El jueves 19 de agosto, la Legislatura porteña aprobó el megaproyecto inmobiliario del grupo IRSA para construir torres en el acceso al río de la Costanera Sur. Entrevista a Jonathan Baldiviezo, abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini / Foto de Agencia Télam
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El jueves 19 de agosto, la Legislatura porteña aprobó el megaproyecto inmobiliario del grupo IRSA para construir torres en el acceso al río de la Costanera Sur. Bastaron dos plenarios de comisiones para que, en un tratamiento express, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pueda avanzar con otro negocio de sus empresas amigas. ¿Quiénes acompañaron esta nueva entrega? Vamos Juntos, UCR-Evolución y el Partido Socialista. El Frente de Todos y el Frente de Izquierda votaron en contra.
Marcha dialogó con Jonathan Baldiviezo, abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo.
¿En qué consiste el proyecto que se aprobó?
Es un convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el grupo IRSA para construir un nuevo barrio porteño, un nuevo Puerto Madero en un predio que se conoce como la ex ciudad deportiva La Boca. Ubicado frente a Puerto Madero, al lado de la reserva ecológica de la Costanera Sur. En ese predio, que actualmente es un humedal, uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad de Buenos Aires, quieren construir decenas de torres de 145 metros de altura, un nuevo barrio que va a tener una capacidad constructiva de 900 mil metros cuadrados, es decir, tendrá una densidad constructiva superior a la de Puerto Madero.
En ese sector el impacto ambiental, tanto por el humedal como la reserva ecológica que está allí, será muy grave. Por otra parte, se viene a consolidar un hecho histórico de la tierra pública de la Ciudad de Buenos Aires, porque estos eran predios que pertenecían al Estado nacional. En 1989, en los primeros meses del gobierno de Menem, se vota en el Congreso una ley donde se les regala estas tierras al Club Atlético Boca Juniors para que la destinen a una ciudad deportiva que nunca se terminó de construir. además, se autorizó al club a venderlo a un tercero.
Imaginemos que el gobierno actual le regale a un club deportivo 70 hectáreas, 70 manzanas, y que además lo autorice a vender esas tierras a un tercero, sin que los porteños y porteñas recibamos un peso a cambio. Así nos despojaron de 70 hectáreas, sin nada a cambio, con la excusa de que se tenía que hacer un club social y deportivo, etcétera, pero esas tierras terminaron en manos de IRSA y ahora IRSA, que compró esas tierras baratas porque justamente no se podía construir un proyecto inmobiliario, viene a solicitar a la Legislatura que le aprueben el convenio para poder construir este mega emprendimiento inmobiliario. Las ganancias para IRSA, con solo la aprobación, van entre 1000 y 1500 millones de dólares. Esa cifra sería un tercio del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, con la votación de la ley, una empresa va a ganar un tercio del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en capitalización de valores inmuebles. Un negocio extraordinario y desorbitante.
Un negocio que no existe, porque no surge de inversiones o de una actividad productiva, surge de comprar tierra pública barata y solicitar luego, en el gobierno de turno, los cambios normativos que le permitan incrementar su valor 30 o 40 veces más. Ese dinero lo que explica es que a la clase política que nos gobierna no le importa que esté el humedal, no le importa perder ese sector de la Costanera que la Constitución dice que tiene que ser pública y de acceso y uso común de todos los porteños y todas las porteñas.
Además, también hace que la Legislatura le dé máxima prioridad y un tratamiento VIP y exprés. Si no fuera por un juez que intervino, suspendiendo por algunas semanas el trámite, este se habría aprobado en solo dos semanas de discusión. Terminó demorando un mes, que también en una ridiculez, pero en dos semanas se habría aprobado este proyecto.
Cuando uno va a ver los estudios técnicos que, en cierta forma, justifican este proyecto, se encuentra con un informe de 19 páginas. 5 de ellas son marco normativo, el resto son hojas a simple faz con fotos. Es decir, una verdadera vergüenza que demuestra la impunidad inmobiliaria de que ni siquiera se esfuerzan para cumplir la formalidad de hacer los estudios para avanzar en estos emprendimientos. Recordemos que no es un edificio lo que está autorizando. Son 24 hectáreas, un barrio en plena costanera sobre un humedal. Deberían por lo menos haber dibujado algunos estudios más complejos y no lo hicieron porque justamente saben que las ganancias que va a traer la empresa, va a poder permitir repartir apoyos electorales y otro tipo de cuestiones, va a permitir el aseguramiento de los votos como ha sucedido el jueves pasado en la Legislatura.
¿Quiénes están detrás del Grupo IRSA? ¿Tienen otro contacto o trabajo que hayan realizado con el Gobierno de la Ciudad?
El presidente de IRSA es Eduardo Epstein y tiene contacto tanto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como con el gobierno nacional. Para ejemplificar, es la personificación del modelo extractivista en nuestro país ya que el grupo IRSA es el máximo terrateniente urbano del país, tiene la mayoría de los shoppings en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. También es el mayor productor y explotador de campos a través de su empresa Cresud. Tiene megamineras de oro y, por otra parte, tiene la presidencia el dueño del Banco Hipotecario que administra los PRO.CRE.AR a nivel nacional.
