Por Ignacio Marchini / @ignaciomarchini
Mediante una metodología que se volvió habitual en la gestión macrista, no les renovaron el contrato a 122 trabajadores y trabajadoras del Hospital Nacional Posadas. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa) denuncian, además, el carácter revanchista y persecutorio de las cesantías.
La dirección del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” decidió no renovar 122 contratos, entre los cuales se encontraba el de Karina Almirón, la única profesional que sabe realizar un estudio que permite detectar el tratamiento para el cáncer que tiene que llevar a cabo cada paciente. Otro de los casos resonantes fue el de Luis Sucher, trabajador del área de diálisis e integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas. Ambos estuvieron a la cabeza de la batalla de enfermería en los últimos 6 meses, a partir de una decisión unilateral de la dirección del Hospital de aumentar la carga horaria a 12 horas. Además de conducir esta lucha, tanto Sucher como Almirón integraron las listas de oposición a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Lejos de tratarse de una excepción, Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), asevera que estos casos fueron sólo dos de varios que son parte de un plan por parte de la dirección del hospital, en connivencia con las conducciones de ATE y UPCN, para despedir compañeros y compañeras con una larga trayectoria combativa. “Tenemos constancia de que en la confección de los listados habría intervenido la conducción de ATE y la conducción de UPCN local. Y tenemos constancia de prácticas de tipo extorsivo hacia nuestros delegados, donde se les ofrecía a cambio de declarar públicamente que nunca se habían presentado a las elecciones de delegados de la CICOP, y de la renuncia a la CICOP, su exclusión de las listas de despidos”.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), regional provincial de la FeSProSa, detenta la personería gremial al contar con la mayoría de la representación sindical en el nosocomio, con cerca de 900 afiliados. Pese a esto, y a que entre ATE y UPCN juntos llegan como mucho a los 100 afiliados, estos últimos son los que participan de la Comisión Permanente de Interpretación de la Carrera Profesional Sanitaria (COPICPROSA). Algo no menor, ya que esta comisión determina, con el acuerdo de los sindicatos de los cuales se encuentra excluido CICOP, los cambios de horario y los cambios de categoría de los y las trabajadoras, entre otras cosas.
“Este acuerdo de prolongación de la carga horaria de enfermería fue firmado por ATE y UPCN, en el marco de la COPICPROSA, sin llamar a asamblea ni consultar a los afiliados. La jueza Martina Forns, cuando declara inconstitucional e ilegal este cambio, lo hace diciendo que ATE y UPCN violaron la ley 23.551, que los obliga a la consulta de los afiliados para cualquier reforma que pueda perjudicarlos. Esto está en el fallo. Es decir, no es solamente una opinión personal o política”, agregó Yabkowski en relación a estos gremios a los cuales acusa de estar “en connivencia con la dirección del hospital, vinculada a lo peor del macrismo, a los servicios de inteligencia”.
Ante el fallo favorable para las y los trabajadores, las autoridades del hospital lo apelaron y se rehúsan a pagar los sueldos completos del área de enfermería. “Están pagando el 30% del salario a los enfermeros en conflicto, que están en una situación económica verdaderamente angustiante porque hace 6 meses que cobran un tercio de lo que ganan”, denunció el presidente de la FeSProSa. Si bien el foco del conflicto era en esa área en un principio, entre los despedidos se encuentran empleados y empleadas de otras categorías, como personal profesional y administrativo.
Particularmente perverso resulta la metodología de los despidos, ya que aquellos y aquellas que se quedan sin trabajo no reciben ninguna notificación oficial, sino que deben deducirlo “por descarte”. En la lista que se presentó, mediante mail y whatsapp, figuraban quienes sí continuaban, por lo que quienes no estuvieran debían darse por despedidos.
A partir de esta situación, en el día de ayer los delegados de la CICOP se reunieron con las autoridades del hospital para exigir la suspensión de las cesantías. No hubo ningún avance en la negociación, además de tener que llevar adelante la reunión con una fuerte presencia de la Gendarmería en el hospital. Una política intimidatoria que se suma a las persecuciones policiales de las asambleas de las y los trabajadores de la salud.
Frente a la nula respuesta por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conducen Adolfo Rubinstein y Jorge Triaca respectivamente, los trabajadores y trabajadoras del hospital nucleados en la CICOP se declararon en estado de alerta y movilización y comenzaron una campaña de denuncia en los medios. El viernes a las 9 se realizará una asamblea convocada por la CICOP en el Hospital, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Por su parte, Yabkowski informó que la FeSProSa “está organizando la solidaridad nacional con los compañeros del Posadas, estamos difundiendo el conflicto en todo el país. Además radicamos la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en septiembre, la ampliamos cuando estuvimos en Ginebra en el Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en diciembre y ahora que viajamos a la Reunión Mundial de Salud de la ISP en Ginebra, que se va a hacer en el Ministerio de Trabajo, pediremos una nueva entrevista para ampliar la denuncia contra el Estado nacional por despidos indiscriminados y violación de la libertad sindical”.