Por Tomás Eliaschev. Los vínculos entre la policía de la provincia de Buenos Aires, el poder político y el crimen organizado son cada vez más evidentes y menos sutiles. Todos dicen ser perejiles. Scioli mira para otro lado y defiende la autonomía de la fuerza.
La cuestión de la llamada seguridad es una de las problemáticas que las recientemente reelectas autoridades necesitan resolver sobre todo en el territorio de la provincia más poblada del país. La política nacional apunta en lo discursivo a retomar el control civil de las fuerzas y a democratizarlas. Esto se combina y muchas veces choca con las posturas de Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, fieles defensores de la Bonaerense y de la autonomía policial.
Mientras tanto, una certeza conocida en las barriadas más humildes gana cada vez más lugar en el debate público: detrás del crimen organizado, está la policía. Quien lo admitió fue nada más y nada menos que el hasta hace muy poco número tres de la Bonaerense, Salvador Darío “el Tano” Baratta, el hombre que supo liderar la brutal represión contra los obreros de Kraft y que sonaba como reemplazante del actual jefe de toda la fuerza, Juan Carlos Paggi.
“No podría haber crimen organizado en la provincia de Buenos Aires sin la protección del poder político y sin la complicidad de personal policial”, fueron las palabras de Baratta, ahora electo concejal de Lanús por el Frente para la Victoria. Lo dijo en el marco del juicio oral contra Elbio Fernández, el “rey del corte”, vinculado con desarmaderos de automóviles. A los dos días cayó uno de sus protegidos, el capitán Raúl Antonio Papa, ex titular de la jefatura departamental de San Isidro quien, junto con su secretario, Carlos Alberto “el Pollo” Albornoz, digitaba una banda de secuestradores, según investiga el fiscal Gastón Garbus. Tanto Papa como el Pollo tenían un amplio historial de vinculación con el delito, con el plantado de pruebas y con hechos de violencia. Sus andanzas son muy conocidas en el ambiente policial-delictivo de zona norte, pero también en el oeste del conurbano, sobre todo en La Matanza, donde dieron sus primeros pasos delictivos y policiales.
A partir del caso de Candela Sol Rodríguez, todos los diarios dieron cuenta de las sospechas de connivencia policíaca detrás del horrendo secuestro y asesinato de la niña de 11 años. El caso empezó a perder visibilidad en la agenda mediática, mientras que la justicia de Morón, con el fiscal Miguel Tavolaro a la cabeza y con el apoyo de la gobernación, intenta concluir la investigación cuanto antes y sin profundizar demasiado. Con las detenciones y con la divulgación de las supuestas pruebas contra los 8 detenidos buscan dar por cerrado el caso sin investigar por qué se produjo el ajuste de cuentas, qué bandas están detrás y quién las protege. Sin embargo, no va a resultar darle un cierre prolijo a una causa con tantas pruebas poco contundentes, declaraciones confusas y gran difusión mediática de los aspectos más morbosos de la investigación. Hasta ahora, ninguno de los acusados confesó ser el autor del crimen y todos juran ser “perejiles”, además de que hay denuncias de torturas en la comisaría de Villa Tessei contra varios de los detenidos.
Uno de los sospechosos en el caso Candela, Hugo “el Topo” Moreyra, confesó ser informante policial, es decir buche, desde los 18 años. Su práctica era infiltrarse en bandas de narcos o piratas del asfalto para pasar información para que después los jefes policiales pudiesen detenerlos, pero no necesariamente para ponerlos presos sino para cobrarles coimas. Según dijo el abogado de Moreyra a Marcha, su cliente hablaba habitualmente con el Superintendente de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Roberto Castronovo, a quien vio una semana antes de ser detenido, o con el titular de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Matanza, Marcelo Javier “Chivo” Chebriau.
Castronovo lo admitió ante el fiscal Tavolaro. Y el comisionado Chebriau no lo negó, aseguró a este medio personal policial que trabajó en la DDI de La Matanza. A Chebriau le gusta salir en los medios aunque allí se mencionen las numerosas denuncias que hay en su contra por extorsión, armado de causas y apremios ilegales contra subalternos que quisieron cuestionar sus órdenes. Chebriau es el mismo jefe policial que fracasó en la búsqueda de Luciano Arruga, de la familia Pomar y de la niña Candela. Seguramente, las recientes detenciones de Papa y Albornoz le deben haber llamado la atención. Es que estos tres policías se conocen hace rato: supieron estar bajo las órdenes del ex comisario mayor Sergio “Titi” Vargas en distintas dependencias de La Matanza.
No son los únicos policías que aparecen mencionados en las informaciones que se filtran sobre la pesquisa. Surgieron contundentes evidencias de que en el partido de San Martín hay bandas narco policiales que se enfrentaron dando lugar al siniestro crimen contra Candela, que comenzó como un secuestro extorsivo, por lo que debería pasar al fuero federal. En el expediente se menciona al suboficial Sergio Fabián Chazarreta, de la Dirección de la Delegación de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de La Matanza. Sus compañeros dicen que sería otro perejil más y que las responsabilidades hay que buscarlas más arriba.
Entre los uniformados, también aparecen cuestionados algunos que pasaron o que aún siguen en la zona. El jefe de la Departamental de San Martín, Mario Edmundo Briceño, cuyos hombres abrieron fuego en enero sobre una multitud en la Villa La Cárcova, en José León Suárez, asesinando a los jóvenes Franco Almirón y Mauricio Ramos, debería dar muchas explicaciones. Quedó claro que en la villa Corea, en la 18, y en la 9 de Julio, entre otros barrios humildes, la policía protege o directamente regentea a los vendedores de drogas ilícitas. Entre los uniformados mencionados en estos barrios están Claudio Valentín “Orejón”, o “Cheto”, Brítez y Walter Luis Medina. El primero, vinculado a un ajuste de cuentas en la villa 9 de julio. Estaba asignado a la comisaría de Matheu, en Escobar, cuando acudió a un tiroteo entre narcos, aparentemente a defender a su hermano, dedicado a ese menester. El segundo está en la comisaría de Billinghurst, aunque antes era jefe de calle de San Martín. En la zona se lo conoce como quien cobraba a los narcos, como informó Sebastián Hacher en Miradas al Sur.
La Bonaerense está en ebullición. El gobernador dijo que será implacable con quienes “deshonren el uniforme” e informó que ya exoneraron a 800 policías, en una fuerza que tiene más de 50 mil efectivos. En esta última semana se conocieron más hechos brutales perpetrados por efectivos de dos comisarías con pésimos antecedentes, como la 4ta de Berisso, en cuyos calabozos fue asesinado Néstor Ariel Canizzo, y la 1era de Avellaneda, que aparece señalada por los golpes que sufrió Jonathan Alí, de 19 años, cuando encontraba internado y detenido en el Hospital Fiorito. Los vínculos entre policías bonaerenses, narcos y poder político en San Miguel del Monte quedaron expuestos a raíz de una investigación del periodista Juan Diego Britos, de Tiempo Argentino. Esta parece ser la matriz que tienen en común los hechos delictivos más resonantes que aquejan a los habitantes de la provincia más populosa del país.