Es decir, tiene ramificaciones en inmobiliarios, en agronegocios, en la megaminería y en la cuestión financiera de créditos que tiene un banco. Es un monstruo muy poderoso de la Argentina que tiene ramificaciones políticas y apoyo por todas partes. El hermano de Rodríguez Larreta era uno de los directores de IRSA, encargado de relaciones públicas. Andy Freire, que fue cabeza de lista del PRO, también era director y empleado del grupo IRSA, así que no resulta llamativo que el grupo tenga este tratamiento exprés en la Legislatura, cuando no se está discutiendo ningún tema esencial salvo este negocio inmobiliario.
Afortunadamente, hay un debate abierto en torno al medioambiente y en particular con los humedales. ¿Qué riesgo implica este proyecto teniendo en cuenta la cercanía con la reserva ecológica?
En primer lugar, es el costo de oportunidad que estamos perdiendo. El domingo pasado hicimos una gran bicicleteada y abrazo a la Costanera Sur. Como fue un día muy lindo, la Costanera explotaba. Con la pandemia no hay un acceso tan libre y está más limitado el ingreso a la reserva, la gente hacía cola porque se sobrepasaba el cupo de ingreso. Eso nos lleva a pensar que ya la reserva ecológica ni siquiera alcanza para los habitantes de la Ciudad, que en vez de construir torres deberíamos estar pensando en cómo estos humedales anexarlos a la reserva, transformarlos en más espacio verde, transformarlos en una reserva y así podamos seguir disfrutando la ciudadanía a la costanera.
En vez de eso, lo que están haciendo es rodear de torres la reserva, que también recordemos que siempre ha sido un espacio muy reclamado por el sector inmobiliario. Con la excusa de “urbanizar” el barrio popular Rodrigo Bueno, se animaron a sacarle casi 6 hectáreas a la reserva ecológica. Se dijo que era para darle al barrio una ayuda social pero ya demostraron que la reserva ecológica no es intangible, por más que sea uno de los humedales con mayor protección a nivel mundial por ser un sitio Ramsar. Ya demostraron que le pueden sacar 6 hectáreas sin que la ciudadanía genere una revuelta.
Y por esas cosas uno siempre también piensa, ¿cómo puede ser que el gobierno haya dejado hace tanto tiempo crecer un barrio popular en plena reserva? Justamente, tiene que ver con que utilizan estos fines medios humanitarios o sociales para ir a sacarle suelo a la reserva.
Así como vimos que para despojarnos de estas 70 hectáreas usaron un club, en este caso utilizaron un barrio popular para ir sacandole hectáreas a la reserva. Además de eso, se la rodea de edificios y eso obviamente genera impactos a nivel de inundaciones, porque este proyecto no se va a construir sobre la costa actual, seguramente se haga sobre una costa más elevada, generada a través del relleno de los suelos, y genere impactos de ruidos con la reserva, que por ley es uno de los sectores que debe estar con menor impacto sonoro para proteger la biodiversidad, el derecho del silencio.
La naturaleza necesita de ciertos silencios porque cualquier distorsión o incremento de los ruidos genera impacto sobre las plantas y los seres vivos de ese lugar. Acá se va a instalar todo un barrio justo al lado de la reserva, incluso el presidente de IRSA está pensando en que haya un puente que una la reserva con su nuevo barrio. Una visión más de considerar que la reserva sea el patio trasero de ese proyecto inmobiliario.
La Ciudad avanza con este proyecto, aliado del intento de terminar de privatizar Costa Salguero, el megaproyecto comercial en el Hipódromo. Por el contrario, parece distar mucho de solucionar el déficit habitacional que hay en la Ciudad. ¿Cómo analizas esta relación?
Tenemos una gestión de gobierno que solamente está preocupada en el saqueo de lo público y en ir estableciendo nuevas rentabilidades a la especulación inmobiliaria a través de excepciones a la planificación. En esta mirada no resulta nada sorprendente la situación de emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera se animan a declararla, no es que no se toman medidas sino que tampoco se reconoce el problema.
La Legislatura y la gestión del gobierno se manejan como si la ciudad no estuviera viviendo una crisis sanitaria, una crisis habitacional ni una crisis ambiental. Siguen vendiendo espacios verdes. Hace un par de semanas comenzaron a rematar parcelas del Parque de la Ciudad.
En medio de esta pandemia el gobierno sigue rematando parques, sigue parcelando parques, algo inconcebible, y no nos sorprende que tampoco esté abordando la cuestión habitacional. No hay ni siquiera demandas de viviendas suntuosas. Es decir, en el sector rico de la ciudad no hay una demanda insatisfecha, porque vemos que Puerto Madero está casi vacío.
Lo que sí vemos es que hay una demanda de los sectores concentrados de dónde destinar el dinero del lavado, el dinero del blanqueo. Recordemos el blanqueo que se hizo el año pasado, tenía como una de sus condiciones que sea destinado a emprendimientos inmobiliarios. El blanqueo no puso restricciones de que ese dinero vaya a viviendas sociales o equipamiento urbano. Ese blanqueo puede ir a cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario. Bueno, justamente la mayor cantidad va a ir este nuevo emprendimiento del grupo IRSA.