial para poder arrojar claridad en un panorama de confusión generalizada que incluye desde la re victimización de la niña por parte de quien se asume como abogado defensor de la familia, -da detalles morbosos innecesarios de las características del hecho-, pasando por el armado de diversos shows sensacionalistas mediáticos, que lejos están de una cobertura respetuosa de los derechos de la niña, ni de la rigurosidad necesaria en estos casos, hasta la emisión de comentarios prejuiciosos y violentos de cuanto foreuta anda dando vueltas por medios digitales y redes sociales, alimentando todos los estereotipos vinculados a una víctima en contexto de vulnerabilidad.
Una de las mayores falencias, que queda al descubierto en este caso, es que la falta de informes oficiales del Poder Judicial, con la debida reserva de la información procesal pero con datos precisos de la investigación, qué pericias se hicieron, qué versiones se recabaron, abona múltiples interpretaciones falaces. De esta forma sabríamos que efectivamente en el expediente hay testimonios de familiares de la niña, aunque esto sea desmentido por otros familiares. Que sí hubo profesionales responsables de la salud que cumplieron con su responsabilidad oportunamente. La falta de acceso a la información queda al desnudo una vez más, como detonante de usinas de especulaciones innecesarias.
La recomendación para estos casos, de no difundir información que permita identificar a la víctima, directa o indirectamente, fue violada sistemáticamente desde el primer momento, provocando mayor vulnerabilidad a la niña que tendrá que volver a sus espacios de pertenencia cotidianos, con más peso en su mochila del que ya viene acumulando.
La niña sigue evolucionando en el hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Uno de los últimos informes, firmado por la doctora Teresa Scibilia detalla que el diagnóstico al ingreso de la paciente al nosocomio fue “Politraumatismo con trauma encéfalo craneano, con daño axonal difuso y sospecha de abuso sexual”. Por su parte, el abogado defensor de la familia, Maximiliano Orsini indicó: “Nosotros vamos a sostener que la menor fue violada”.
Su cuerpo se recupera de lo sucedido no hace mucho, la madrugada del domingo cinco de junio en una quinta cercana a la ruta 226, donde convivían adultos y niños/as, adolescentes, cuyos testimonios están comenzando a engrosar el expediente. Pero nos falta “su” voz. La voz de la niña. La estamos esperando.