Es la primera vez que civiles y militares son juzgados por un tribunal civil por intento de golpe de Estado en la historia de Brasil. La expectativa es tan grande como la presión: el juicio adquirió relevancia internacional con la intervención abierta de Estados Unidos. Los pedidos de amnistía de bolsonaristas y la deuda de la democracia.
Por Carla Perelló, desde Brasília | Foto: Lucas Martins para Midia Ninja
En Brasilia el viento suave que corre entre los enormes edificios no amilana el calor sofocante y seco. Tampoco se lleva con él las presiones que llegan desde Estados Unidos ni las que surgen desde dentro del Congreso Nacional. Nada para el calor, sino todo lo contrario. “Brasil demoró para conquistar la democracia. Tuvimos 20 años de dictadura, no es posible normalizar volver a esos años oscuros de la historia”, sostuvo el ministro relator del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Alexandre de Moraes pronunció esas palabras al dar a conocer el primer voto en favor de la condena en el marco del juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro -apuntado como líder- y siete de sus aliados por cinco crímenes contra el estado democrático de derecho. A él, se le sumó el ministro Flávio Dino y sólo faltan tres de cinco para pronunciarse.
Mientras tanto, la rosca está a la orden del día y atraviesa las paredes del legislativo nacional con la abierta injerencia de Estados Unidos, que impuso tasas de más de 50% a los productos brasileños porque el mandatario Donald Trump consideró que su aliado -el expresidente- es víctima de una “cacería de brujas”. Al mismo tiempo, bolsonaristas pujan por una ley de amnistía, mientras que aliados del Gobierno petista le bajan la expectativa.
La acción penal está a cargo de los cinco magistrados de la Sala Primera del STF: De Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. Este martes ya se conocieron dos votos a favor de los tres que se necesitan para que los ocho acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) sean condenados. Todos señalados por ser considerados parte del “núcleo crucial” de la tentativa del golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión.
Los acusados y la acusación
Alexandre Ramagem, diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN);
Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina;
Anderson Torres, exministro de Justicia;
Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional;
Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro;
Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa;
Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.
Todos, excepto Ramagem, van a juicio por cinco crímenes acusados por la PGR de:
- liderar una organización criminal armada
- tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho
- Golpe de Estado
- Daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión
- Deterioro del patrimonio histórico
En el caso de Ramagem, se suspendió parcialmente la acción penal por considerar que el bolsonarista tiene inmunidad parlamentaria contra los hechos ocurridos después de haber asumido como diputado, que son los delitos de daño y deterioro del patrimonio histórico. El proceso sobre los demás está vigente ya que sucedieron antes de que asumiera.
Votos de De Moraes y Dino y la divergencia de Fux
El magistrado estrella de la Corte, quien en las calles se ganó el apodo amistoso de Xandão, habló durante más de cinco horas, desde las 9 hasta pasadas las 14. La primera interrupción llegó a los siete minutos de su discurso por parte del juez Fux cuando rechazó los planteos de las defensas respecto a la naturaleza procesal del caso. El tercero en la lista de votación planteó que en su votación ratificará su desacuerdo con ese punto, ya que considera que el juicio debería haberlo llevado adelante el pleno de la Corte conformado por once ministros.
Salvado ese punto, De Moraes estructuró su discurso en torno a las pruebas y a las acusaciones, que mostró y leyó. En cada punto insistió en que hubo una organización criminal, que los acusados usaron las estructuras del Estado para cometer los crímenes y que lo que intentaron fue un golpe de Estado.
“El líder de la organización con el cargo de líder y jefe de Estado (Bolsonaro) criminal se unió a individuos de extrema confianza para la realización de un golpe de Estado y para perpetrar la ruptura de las instituciones democráticas”, apuntó sobre el plan que, considera, comenzó en julio de 2021 y contó con la escritura de la minuta del golpe, reuniones de Bolsonaro con sus aliados y con embajadores para deslegitimar el sistema de votación, una acción que tuvo su pie en las redes sociales con la difusión de fake news.
“Los acusados practicaron todas las infracciones penales imputadas por la PGR en concurso de agentes en concurso material”, sintetizó al cierre de su veredicto, en tanto que la cantidad de años que pedirá para cada uno de los acusados se sabrá recién el viernes. Sobre Bolsonaro, en tanto, sostuvo que ejerció como líder de la organización criminal. Un plan que tenía entre las posibilidades el asesinato del actual presidente, el vice y el ministro relator Luiz Inácio Lula da Silva, Gerardo Alckmin y De Moraes, en lo que se conoció como “Plan Puñal Verde-Amarillo”.
A De Moraes le siguió Dino, ex ministro de Justicia del gobierno lulista, que se encargó de echar por tierra la posibilidad de una amnistía. “Este tipo de crímenes no son susceptibles de amnistía”, apuntó Dino.
