Segunda entrega de la entrevista a Jesús Santrich, comandante de las FARC-EP y ex-congresista de Colombia. Su mirada sobre el Acuerdo de Paz y el rol de los Estados Unidos en la disputa territorial del narcotráfico.
Por Sasha Yumbila Paz
¿Cómo valoran al sector de las FARC que sigue actuando bajo los Acuerdos de noviembre de 2016?
Tengo valoraciones segmentadas y diferenciadas, porque los integrantes del Partido de La Rosa ya no son un conjunto con identidad o unidad ideológica y política; hay sectores y tendencias claramente definidas. Pero iniciaría diciendo que lo primero que habría que resaltar es que el Acuerdo de Paz, más allá de la traición que sufrió por parte de la institucionalidad y de un sector tolerante dentro de las FARC convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ofreció una posibilidad de cambio para encontrar la paz con justicia social, o que pudo al menos servir de base para tal propósito, que concitó la voluntad de millones de personas que en Colombia le apostaron a tal alternativa y la de millares de guerrilleros que de buena fe también creyeron en tal camino, y lo emprendieron y todavía persisten en la disputa por hacer realidad los objetivos que se trazaron en cuanto a superación de la miseria, la desigualdad y la exclusión política, sobre todo. Tengo el convencimiento de que la mayoría de los compañeros y compañeras que continúan actuando de manera obstinada en función de los Acuerdos de 2016, lo hacen creyendo, contra cualquier adversidad, en la honrosa y necesaria tarea de la construcción de la paz democrática y de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que agobian al país, y lo hacen creyendo además en la necesidad y posibilidad de la solución política del conflicto que se ha repotenciado con las nuevas y antiguas insurgencias que persisten en el alzamiento armado ya sea por cuenta de la traición o perfidia institucional respecto al pacto de La Habana o simple y llanamente porque las causas que generaron el conflicto no han sido superadas.
En el recorrido de las FARC como organización insurgente alzada en armas, lo hemos dicho públicamente, quienes retomamos o continuamos tal camino tenemos un largo tramo de común historia de aciertos y desaciertos, de coincidencias y contradicciones, de sacrificios en búsqueda de ideales en torno a los que nos hemos identificado y que seguramente todavía nos hacen coincidir con la mayoría de la militancia de la Fuerza Alternativa, y por ello y por lo primero que expresé para responder a esta pregunta, independientemente de las razones de orden ideológico o político que en cuanto a la definición de vías y formas de la revolución nos distancian, son más las que nos dan identidad, y mucho más grandes son los sentimientos afectivos profundos que no dependen propiamente de los rumbos que tome la acción política, o las decisiones caprichosas de algunos pocos dirigentes que torcieron el camino, se desinteresaron de sus propios viejos compañeros de armas y de la militancia de base en general, además de que se embarcaron en la triste y deplorable empresa de repetir las mentiras difamadoras de los enemigos de todo proceso revolucionario que pululan en el Establecimiento, en el Bloque de Poder Dominante y en ciertos sectores oportunistas que se camuflan tras posturas supuestamente consecuentes.
Al respecto, entonces, diferencio a las bases militantes, excombatientes o no, de personajes oscuros como Timoleón Jiménez y de Carlos Antonio Lozada que han sobresalido como renegados o apóstatas de su antigua condición de guerrilleros comunistas, y en su nuevo papel de charlatanes dedicados a denostar o denigrar de la dirigencia del proyecto político FARC-EP (Segunda Marquetalia), y de las insurgencias en general, usando las mismas calumnias rastreras de nuestros enemigos del régimen, sobre todo con la manida acusación de que somos narcotraficantes y no luchadores políticos, o la acusación de haber sido quienes “desertamos de la paz”, como si ignoraran nuestras razones fundadas en la perfidia institucional y, sobre todo, desconociendo los esfuerzos que quienes hoy volvimos a la lucha armada hicimos por sacar adelante el acuerdo, o por lograr la liberación de nuestros prisioneros, o la concreción de los proyectos para la reincorporación y para las trasformaciones sociales urgentes, etc.
