Por Leandro Navarro. Qué dejó el debate sobre la democratización de la Justicia. Los límites y avances de los proyectos de reforma encabezados por el kirchnerismo. Los actores políticos y las problemáticas ausentes.
Al momento de publicar esta nota, el kirchnerismo se prestaba a aprobar en la Cámara baja los proyectos que se engloban bajo la llamada “reforma de la Justicia”, que la semana pasada ya habían recibido media sanción en la Cámara de Senadores. Entre ellos se encuentran el proyecto para limitar las medidas cautelares y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, que se convertirían en ley; junto al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, cuya modificación sufrida el día martes en su tratamiento en comisión, obligará su retorno a la Cámara de Senadores.
Sin embargo, nuestro objetivo en esta nota no será discutir los pormenores del debate en el recinto de Diputados, ni su tratamiento en comisión, ambos marcados profundamente por la incapacidad de la oposición de plantear un debate que supere la superficialidad y los lugares comunes, sino que buscaremos ahondar en lo que deja este debate abierto acerca de la democratización de la Justicia, sus limites y avances.
Justicia y política, un vínculo solapado
Uno de los efectos más visibles que sin lugar a dudas va a dejar el debate sucedido acerca de la reforma de la Justicia, es que obligó al conjunto de los sectores políticos, al igual que a los grandes medios de comunicación, e incluso a vastos sectores de la sociedad, a posicionarse en torno al propio proyecto. Obligó invariablemente a tomar partido y permitió dar cuenta de quien es quien en el debate y qué intereses se pretenden defender bajo determinado discurso.
La reforma judicial no “partidiza” a la Justicia como le gusta declamar constantemente a la oposición, en lo que se ha convertido en uno de sus caballitos de batalla favoritos, sino justamente todo lo contrario. Hace explícita y pone de relieve la relación que existió siempre, como no puede ser de otra manera, entre Justicia y política. Pone en la mesa del debate que lo judicial y lo político no pertenecen de ninguna forma a dos esferas escindidas, con la primera en el terreno de lo aséptico e “incontaminado” oponiéndose a lo que representaría la esfera política. En este sentido, la implementación de la votación de los jueces por voto popular, al igual que otros cargos políticos representativos, termina por mostrar esta realidad. Ayuda a deconstruir la imagen de la Justicia como instancia independiente de la vida social y política.
El accionar del kirchnerismo en este sentido, como ya sucediera con la ley de medios y con el matrimonio igualitario, politiza a la sociedad, contribuye a construir una realidad atravesada por los grandes debates de ideas y proyectos. Esto independientemente del alcance de los mismos, que no debe dejar de ser cuestionado.
Por fuera de esto quedan las supuestas “intenciones” que llevan a plantear tal o cual proyecto. Los mismos deben ser considerados por sus alcances, rupturas y continuidades, por las condiciones de posibilidad que crean u obturan, más que por supuestos objetivos nunca explicitados.
De actores y debates ausentes
Los debates y propuestas acerca del proyecto de reforma judicial, tuvieron su correlato por fuera del tratamiento parlamentario, en el espacio conocido como “Justicia legítima”. En el mismo participaron principalmente intelectuales y personas vinculadas al mundo científico y académico. Sin embargo no tuvieron ningún rol en el desarrollo del debate los movimientos sociales, ni el campo popular en general. No se trata con esto de abonar el coro de voces que desde la derecha junto con los monopolios mediáticos tildaron la reforma de “express”, sino que la imposibilidad de abrir el debate al conjunto de la sociedad, a aquellos movimientos que ensayan con su accionar formas otras de justicia, limita indudablemente los alcances del proyecto. La cuestión no es de forma sino de contenido: sin participación popular, sin el debate de las grandes masas, la Justicia seguirá siendo materia de “profesionales”.
Una democratización a mitad de camino
El proyecto por una reforma profunda del Poder Judicial, por una justicia genuina para el pueblo, debe poner en el foco del debate una serie de elementos que hasta el momento no se hicieron presentes.
Con los proyectos de reforma que van camino a convertirse en ley no se modifica, por ejemplo, la relación desigual que existe en torno al acceso a la Justicia. Dichas condiciones de accesibilidad seguirán estando lejanas para el conjunto del pueblo que no tiene los recursos necesarios, en tiempo y en dinero, y que tampoco puede oponer sus defensores legales a los grandes estudios jurídicos que defienden a los sectores más concentrados. Esto se puede ver en la creación de nuevas Cámaras de Casación, que demorarán aun más la resolución de los juicios, aumentado el costo de los mismos en términos económicos.
La cuestión de la accesibilidad aparece vinculada a la participación popular en la producción y administración de Justicia. Es decir, a la inclusión de otras voces y otras miradas que no provienen del discurso jurídico, provenientes de espacios tales como sindicatos u organizaciones populares, que permitirían actuar de contrapeso y limite al carácter clasista de la Justicia y su relación con los intereses del poder económico y político.
Estos son algunos de los elementos que no estuvieron presentes en el debate parlamentario y que es necesario considerar en el camino de la construcción de una Justicia vinculada verdaderamente a los intereses de los sectores populares y cuyo punto de inicio debe ser desmontar el discurso jurídico, mostrando su carácter local, es decir política e históricamente situado.