Por Noelia Leiva // Foto por Laura Salomé Canteros
Hace tres años, una mujer y su hija son víctimas de violencia. El varón agresor violó reiteradamente medidas de restricción y exclusión, la golpeó y sometió. Aunque está preso, amenaza desde la cárcel con matar a la nena. Podría ser liberado por un juicio abreviado.
Amenazas de muerte reiteradas, agresiones físicas, persecusiones, violación de medidas restrictivas, llamadas coercitivas desde el Penal. Las muestras de que Daniel Alberto Castro es un varón violento sobran. Sin embargo, su ex compañera, Fernanda Chacón, fue confinada por la Justicia patriarcal a un largo camino de golpear puertas y pedir ayuda. Hasta ahora, el resultado es el miedo constante porque los últimos amedrentamientos fueron telefónicos y realizados, según se investiga, desde Devoto. Y porque, mientras la violencia sigue, la supuesta “buena conducta” del imputado podría otorgarle salidas transitorias y reducción de la pena.
La historia de violencia física, psicológica, sexual y económica que atraviesa Chacón se originó en febrero de 2012, tres meses después de nacida la hija de ambos. En ese momento, como la mujer se negó mantener relaciones con su entonces esposo, él le puso un cichillo en el cuello a la beba y dijo que “como le había dado la vida, podía sacársela”, le contó Fernanda a Marcha. Desde entonces, hubo denuncias en comisarías y ante tribunales, pedidos de exclusión del hogar que caducaron por negligencia judicial y hasta la intervención de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
Castro está acusado de nueve delitos en contra de su compañera y detenido en el Pabellón 12 de Devoto desde el 1 de abril de 2014. En ese lugar se originó un llamado mediante el que aseguraró que “ya había” compañeros que se habían ofrecido a matar a su hija y su ex esposa si ella no le devolvía un dinero que consideraba robado. Se trata, en realidad, de una causa por alimentos a favor de la nena de 3 años que debía desprenderse de sus aportes.
El 21 de marzo último, pese a que ya estaba en vigencia la cautelar del Tribunal Oral 5 de la Ciudad de Buenos Aires por la que “ni él ni terceros” podían comunicarse con la familia, llamó a su antiguo hogar y se comunicó con la hija mayor de Chacón. Dejó dos números para que le devuelvan la llamada. Cuando la mujer discó, le atendieron de la cárcel. “Hija de puta, devolveme la plata que me robaste porque te voy a mandar a matar a vos y a la nena. Acá adentro tengo gente que ya se ofreció”, le gritó. En el contestador de la casa hay registrada otra comunicación del 4 de mayo. Ese hecho está bajo investigación en el Juzgado Correccional 3 por “desobediencia”.
Chacón sólo recibió la cuota de mayo del aporte que le corresponde para la manutención de la pequeña, todavía no tiene novedades sobre las de marzo y abril porque el Juzgado Civil 85 notificó de la medida a Devoto recién el 9 del mes pasado, aseguró la mujer. Al cierre de esta edición, le notificaron desde el Juzgado de Instrucción 8 que en los próximos días habría novedades sobre el juicio abreviado que le habían propuesto, por el que recibiría 4 años y seis meses como pena única y unificada.
Es que Castro tenía tres años de prisión en suspenso por una causa anterior cuyos detalles su ex compañera aún desconoce. Los 18 meses restantes remiten a los daños causados a su familia, entre los que se cuentan “amenazas coactivas, lesiones, desobediencia y amenazas simples, entre otros delitos”, graficó Fernanda.
El largo camino de la desidia
En mayo de 2013, la denunciante terminó con una fisura en una costilla luego de que Castro la empujara sobre la bañadera en medio de una discusión en la que él se negaba a darle dinero. Realizó la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica porteña y se dispuso una medida cautelar con la exclusión del hogar. Una semana después, él aprovechó que la mujer había salido a buscar a sus hijos a la escuela para ingresar al departamento que compartían. El 13 de junio de ese año, le dió un golpe de puño en la cara a Chacón en la puerta de su casa, donde la había estado esperando. Ella tenía a la hija de ambos en brazos.
Tres meses después de ese hecho, un supuesto abogado llamó de parte del hombre para notificarle que las medidas de exclusión habían caducado y, como no había restricción vigente, tenía que volver al hogar para que no sea Fernanda la que estuviera en conflicto con la ley. Volvió y, con él, los gritos e insultos. Sus hijos salieron a pedir ayuda entre los demás departamentos del edificio hasta que llegó la Policía y “le pidieron que se fuera de forma tranquila”, describió Chacón. Sin embargo, se resistió e intentó golpearla. Finalmente, lo llevaron detenido pero por desacato a la autoridad.
A lo largo de todo el proceso, las denuncias de las actitudes violentas del acusado fueron múltiples y su registro se repitió en varias oficinas, dependencias policiales y judiciales. Sin embargo, la perspectiva de género en el abordaje penal fue nulo, así como, hasta ahora, la generación de una red de contención real y efectiva para Fernanda, la nena de ambos y una hija y un hijo de ella. La pretención de dominio de su ex esposa y su hija, como si fueran objetos de su propiedad y desartable, es evidente aunque no valorada en la letra escrita de las causas.
“Vivimos en peligro inminente y nadie nos escucha”, se quejó la mujer, que pidió protección para la niña, que está amenazada de muerte. “Nadie hizo nada”, cuestionó. Mientras, la Justicia machista le permite el beneficio de la duda al varón: pese a que hay hechos contundentes que pueden probar la nocividad de Castro, cree en su buena conducta, lo que lo podría dejar de nuevo cerca de las personas que dañó.