Por Agustin Bontempo. Las multinacionales y los fondos buitres locales descargan sus pérdidas gananciales sobre los trabajadores. Un revival de una época que vació a la clase trabajadora para beneficiar a los empresarios. Hoy, ¿cómo reacciona el Estado?
Desde hace varias semanas se vienen acentuando los conflictos laborales que pusieron a la vista de todos cuál es la verdadera crisis financiera y quienes son los principales perjudicados (claro está, no hablamos ni del pago a los holdouts ni de los empresarios que actúan en nuestro país).
Lear y Donnelley son los principales protagonistas en los medios masivos, sin embargo solo fueron la cara visible de una situación mucho más compleja. En este contexto, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se transforma en el referente más rentable del kirchnerismo y pone a todo su equipo represivo a trabajar por la “seguridad”, sea reprimiendo trabajadores o promoviendo expulsiones compulsivas de extranjeros latinoamericanos.
Cuando analizamos esta situación nos preguntamos de qué manera está actuando el gobierno nacional. Tal como advertíamos, varias empresas multinacionales vienen perdiendo niveles de rentabilidad (que no es lo mismo que tener pérdidas) y estas bajas son depositadas directamente sobre las espaldas de los trabajadores. Despidos, suspensiones y cierres, por mencionar sólo los casos más recientes. Las razones de este deterioro de la burguesía local e internacional pueden ser varias: inestabilidad del dólar, inflación y como consecuencia perdida de la capacidad de consumo, entre otras. Sin embargo, mientras que los esfuerzos del gobierno nacional están principalmente orientados a garantizar un escenario cómodo para los empresarios, la cancha se sigue embarrando y las soluciones de fondo empiezan a perderse para la clase trabajadora.
En este panorama, las fuerzas represivas desalojaron de la Panamericana en reiteradas oportunidades a los trabajadores de la autopartista Lear reclamando por la reincorporación de los despedidos, alcanzando el pico de raiting con el “gendarme carancho” -famoso por tirarse arriba del auto de un manifestante, fingir un supuesto choque y detener violentamente al conductor-. En la misma línea, la burocracia sindical del SMATA que responde al oficialismo, atropelló a los delegados combativos intentando deslegitimar la lucha. Por otro lado, el Estado y los medios de comunicación oficialistas, se ocuparon de ensuciar el reclamo y de culpar a los partidos de izquierda que estaban atrás del conflicto y responsabilizaron a los trabajadores de las decisiones que tomó la empresa. Como por ejemplo, promover la decisión de retirarse del país. Las críticas por las faltas de inversión o la precarización laboral, brillaron por su ausencia.
También pudimos ver cómo la Gendarmería Nacional (caballo de batalla de Berni), junto con la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana de Macri reprimieron y desalojaron el barrio Papa Francisco. Pocos días después, el propio secretario pedía la erradicación de los delincuentes extranjeros que según Berni viven en las mismas villas. En contraposición con esta postura, tanto el gobierno porteño como el nacional, no avanzaron en dar respuestas concretas a las necesidades reales de las personas que viven en las villas y que en el mayor de los casos, reside en las causas de la toma de terrenos. Hablamos de garantizar los derechos humanos básicos de personas que viven en condiciones de insalubridad y sin vivienda digna. Mientras el ejecutivo porteño cajonea las leyes de urbanización, gran parte de la oposición con fuerte presencia del Kirchnerismo en las cámaras, no pone en debate una solución definitiva, como sí lo hicieron a la hora de acordar el Plan Maestro de la Comuna 8 o el Proyecto IRSA.
Asimismo, hubo situaciones donde las fuerzas de seguridad no actuaron de forma directa, sin embargo allí sí estuvo el Estado para garantizar u intimar a los empresarios a que no dejen el país. Tal fue el caso de la imprenta Donnelley, recuperada por sus trabajadores, donde ya sea mediante la Ley Antiterrorista o la Ley de Quiebras, sea por consenso o de manera conflictiva, se intentó mantener en condiciones óptimas para que la patronal no se retirara. Nunca estuvo dentro de los objetivos por parte del Estado, respaldar el legítimo derecho de los y las trabajadoras en mantener la producción de manera autogestiva.
Mucho se ha discutido durante la última década y especialmente en los últimos años sobre las posibilidades de volver a aquellos sombríos años. “A los 90 no volvemos más” fue el estandarte del kirchnerismo. Sin embargo, lo que en los años del menemismo se denominó “la libertad del palo”, hoy parece volver a instalarse.
Durante la etapa del neoliberalismo, nos encontrábamos con una situación que llevaba el antagonismo al máximo. Así, mientras crecía el desempleo y la pobreza, la gestión del gobierno fue disponer al Estado para la clase empresarial. Privatización de los servicios y nacionalización de la deuda ilegítima fueron algunas de las recetas. Y cuando la mayoría de la población se alzaba en reclamo, la represión fue la primera solución que el Estado ofreció.
La crisis de la democracia desatada en aquellos años tocaría fondo con el último gobierno radical encabezado por Fernando de la Rúa hasta el ascenso del Kirchnerismo, en el 2003. Si bien a partir de aquellos años la economía y las instituciones tendieron a mejorar, no es menos cierto que las políticas llevadas adelante vinieron de la mano de un gran esfuerzo por mantener en pie al empresariado local, así como seducir a la inversión extranjera.
Hoy, los problemas reales como la inflación perjudican directamente a la clase trabajadora (no aquella de la que se queja la burocracia sindical ni los oradores mediáticos de las grandes corporaciones) Mientras los empresarios se quejan de la rentabilidad, la clase obrera paga con descuentos, suspensiones y despidos. Ese mismo sueldo precarizado es el que que no permite adquirir una vivienda digna. Y así podríamos enumerar una larga lista.
Pero tampoco el arco opositor brinda programas y soluciones definitivas. En cambio, muchas veces parece encontrarse cada vez más alineada a este tipo de políticas de corte derechista.
Mientras el gobierno nacional anuncia el pago de la deuda ilegítima usurera como la causa nacional, aparece la mediatización de la actuación de las fuerzas represivas y de sus funcionarios y la ausencia de políticas que contemple los derechos laborales, el espacio vacío queda a disposición de la cultura del palo. Y posteriormente, el ajuste. Seguimos aportando lamentablemente a la construcción de la historia donde la clase trabajadora es la pagadora compulsiva de una crisis que le es ajena.