La Audiencia Nacional española juzgará a cuatro independentistas gallegos, bajo la imputación de “pertenencia a banda armada”.
Están siendo juzgados estos días, en la Audiencia Nacional española, cuatro independentistas gallegos, después de año y medio en prisión preventiva bajo régimen cerrado, dispersados por diferentes cárceles del Estado español, a un promedio de 780 km de Galiza. Están acusados de tener relación directa con diferentes sabotajes que, desde hace más de una década, se vienen produciendo en la región, como expresión armada de resistencia al dominio español.
A Eduardo Vigo y Teto Fialhega se les imputa el transporte y almacenamiento de artefactos explosivos y falsificación documentación oficial, mientras a Antom Santos y a Maria Osório se les acusa de falsificación de documentos. La policía española ve en estos delitos indicios de pertenencia a una organización que practica la lucha armada. Eduardo y Teto se enfrentan a una petición de 20 años de prisión, mientras que para Maria y Antom es de 12 años.
Las penas exigidas son muy elevadas si las comparamos con crímenes que se sancionan de manera similar. Teto Fialhega y Eduardo Vigo se enfrentan a una pena de cárcel equivalente a una condena por asesinato con ensañamiento (de 15 a 20 años según el art. 139 del Código Penal). A Maria Osório y Antom Santos la pena de cárcel que se les imputa equivale a una condena por violación (de 6 a 12 años según el art. 179 del CP).
Consecuencias de una condena por “pertenencia a banda armada”
La fórmula de “pertenencia a banda armada” es la herramienta jurídica que la legislación de excepción española creó para castigar, de forma especialmente severa, la utilización de la violencia política. Sin embargo, la resistencia violenta a la represión de España no tiene como protagonista una organización que reclame para sí el monopolio de la respuesta armada en Galiza.
En la última década, las medidas de corte neoliberal han provocado descontento, movilización y protestas populares, que los gobiernos españoles han intentado contener a través del endurecimiento de su aparato represivo, en una acción policial, judicial y propagandística conjunta. Por ello, en un momento en el que la institucionalidad está cada día más deslegitimada, la Fiscalía quiere aplicar la máxima severidad de su Código Penal (CP), aunque que para eso tenga que distorsionar la realidad. El gobierno prefiere forzar la realidad para hacerla entrar en el actual CP, y no modificar el CP para adaptarlo a la situación de la lucha gallega (algo que hizo en el País Vasco).
Si son condenados por pertenencia a banda armada, el Reino de España abriría la puerta en Galiza a la aplicación de los artículos más duros de las legislaciones antiterroristas y, por lo tanto, a la criminalización e ilegalización sistemática de colectivos y organizaciones que para el Estado fuesen sospechosos de colaborar con la “banda armada”.
En la misma situación otros seis independentistas esperan juicio, dos están en prisión preventiva y cuatro en libertad provisional.