Por Sofía Pascualetti. El Tribunal Oral de Bahía Blanca dará lectura hoy al veredicto en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la zona por el Comando del V Cuerpo de Ejército.
El 1 de agosto pasado el Ministerio Público Fiscal finalizó su alegato en el juicio donde se encuentran acusados los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada, Hugo Fantoni y Jorge Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Jorge Enrique Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada; los miembros del grupos de tareas Jorge Aníbal Masson y Carlos Mario Méndez; los policías federales de Viedma Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez, Héctor Jorge Abelleira y Carlos Contreras; y los directores de la Unidad Penal 4, Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya, quienes fueron exhortados por el fiscal a romper el pacto de silencio en relación al destino de las personas desaparecidas y los bebes apropiados: “estos acusados siguen ejerciendo la tortura, siguen con el poder que les queda accionando contra las victimas, contras sus familiares, siguen callando la información que tienen acerca de qué hicieron con los desaparecidos, qué hicieron con los restos de esas personas… el poder de información, ese poder residual lo siguen ejerciendo”.
El juicio a los represores bahienses comenzó hace más de un año. En ese tiempo el Tribunal -compuesto por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava- escuchó a 390 testigos, que declararon en relación a 94 casos –entre ellos dos nacimientos en cautiverio y luego apropiación, doce desapariciones y 26 homicidios-, que el representante del Ministerio Público Fiscal consideró probados durante un extenso alegato. El fiscal Córdoba peticionó las condenas de cadena perpetua para los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército, el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181, los miembros del grupos de tareas y tres policías federales de Viedma. En tanto, para el policía federal Carlos Contreras solicitó 21 años de prisión y para los directores de la Unidad Penal 4, penas de 25 años.
La represión en Bahía Blanca
El juicio que se encuentra pronto a finalizar permitió visibilizar los hechos más terroríficos que sectores de poder y corporaciones locales mantuvieron ocultos durante más de treinta años. Parte del imaginario colectivo que concibe la ciudad como reaccionaria responde en parte a la particular historia desde su fundación.
El fiscal refirió en su alegato que “las fuerzas armadas llegaron a esta geografía como parte de una ofensiva militar contra los pueblos originarios” estableciendo el control social durante toda la historia llegando a convertirse a partir de marzo de 1976 en “el ejército de ocupación de su propio territorio a partir de la aplicación de la doctrina francesa” pasando “a la clandestinidad a instituciones públicas para cometer los crímenes más atroces”.
Fundada en 1828, Bahía Blanca se convirtió en la sede de una gran unidad de batalla con jurisdicción en toda la Patagonia; denominada “zona de seguridad 5”, bajo control operacional del Vº Cuerpo de Ejército. Como anticipo a lo que vendría, el 16 de junio de 1955 las fuerzas armadas de esta jurisdicción jugaron un rol preponderante en la mal denominada “Revolución Libertadora”, y desde entonces la ciudad estuvo militarmente ocupada. Con el golpe de estado de 1976, la represión brutal que venía ejerciendo la Triple A, se agudizó bajo el mando del General Acdel Edgardo Vilas, quien venía de secundar al general Antonio D. Bussi en el Operativo Independencia en Tucumán.
A lo largo del juicio resultó acreditada la existencia de varios centros clandestinos de detención, siendo el principal el denominado “La Escuelita”, construcción ubicada en el predio del V Cuerpo del Ejército, donde se mantuvieron cautivas y bajo tortura cientos de personas, a la vez que la mujeres fueron sistemáticamente sometidas a todo tipo de violencia sexual.
En una ciudad cercada por las fuerzas armadas y de seguridad, el aporte del Poder Judicial al plan criminal resultó determinante. El juez Federico Madueño, a cargo entonces del Juzgado Federal nro. 1, rechazó todos los recursos de habeas corpus presentados por los familiares de las víctimas, y participó incluso en sesiones de tortura, al lado de Vilas, como declararon numerosos testigos durante las audiencias.
La prensa local desempeñó un rol preponderante en el plan criminal, que se cristalizó a partir de la plena colaboración del diario La Nueva Provincia con las fuerzas armadas. En este sentido, el fiscal Abel Córdoba durante el alegato citó una editorial de La Nueva Provincia del 24 de marzo de 1976 que interpelaba a las fuerzas represivas en los siguientes términos:“A la violencia destructora y asesina hay que responderle con una violencia ordenadora”, indicando que esta violencia ordenadora debía encausarse contra el “aparato subversivo”, el “sacerdocio tercemundista”, la “corrupción sindical”, los “partidos políticos”, advirtiendo al final que al oponente se lo iba “a destruir allí donde se encuentre, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse una segunda república”.
La Universidad Nacional del Sur tampoco fue ajena. La gestión del rector Remus Tetu significó la cesantía de docentes y no docentes, la prohibición de asambleas, la proscripción de Centros de Estudiantes, el cierre de carreras, y muchas de las personas cesanteadas fueron además víctimas de la represión.
Vuelta la democracia, las leyes de obediencia debida y punto final permitieron que los máximos jefes militares, Osvaldo Azpitarte y Vilas y Catuzzi, fallecieran impunes, junto con el miembro del Estado Mayor Argentino Cipriano Tauber. También murieron impunes el jefe de la patota de secuestradores, Emilio Jorge Ibarra, el principal interrogador deLa Escuelita, Santiago Cruciani; y Julián Oscar Corres, entre otros.
A horas de conocerse el veredicto, el fiscal Félix Crous reflexionó: “Todo indica que la sentencia será un hito. Esta es una jurisdicción con muchas complejidades y donde la represión también se desplegó de un modo brutal. Y ha sido un salto paradigmático que se realicen juicios. Los primeros juicios de cada jurisdicción siempre abren una puerta para que esta tarea sea más sencilla. Y romper ese inmovilismo previo, sobre todo frente a un primer gran juicio como es éste, es un momento muy importante”.
Todo parece indicar que, por fin y después de tantos años, en la Bahía del Silencio comienza a hacerse justicia.