Por Lucho Soria. A 39 años de la dictadura militar, los cursos de acción de los juicios para condenar a los responsables de la represión tienden a diluirse.
El punto final biológico para los juicios resulta irreversible, dado que la mayoría de los genocidas imputados tienen más de 80 años. Así, las salas de Casación, los magistrados, los defensores oficiales, entre otros operadores judiciales, conspiran contra la memoria, la verdad y la justicia, pero no desde ahora. La conformación de tribunales para las 120 causas elevadas a juicio es nudo gordiano. Más de una mano se necesita para desatarlo.
A este cuadro de situación se acaba de agregar, por ejemplo, que el Juzgado Federal de San Martín no tiene jueces en la actualidad. En 2014 en Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, entre otras provincias, no se realizaron juicios durante más de un año y salvo en la última provincia, nada ha cambiado. Aunque corresponde señalar que en los pagos de Gildo Insfrán, a más de 10 años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, son apenas diez los condenados y los prófugos, más de uno.
Subversión fabril
En los recientes fallos que obturan el juicio a los empresarios se encuentra el de Pedro Blaquier. En rigor, los miembros de la Sala IV de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Righi, completaron la tarea iniciada por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quien goza de la más prolongada licencia por enfermedad tras ser eyectado del cargo después de una masiva movilización popular por las calles de Jujuy el 24 de marzo 2012. Precisamente, días después se “enfermó” y desde entonces percibe su sueldo como si nada hubiera pasado. Olivera Pastor y su protector, Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal Salta, gozan de una impunidad manipulada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Pareciera que todos ellos hicieron suya la afirmación del líder radical Ricardo Balbín, cuando acuñó la frase “la subversión fabril” en 1975. La denominación implicaba la bendición de la Unión Cívica Radical (UCR) a la represión que cayó sobre la resistencia obrera contra la explotación.
Otro modelo de la morosidad: el juicio en Junín. Tras nueve años desde el inicio de la instrucción recién se condenó a los represores. Más ejemplos: en Jujuy, el Tribunal dispuso una sola audiencia por semana, el iniciado en San Rafael volvió a fojas cero, dado que Casación no cubrió la vacante del juez renunciante. En Santiago del Estero, choca con las idas y vueltas de la Justicia Federal sentar en el banquillo de los acusados al ex juez federal Arturo Liendo Roca y al ex fiscal Santiago Olmedo de Arzuaga, pese a que en junio del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán los consideró “parte de la asociación ilícita para garantizar la impunidad de los actores que intervinieron en el plan sistemático”.
Todo esto desnuda una red de complicidades que no fue parida ahora, sino que, todo lo contrario, sucede en el marco de que los juicios son políticas de Estado. En Córdoba, la apropiación del nieto de Sonia Torres es un espejo de cómo funcionan los engranajes de complicidad: la monja Monserrat Tribo sufrió de amnesia cuando tenía que sentarse a declarar a quien le entregó el niño, lo que no le impidió sacar pasaje en avión y refugiarse en un convento de Barcelona. Resulta evidente que más de una mano generosa le solventó el pasaje de ida, salvo que ella después de rezar el rosario, recuperó la memoria y se acordó de la dirección de las compañías aéreas y abonó puntualmente el pasaje.
Como ha quedado demostrado en forma didáctica, el inventario de la red de complicidades arranca en la dictadura y se prolonga en democracia, no sólo el conjunto de miembros del Poder Judicial, sino para todos aquellos que tienen efectivamente poder.
Qué hacer
Esa pregunta ronda en forma permanente entre quienes tienen la responsabilidad institucional de eludir ese cepo, aunque no todos con el mismo vigor. En ese sentido, la fragmentación es un déficit y demanda unidad en la acción contra la impunidad en ciernes.
Un informe del Ministerio Público Fiscal revela el panorama de los juicios, del cual se desprende que de las 456 causas en trámite, 120 están elevadas a juicio y en 40 de ellas los fiscales formularon el requerimiento de elevación a juicio.
Precisamente, para resistir la embestida de impunidad, el miércoles 8 de abril se concretará una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social a instancia de los responsables de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal para iniciar una ronda de jornadas nacionales con el fin de establecer una estrategia.
Y en la misma sintonía, para fines de abril se realizará la segunda jornada nacional de abogados querellantes de todo el país. Ambas se desarrollarán en CABA.
Es que el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), que promueve estas acciones de control y seguimiento, está conformado por quienes nunca se dejaron ganar por la impotencia, y el desánimo no cede. Entre las acciones de quienes fueron cómplices del botín de guerra y las acciones de la militancia media una distancia enorme, no de palabras, sino de significación acerca de cuál es la sustancialidad de la democracia en el contexto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.