En esto entonces, nosotros no cuestionamos a quienes han creído siempre, o han optado ahora, por la lucha legal, pero sí estamos obligados a dar el debate a quienes absolutizando ese camino se erigen en sensores de nuestra lucha, cuestionando o descalificando a quienes siguen admitiendo como legítimo el derecho a la rebelión armada, sobre todo si los cuestionamientos los hacen por derrotismo, o por haber hecho un giro hacia la derecha, y en consecuencia decidieron desconocer las circunstancias de terrorismo de Estado que sigue padeciendo Colombia. Otra cosa es que por convencimiento o por táctica y estrategia política se asuma la determinación de hallar nuevos caminos y emprender la marcha por ellos, lo cual también es válido y tiene su mérito para cualquier Partido.
Estados Unidos intentó en 2019 extraditarlo, pero la defensa que hubo de la JEP impidió tal pretensión, ahora vuelven al ataque ofreciendo una recompensa por Usted y por Iván Márquez, ¿Por qué este ensañamiento en contra suya?
El ensañamiento no lo siento contra mí sino contra lo que represento como parte de un colectivo insumiso. En su momento, durante los inicios de la implementación, la persecución hacía parte del plan de según del uribismo “hacer trizas ese maldito papel”, es decir, el Acuerdo. Se trató de un atentado contra el proceso y de paso contra las posiciones de exigencia radical de cumplimiento de lo pactado sin plegarnos al orden establecido. Era una manera de someter cualquier rebeldía y abrir una puerta para cargar contra la dirigencia que estaba por una paz digna y no de sometimiento. Ir por mí era solamente el principio de una ofensiva contra una línea política de no claudicación, la cual no ha cesado y se mantendrá porque es parte de una lucha de posiciones antagónicas irreconciliables entre revolucionarios, comunistas, y una oligarquía recalcitrante que sigue las directrices de un imperio decadente, de doble moral y depredador como el yanqui, que no escatimará esfuerzos para calumniarnos, perseguirnos y destruirnos, no solamente a mí, sino también al camarada Iván Márquez, a Oscar Montero, a Édison Romaña, a Aldinéver Morantes, etc., etc.; es decir, a la dirigencia revolucionaria de la Segunda Marquetalia, y a todo aquel que tenga posiciones anticapitalistas o antiimperialistas, ahora o después.
El ensañamiento es contra las posiciones y acciones dignas, a las que consideren que no atienden a sus líneas de subyugación y se resisten a su hegemonía, sean individuos, organizaciones, pueblos o naciones, tal como ocurre, por ejemplo, contra Venezuela y Cuba.
Se dijo en su momento que los EE.UU habían acompañado el Proceso de Paz con las FARC, pero ahora Trump impone la fumigación con glifosato y sepulta el punto cuatro “Solución al problema de las drogas ilícitas” conocido por las comunidades como la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito; también acaba de enviar tropas de la SFAB a las Zonas de Futuro, con lo que arrinconan los PDET, ¿Los EEUU han traicionado ese acompañamiento o conspiraron desde el principio contra el Proceso de Paz?
No creo que los Estados Unidos hayan traicionado nada. Lo que hacen es de su naturaleza, como sistema hegemónico o como imperio. Nosotros aceptamos su presencia en la Mesa de Conversaciones porque de una u otra forma sentíamos que el dueño de las marionetas ponía ahí su representante y eso podía llevar nuestras posiciones, sin intermediación, hasta el oído del gobierno estadounidense que está como protagonista de primer orden en la confrontación en Colombia. Y en cierta forma creíamos en que habría más posibilidad de que en algún momento se podría lograr la liberación de Simón Trinidad hablando directamente con tal representación. Pero lo cierto, es que ese personaje que estuvo en La Habana durante los diálogos, lo que hacía era presionar celeridad de las conversaciones y terciar contra la insurgencia en todo momento. Nunca hubo ningún compromiso claro de apoyo al conjunto del Acuerdo. Por ejemplo, en lo que respecta al Acuerdo parcial sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, sus viejos y desacreditados lineamientos de “guerra contra las drogas” estuvieron presentes como una constante, pendiendo como espada de Damocles en los debates entre Gobierno y FARC, de tal forma que aunque nuestra exigencia de nueva política de sustitución de cultivos y de persecución de la comercialización pero no de los campesinos, se plasmó en el Acuerdo, el establecimiento -por exigencia de los gringos-, mantuvo sin nuestra aquiescencia, y eso es una salvedad que dejamos, tanto las fumigaciones como la erradicación. Es decir, nunca los yanquis establecieron ningún compromiso de apoyo al cumplimiento de lo que se acordó. Ni siquiera procedieron a quitar de la lista de organizaciones terroristas a las FARC, ni cumplieron con la promesa de liberar a Simón Trinidad injustamente condenado por tribunales estadounidenses.
