Cuatro mil indígenas del territorio del TIPNIS llegaron a La Paz luego de 40 días de marcha. Se encuentran en vigilia permanente reclamando que se retome la construcción de la carretera que unirá Cochabamba con el Beni.
Apostados en la plaza Murillo, frente al Palacio Quemado (Casa de Gobierno) los marchistas liderados por el Consejo Indígena del Sur (Conisur) le dieron 48 horas a los dirigentes de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) para reunirse con ellos y discutan por qué creen que no se debe construir la carretera.
“Quieren que los habitantes del Tipnis mueran pobres como nacieron”, acusó Gumercindo Pradel, y argumentó que los dirigentes de la CIDOB obligaron a aprobar una ley sin consultar a sus bases.
A finales de 2011, una marcha liderada por esa organización, exigió que se frenara la construcción de la carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis). Luego de tensiones con el gobierno, que había planificado esa carretera inconsultamente con las comunidades, el gobierno de Evo Morales aprobó la llamada Ley Corta que suspendía el proyecto.
Sin embargo las comunidades nucleadas alrededor del Conisur consideran necesaria esa carretera ya que ayudaría a mejorar el acceso a los servicios de salud, educación y comercio. Los habitantes cuentan que miles de personas mueren cada año por enfermedades curables pues no tienen como acceder a un médico de forma inmediata, porque los caminos no son aptos y tardan días o semanas en llegar.
El presidente Evo Morales se reunió con los marchistas de Conisur y ratificó que el problema es de todos los pobladores del TIPNIS y abogó por una salida concertada entre los dos sectores. Morales aseguró que el Gobierno tiene garantizado el financiamiento de la carretera.
En el mismo tono declaró la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, quien luego de reunirse con los pobladores del Tipnis llegados a La Paz, aseguró que la Asamblea no tratará el tema hasta que se lleve a cabo el diálogo con los dos sectores indígenas en conflicto.
Gumercindo Pradel indicó que desde el Conisur plantean una solución negociada pero si los dirigentes de la CIDOB no se presentan al llamado al diálogo, exigirán la anulación de la Ley Corta la cual consideran una atentatoria a los derechos humanos de los indígenas que viven en el Tipnis.
El Conisur nuclea a comunidades indígenas que viven en esa región y es parte integrante de la Cidob, a cuyos dirigentes ahora se encuentran enfrentados. “Al hermano Adolfo Chávez (dirigente de la Cidob) lo hemos apoyado para su ratificación en la Cidob con la condición de que apoye la carretera”, acusó Pradel, y agregó que muchos de esos dirigentes no necesitan de la carretera porque ya no viven allí sino en las ciudades.
Por su parte, la dirigente de la Cidob Justa Cabrera, declaró que no irán a La Paz a reunirse con los marchistas, y los llamó a volver a su región si quieren dialogar con ellos. “Imposible reunirse para hacer cambios a la Ley Corta, costó sangre, luto y vidas humanas”, dijo Cabrera.
Asimismo anunció que instalaron una vigilia en los predios cercanos a la sede de la organización y no descartan iniciar otras medidas de presión seguir evitando que se construya la carretera que atraviese el Tipnis.
Desde el gobierno nacional apuestan a que se llegue a un acuerdo entre las comunidades que divergen en sus intereses. “Estas son horas de encuentro, son días de construcción de una sola posición de dirigentes y bases; corregidores del Tipnis y dirigentes de tierras bajas, tienen que consensuar un solo criterio y una sola posición para que sea corregida por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, manifestó el vicepresidente Álvaro García Linera en rueda de prensa.
En declaraciones a Prensa Latina, el escritor y analista Hugo Moldiz, opinó que es un tema muy complejo ya que enfrenta a dos grupos indígenas que evalúan de manera diferente un mismo proyecto, y esto ha provocado una creciente tensión interna en el país. “La peor salida, por el momento, sería modificar la Ley Corta, porque generaría otra marcha de la Cidob y calentaría aún más el proceso”, aseguró.
“Lo ideal -continuó Moldiz- sería una consulta popular, que ya no sería previa, como debió hacerse desde antes de la primera marcha”.