Mario Monti formó el nuevo gobierno de ‘técnicos’, en su mayoría ligados a las finanzas y a las universidades católicas. En pocos días, ya se va dibujando la lista de sacrificios para los italianos.
El flamante primer ministro italiano ya se encuentra trabajando en las reformas fiscales que le asegurarían la salida de la crisis económica que sacude el país. La semana pasada recibió el apoyo del parlamento, tras presentar la lista de los ministros que lo acompañan. Mucho se había especulado al rededor de esos nombramientos. Sin embargo, a pesar de los rumores acerca de la presencia de políticos profesionales en el nuevo ejecutivo, Monti optó por un gabinete compuesto por técnicos, especialistas en cada una de las áreas.
Si bien casi ninguno de los ministros pueda ser encuadrado en una formación política, es evidente, al revisar los antecedentes académicos y profesionales de cada uno de ellos, que hay una intención en recurrir principalmente a tres áreas: las finanzas, la universidad, y cierta moral cristiana. Esto lo dicen los curiculum de los elegidos, en su mayoría representantes del sector financiero y docentes de universidades católicas o vinculados a la iglesia. El caso emblemático es el del ministro de desarrollo e infraestructura, Corrado Passera, ex administrador delegado del segundo banco en importancia del país, Intesa Sanpaolo, nacido de la fusión de dos entidades de la que él mismo fue artífice. Del mismo grupo financiero fue parte el nuevo ministro del trabajo, Elsa Fornero, editorialista del diario económico Il Sole 24 Ore y miembro del consejo de administración de la cementera multinacional Buzzi Unicem.
Un ex almirante cubre la cartera de defensa y la “lady de hierro”, Anna Maria Cancellieri, interventora en diferentes municipalidades del norte agrícola, ocupa el lugar de ministro del interior.
La vertiente católica está dada por el rector de la Universidad Católica de Milán, Lorenzo Ornaghi, ministro de bienes culturales, y el fundador de la comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, ministro de cooperación internacional. El equipo de completa con el embajador italiano en Washington, Giulio Terzi, en relaciones exteriores, y la ex vicepresidente de la magistratura militar, Paola Severino, en justicia, entre otros. El premier, se desenvolverá tanto como jefe de gobierno, como también en el papel de ministro de economía, un doble rol que también Berlusconi mantuvo durante un tiempo y que fue duramente criticado por la oposición en su momento.
Manos a la obra
Con una formación académica y profesional consolidada en el extranjero -principalmente en Estados Unidos-, la mayoría del equipo técnico cuenta con antecedentes relevantes en conducción y asesoramiento de entidades financieras e instituciones europeas, dos de las áreas que el gobierno italiano debe atender en estos días. En los primeros tres días en el cargo, Monti llamó ya a dos consejos de ministros, donde instó a cada uno de ellos a presentar un borrador con las reformas a realizar en sus áreas de competencia. Esa es la primer propuesta que el nuevo gobierno llevó a Bruxelas esta semana, cuando el premier se reunió con el presidente de turno de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y con el titular del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
Según trascendió de estas reuniones, el ejecutivo se prepara para tomar la ardua tarea de imponer los ‘sacrificios’ necesarios para reflotar la economía. Entre ellos, se encontraría una nueva suba del IVA -que Berlusconi ya había llevado del 20 al 21%- de unos dos puntos porcentuales, acompañada de una reducción del impuesto de la renta sobre las personas físicas y de la tasa regional sobre las actividades productivas.
La gran batalla se dará sobre el plano de los impuestos directos. El gobierno anterior, se negó rotundamente a la implementación del impuesto patrimonial, y su fuerza política, el Popolo della Libertá, si bien diezmada por la crisis, aún conserva suficiente representación parlamentaria como para trabar la discusión acerca de esta propuesta que Monti está dispuesto a considerar. El otro escollo para la reforma fiscal, está representado por el principal sindicato del país, CGIL, que se opone a la reintroducción del impuesto sobre bienes inmuebles a la primera casa.
De esta manera, además de la necesidad de volver a generar credibilidad mundial en la economía italiana, el ejecutivo se encuentra ante la necesidad de hacer converger los intereses de las partes sociales. Una tarea para la cual se definió un equipo ‘técnico’, aunque basado en valores claros.