El ex ministro de Justicia justificó su voto en poco más de una hora, descartó las cuestiones procesales y consideró que “no hay la menor duda de que hay distintos niveles de responsabilidades”. A continuación hizo la separación y se diferenció de De Moraes: Bolsonaro y Braga Netto con “culpabilidad bastante alta”; y Garnier Torres y Cid en el siguiente escalón, con la posibilidad de beneficios al ex capellán por haber aportado pruebas y testimonios.
Sobre Sergio Nogueira, Heleno y Ramagem dijo que tuvieron “una participación de menor importancia”. Sobre Ramagem marcó que salió del gobierno bolsonarista en marzo de 2022; y sobre Heleno que no participó de las reuniones para la planificación del golpe. Mientras que Nogueira participó “hasta cierto punto”.
En contexto: la investigación y la posición de las defensas
Tras más de dos años de investigación de la Policía Federal, el pasado 2 de septiembre comenzó el histórico juicio: es la primera vez que un exmandatario y jefes militares son juzgados por un tribunal civil por el intento de golpe de Estado que tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023. No sucedió ello con los criminales que estuvieron al frente de la dictadura militar-empresarial, ni contra quienes llevaron adelante el golpe “blando” de 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff.
La acusación
A Bolsonaro se lo acusa de ser el líder de la organización criminal que articuló reuniones en el Palacio de la Alvorada, editó la minuta y presionó a militares para atentar contra la soberanía popular. Podría decirse que todos ellos están en el banco de los acusados, pero lo cierto es que ninguno de ellos hizo presencia en la Sala Primera del STF, sino que todos siguieron el desarrollo del juicio desde sus casas.
La posición de las defensas
Durante las sesiones de la semana pasada, las defensas expusieron sus posiciones: todos negaron la participación de sus defendidos en el plan de golpe de Estado que la investigación sugiere que comenzó en 2022, mucho antes de las elecciones con la deslegitimación de las instituciones electorales.
Los que más complicaron la posición del expresidente fueron las defensas de Heleno, que sostuvo que el ex jefe de Seguridad Institucional estaba “alejado” de Bolsonaro. La de Nogueira, en tanto, afirmó que el ex jefe de Defensa intentó que Bolsonaro “desista” de la tentativa golpista.
La presión por una amnistía con la actuación estelar de Estados Unidos
En paralelo al juicio la rosca se mueve para todos lados: al mismo tiempo que comenzó el proceso la semana pasada, bolsonaristas pusieron manos a la obra. Los protagonistas de la obra son los senadores Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) y Sergio Moro (ex ministro de Justicia). En la Cámara de Diputados se lleva adelante el mismo movimiento con los líderes del Partido Liberal -al que pertenece bolsonaro-. Todos ellos exigen una ley de amnistía, igual que lo manifestaron unos miles de sus seguidores el pasado domingo cuando salieron a las calles paulistas con una enorme bandera de Estados Unidos para ¿festejar? el Día de la Independencia brasileña.
Son dos las propuestas que circulan, una del PL y otra que propone negociar el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Partido Unión), a la que llaman “light”. La primera, beneficiaría tanto a las más de 620 personas ya juzgadas por los actos golpistas del 8 de enero, como a la cúpula que acompaña a Bolsonaro y al mismo exmandatario. Incluso le devolvería sus derechos políticos retirados por el Supremo Tribunal Electoral hasta 2030 por haber puesto en duda a las instituciones electorales.
Una de las figuras de ese encuentro fue el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien apoya a Bolsonaro. Hasta ahora había procurado no radicalizarse demasiado, pero no aguantó: adoptó una posición totalmente diferente en lo que parece ser su apuesta para las elecciones presidenciales de 2026 para defender una amnistía “amplia e irrestricta” y hasta prometió el indulto para el exmandatario. “Motta (el presidente de la Cámara de Diputados, que parecía estar aliándose a los bolsonaristas) se sintió incómodo, lo que la semana pasada estaba acordado, esta semana, ya no”, sostuvo en off un legislador cercano al gobierno.
El STF, en tanto, ya dejó trascender que la propuesta del PL es inconstitucional, ya que no es posible amnistiar crímenes contra la democracia, mientras que la otra está en veremos.
La presión de Trump
Al mismo tiempo, el Gobierno de Lula lidia con una crisis diplomática sin precedentes tras las amenazas de Trump, que este fin de semana volvió a la carga acusando al ex líder metalúrgico de “radicalizarse” y reconoció que fue por eso que aplicaron tarifas de hasta el 50%. Para responder, el Gobierno actúa en conjunto con bufetes de abogados en Estados Unidos para accionar en cortes locales, junto con empresarios y diplomáticos, así contrarrestar el lobby realizado por otro de los hijos del expresidente, el diputado en licencia Eduardo Bolsonaro.
La idea es, justamente, presionar para conseguir la amnistía de Bolsonaro. Por el momento, los miembros del Poder Judicial prestan testimonio en el juicio histórico en favor de la autonomía y la soberanía de la mayor democracia de América Latina.