Por Luciana Sol González. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer un nuevo informe sobre el accionar de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires en operativos realizados entre 2010 y 2013. Los datos obtenidos dejan al descubierto una matriz de acción signada por la represión, el gatillo fácil y los abusos de poder.
El documento analiza el accionar de la Policía Metropolitana en diversos operativos (Parque Indoameriano en 2010, Puente Illia/Villa 31 en 2012, Parque Centenario, Sala Alberdi y Hospital Borda en 2013). A su vez se analizan casos de gatillo fácil protagonizados por agentes de la fuerza. Si bien cada uno de los hechos detallados en el informe posee características particulares, el accionar de los agentes de la Policía Metropolitana parece responder a un denominador común.
Utilización irracional de la fuerza
Según el CELS, en todos los casos analizados se comprobó judicialmente el uso de balas de plomo por parte de personal de la Policía Metropolitana dejando como saldo decenas de heridos y provocando la muerte de Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña en la represión del Parque Indoamericano. Además el informe sostiene que el accionar de los agentes incumplió totalmente los principios de razonabilidad y proporcionalidad del uso de la fuerza que surgen de los artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Pública de la CABA.
Los efectivos realizaron disparos indiscriminadamente, muchos de ellos a pocos centímetros del cuerpo de las víctimas protagonizando situaciones de represión generalizada. Además en los operativos participaron móviles y personal sin ningún tipo de identificación realizando detenciones arbitrarias y allanamientos sin órdenes judiciales.
Ataques a la prensa
Se produjeron reiteradas agresiones a periodistas que intentaban retratar el accionar de la Policía Metropolitana en los operativos mencionados. Las evidencias y testimonios indican que estas agresiones no fueron accidentales, sino que buscaban impedir especialmente la difusión de imágenes del comportamiento de los agentes. Sólo en los tres desalojos violentos de 2013 tres trabajadores de prensa fueron heridos con balas de plomo, al menos 20 resultaron lesionados y dos fueron detenidos.
Protección institucional
Los 49 policías imputados penalmente por los hechos del Parque Indoamericano son defendidos por abogados que asentaron su domicilio en el mismo Ministerio de Justicia y Seguridad demostrando que el propio Poder Ejecutivo porteño brinda una cobertura jurídica e institucional a los efectivos sospechados. Además las Auditoría Externa de la Policía Metropolitana negó sistemáticamente la apertura de expedientes administrativos aún en los casos en los cuales los abusos cometidos fueron comprobados en las causas judiciales.
Gatillo fácil
Según el informe desde la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana en 2009 se han producido casos de gatillo fácil, abusos durante allanamientos y desalojos en zonas pobres, así como diferentes formas de violencia en el espacio público que han tenido como blanco a artesanos y manteros. Entre 2009 y 2013 fueron procesados por casos de gatillo fácil los agentes de la Policía Metropolitana Juan José Lisondo, David Alejandro Barrios y Enzo Fabián Álvarez.
Policías imputados al mando de operativos
Doce efectivos imputados en la causa en la que se investigan los hechos del Parque Indoamericano tuvieron participación activa en los hechos represivos registrados durante 2012 y 2013. El inspector Diego Castillo, los oficiales mayores Hernán Giulidori y Gabriel Canavide y el comisionado Osvaldo Oscar Masulli participaron también en la represión en el Hospital Borda y en Sala Alberdi. Por su parte, el comisionado mayor Ricardo Ferrón y los oficiales mayores José Francisco Reynoso y Sergio Villagra estuvieron presentes en la represión en del Borda. Ferrón, Castillo, Canavide y Giulidori intervinieron también en los hechos de la Villa 31/Autopista Illia, junto al oficial mayor Rodolfo Magrassi y los oficiales Osvaldo Viollaz y Hernán Fantin. A pesar de su accionar y de la imputación en la causa penal, los efectivos continúan en sus cargos.
El poder de policía
La sumatoria de acciones represivas por parte de la Policía Metropolitana deja al desnudo que la presentación de la fuerza como de proximidad y de prevención no fue más que una mera estrategia publicitaria. La flamante policía de la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una fuerza de choque temeraria, sin ningún tipo de límite ni control, comandada en gran parte por ex agentes de la Policía Federal Argentina, la Policía Bonaerense y las Fuerzas Armadas expulsados en muchos casos de sus cargos anteriores por diferentes abusos de autoridad.
La responsabilidad del Gobierno de la Ciudad frente a ésta situación es evidente. Sumado a los datos arrojados por el informe del CELS, vale recordar que en 2009 Mauricio Macri vetó la Ley de creación de un Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, organismo que garantizaba un mínimo control externo de la fuerza. Tampoco debemos olvidarnos que la Ley 2.894 que permitió la creación de la fuerza el 28 de octubre de 2008 contó con el apoyo de legisladores pertenecientes al bloque kirchnerista y al socialismo.
Ésta situación demuestra una vez más el riesgo de tomar el atajo de la “salida policial” frente a los reclamos por “más seguridad”. El poder de policía como forma de racionalidad trasciende la institución policial pero, al mismo tiempo, se encarna en ella, en sus prácticas cotidianas y reglamentos, en su ideología. Si a ello le sumamos la complicidad por parte de quienes debieran ejercer un control sobre la misma el resultado puede ser altamente nocivo. Resulta fundamental evitar la naturalización de ese poder e incentivar las preguntas permanentes sobre la legitimidad del mismo, al que nos sometemos cotidianamente.