Por Lea Ross. La detención de policías, acusados de participar de una reunión gremial, vuelve a poner en debate sobre la legitimidad o no de sindicalizar a los policías.
Un particular suceso ocurrido en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, destapó nuevamente la polémica sobre el gran dilema de sindicalizar o no a las fuerzas policiales. Se trata de la detención de 28 personas, entre ellos agentes de la policía en servicio. Están acusados de haber participado de una reunión con integrantes de una organización gremial. La mayoría ya fueron liberados, pero tres permanecen detenidos en la cárcel de máxima seguridad en Bouwer. Están imputados por desobediencia a la autoridad por un supuesto cruce que hubo durante sus detenciones.
Uno de los tres detenidos es René Zabala, secretario general de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba “7 de Agosto” (UPPAC), sindicato sin personería jurídica que organizó la juntada. Según la versión del gremio, las detenciones se habían realizado durante una reunión en un local cerrado y sin órdenes de allanamiento. Incluso aseguran que se incautaron libros que pertenecen a la organización gremial.
Las detenciones, libradas por el fiscal Gustavo Atienza, fueron amparadas a partir de lo establecido por una ley provincial, aprobada en el mes de febrero. Dicha normativa, denominada popularmente como “ley anti-motines” (10.187), establece la suspensión inmediata de todo personal de seguridad pública que participe de alguna insubordinación, abandono de servicios o que practique cualquier tipo de reclamo “tumultuoso”.
La ley anti-motines fue aprobada por la provincia, luego de los padecimientos vividos durante los saqueos que ocurrieron, principalmente en la ciudad de Córdoba, en los días 3 y 4 de diciembre del 2013. Los sucesos surgieron a partir de un auto-acuartelamiento policial, fruto de una protesta por mejoras salariales.
“Es gravísimo esto”, sentenció eufóricamente el comisario Miguel Ángel Casteló, jefe de la Departamental Sur, a Canal 10 de Córdoba sobre la reunión entre policías que hubo en Villa María. “Esto fue el caldo de cultivo de lo que pasó el 3 y 4 de diciembre. Así se empezó: con reuniones. Y terminamos con un problema gravísimo”.
El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, expresó ante distintos medios de comunicación su mirada: “La sociedad está esperando de los policías una actitud de recuperación de su imagen, después de haber quedado la imagen por el piso luego de los sucesos de diciembre del año pasado. Por lo tanto, todas estas personas que, en lo único que hacen es entorpecer la función policial, no están actuando como la gente quiere”.
Sobre la legitimidad o no de reconocerle un gremio a los policías, el gobernador aseguró que “no hay ningún sindicato reconocido y, por lo tanto, mienten los que invocan una representación sindical. Y esto no lo he decidido yo, lo ha decidido el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación que rechazó los pedidos hechos por ésta gente. Después una Cámara les dio una aprobación temporaria y el propio Ministerio de la Nación fue a la Corte”.
De la Sota se refiere a un fallo de la Cámara de Trabajo que desestimó la negación de parte del ministerio nacional de no entregar la personería jurídica a la UPPAC. La firma de los jueces Graciela González y Miguel Ángel Pirolo fue realizada el 18 de diciembre del año pasado, es decir, dos semanas después del fatídico 3-4 D. En el fallo, consideraron como un reclamo legítimo la exigencia por una representación sindical de parte de los uniformados, ya que se encuentra estipulado en la Constitución Nacional y demás tratados internacionales. Sin embargo, los integrantes de la Sala II reconocen que también se exigiría ciertas “limitaciones o restricciones que no rigen para otros trabajadores de la actividad pública o privada, propias de instituciones sometidas a reglas específicas de disciplina y jerarquía y a las necesidades de una sociedad democrática”. El Gobierno Nacional ha apelado éste último fallo a la Corte Suprema de Justicia.
No es la primera vez que en Córdoba se realiza un debate con éstas características. En agosto del año 2005, ocurrió otro acuartelamiento policial. El suceso emergió luego de que un uniformado se encadenara durante tres días en la plaza central de San Martín, al exigir una mejora en sus condiciones laborales. Al igual que el acuartelamiento del 2013, también hubo una fuerte participación de las esposas y parejas femeninas de los oficiales. Estos dos hechos, las de 2005 y de 2013, con características muy semejantes, trajeron como consecuencia el cese de las funciones de la policía durante unas horas, con la diferencia de que el segundo desencadenó una serie de saqueos que estremeció a Córdoba.
A partir de lo sucedido en 2005, un grupo de uniformados decidieron conformar su propio gremio como mecanismo para canalizar sus reclamos. De allí nace la UPPAC “7 de Agosto”, en conmemoración a la fecha que se llevó a cabo la protesta. Y desde entonces, han mantenido la exigencia de obtener la personería jurídica de parte de la Nación. En 2012, la propia Presidencia de la Nación y el ministerio de Trabajo desestimaron el pedido. Finalmente, la Cámara de Trabajo otorgó un fallo contrario y ahora será la Suprema Corte quien dictaminaría la solución a ésta disputa.
A su vez, una de las referentes de la rebelión azul de 2013, Adriana Rearte, había recibido un fallo favorable en 2008 para que se acepte analizar un pedido, de parte de la misma, con el fin de que su gremio también obtenga su personería. Se trata del Sindicato de Empleados Policiales y Penitenciarios (Seppe). El pedido consiste en declarar como inconstitucional la ley provincial 8.231 que establece la prohibición a los empleados penitenciarios para agremiarse. Hoy, el pedido también está siendo analizado por la Corte Suprema.