Por Camila Amatriain. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó las nuevas licencias para el Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU) por otros diez años, fortaleciendo acuerdos entre empresarios y el sector político.
La ciudad de Buenos Aires está de remate desde hace tiempo. Desde la zonificación de predios con acuerdos legislativos y empresariales destinados a mega emprendimientos inmobiliarios, los espacios residuales van quedando a disposición de la profundización del capitalismo y de las lógicas de acumulación.
Desde hace décadas, la política del orden y la higiene priorizó las áreas norte y centro de la ciudad para el desarrollo, dotándolas de servicios de infraestructura urbana, accesos, paisajes; y trasladó al borde sur la enfermedad, la pobreza y la basura.
Los nuevos Pliegos del SPHU renovaron el acuerdo entre empresarios y gobierno porteño para reforzar el modelo de exclusión social que se viene sosteniendo en la Ciudad, desde que el modelo de consumo se instaló a través de la basura como un negocio millonario.
El contrato más importante que tiene la Ciudad, que supone cerca de los 30 mil millones de pesos, no implicó grandes cambios en lo que a las empresas prestadoras del servicio implica, sí en cambio sufrió algunas modificaciones en cuanto a las zonas.
La ciudad que fue dividida en zonas desde el gobierno de De la Rúa se repartió entre la empresa AESA, que se quedó con la zona 1 -la más grande de la Ciudad-; Cliba, del Grupo Roggio, que se quedó con la zona 2, el corredor norte -en ambas su oferta fue por más de 5 mil millones de pesos-; Pescarmona, que se quedó con la zona 3 por casi 6 mil millones de pesos. La zona 4 fue para Eco hábitat y Emepa, conformadas en UTE (Unión Transitoria de Empresas) por un monto superior a los 3 mil millones de pesos. La zona 6 fue para Ashira y Martin & Martin en UTE, por 4 mil millones de pesos. Mientras que la zona 7 fue para Transportes Olivos y URBASER en UTE también por más de 4 mil millones de pesos.
Algunos de los cambios en el servicio incluyó contenerización para toda la Ciudad; la prestación en nuevas zonas; la separación de residuos de modo obligatorio y generalizado (es decir para toda los barrios) desde fines del 2014, y la licitación para las cooperativas de cartoneros.
Dime en donde vives y te diré quien eres
Una Ciudad configurada bajo las lógicas del consumo, en concordancia con la privatización de los suelos y de los bienes comunes profundiza el aislamiento en condiciones de desigualdad económica, cultural y social.
Es preciso analizar entonces la situación actual del sistema de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires para dar cuenta del proceso de licitación del servicio de higiene urbana a la luz de las modificaciones introducidas con posterioridad a diciembre de 2012. Un primer acercamiento reside en preguntarse acerca de la vinculación entre los acuerdos económico-políticos y la exclusión social así como la expulsión de la ciudad de los barrios marginales. En cuanto a la localización de los basurales es relevante indagar en qué medida la renta del suelo ha sido un factor determinante en el tipo de ubicación de los sumideros de residuos.
La nueva licitación mediante el Decreto N° 162/GCABA/13 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y posteriormente la Resolución N° 470-MAYEPGC-13, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos”, se realizó sin otorgar participación previa a la Legislatura de la Ciudad. A partir de esto, el legislador por Proyecto Sur, Pablo Bergel y el legislador con mandato cumplido, Facundo Di Filippo presentaron una acción de amparo colectivo solicitando una medida cautelar denunciando tal accionar sin el debate constitucional y democrático correspondiente. “Precisamente, la Legislatura para tener más control sobre el contenido de los pliegos decidió que el plazo de la licitación no sea menor a 8 años ni superior a 10 años para que los pliegos deban ser aprobados por la Legislatura de acuerdo art. 104 inciso 23 de la Constitución de la Ciudad en forma previa a dar inicio a la licitación” indican en el documento.
El 7 de diciembre de 2011, la Legislatura de la Ciudad aprobó la ley n° 4120 que constituye el marco regulatorio del SPHU de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fue desconocido posteriormente a través de ambas instancias.
El reclamo reside en la ausencia de una “práctica constitucional consolidada en la Ciudad de Buenos Aires que fortalece el principio de interdependencia de los poderes, mayor control sobre el Poder Ejecutivo, profundización de la Democracia” sostienen Bergel y Di Fillipo.
Paredón y después
En total, hay 600 hectáreas dedicadas a absorber los más de seis millones de toneladas anuales de basura que produce el Área Metropolitana de Buenos Aires, aproximadamente 16.000 toneladas diarias, casi la mitad procedente de Capital Federal.
La ubicación de los sitios de disposición de residuos está localizada por lo general en sitios de baja renta como terrenos anegadizos, acentuando de este modo en la zona sur y en localidades del conurbano el riesgo ambiental.
Históricamente sucedió que mientras las clases altas abandonaban el sur de la ciudad y se ubicaban en el área norte, los vaciaderos de residuos siguieron el camino contrario. Así, se doto a la zona norte con servicios de infraestructura urbana, accesos, paisajes; mientras que en la zona sur se profundizó la enfermedad, la pobreza y la basura.
Sin embargo, esta nueva licitación desconoce una vez mas las problemáticas que atraviesan las villas de la Ciudad. Los pliegos no establecen ni la calidad ni la cantidad de los contenedores que se ubicarán por cuadra. Tampoco cómo será la recolección en las zonas inaccesibles, ni cuantos cestos de basura se colocaran por cuadra como si lo hace respecto del resto de la Ciudad.