Estados Unidos en esta materia del narcotráfico es el ladrón gritando cojan al ladrón. Y siendo los gringos los principales consumidores, traficantes y beneficiarios de esta economía de un macro negocio capitalista, está claro que existen diversas estructuras de criminalidad que en un segundo nivel se disputan el acceso a los recursos y el control del territorio, agregando que las relaciones sociales que dependen de tal macro-negocio tienen dimensiones corporativas, transnacionales que al lado del negocio capitalista generan procesos de acumulación por despojo que se concretan mediante violencia en modo de desplazamiento forzado, destrucción de procesos organizativos de las comunidades, persecución y asesinato de sus dirigentes, etc. Lo cual convierte a EEUU en victimario principal del conflicto, totalmente impune.
Estados Unidos tolera en la dimensión de sus conveniencias, las relaciones de articulación y coordinación con poderes políticos y económicos regionales y locales mafiosos y violentos existentes, con la institucionalidad, con las ramas del poder público, con los gobiernos locales y la fuerza pública, estableciendo estructuras de dominación que son las que moldean y mantienen el orden social establecido, el sistema y su dinámica contrainsurgente, de terrorismo de Estado, que incluye la financiación y organizan organización de estructuras paramilitares, orientado al control pleno, estratégico, de los territorios y de sus recursos, dando un orden de dominación que victimiza a las comunidades, precarizando sus condiciones de vida, y las empuja hacia las economías ilegales y al círculo de violencia que se desencadena.
Concomitantemente se aplican las políticas de “orden público” y “seguridad”, no las de soluciones sociales. Y se aplican para ejercer también control político mediante la puesta en marcha de la llamada “legalidad”, que en sí es la conjugación de la fuerza del Estado, de su aparato judicial como instrumento de represión, combinado con sus aparatos policiales y militares con una concepción, la vieja concepción, del “enemigo interno”, que trata los problemas eminentemente sociales como problemas de “seguridad nacional”, que se deben aplastar porque se consideran amenaza contra el sistema. Entonces las comunidades rurales terminan siendo, eso, amenaza y enemigos del sistema, y por tanto objeto de tratamiento militar que es como se conciben, realmente, limpiando los eufemismos y maquillajes, en el plan “Paz con Legalidad”, en el “Plan Nacional de Desarrollo”, y especialmente en los planes que están diseñados para adelantar en lo que han dado en llamar de manera rimbombante las “Zonas Futuro” o “Zonas Especiales Estratégicas de Intervención Integral” ubicadas en Nariño, Bajo Cauca , Catatumbo, Arauca, sur de Córdoba y algunos Parques Naturales, configurando la reedición de la “seguridad democrática” y del “Plan Nacional de la Consolidación Territorial” que sirvieron a Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos para intensificar la guerra. Tal política la están haciendo coincidir incluso con los territorios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), cuando estos habían sido pensados para impulsar la implementación de la paz y no la conjugación de más guerra.
En este contexto y para tales propósitos guerreristas, es que violando la soberanía nacional una vez más -porque recordemos que ya antes hay establecidas bases militares de control yanqui sin contar con la aprobación de Congreso- el gobierno del pelele Duque permite la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), con sus fuerzas especiales de ocupación del ejército de los Estado Unidos, pretextando la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué este nuevo capítulo de “guerra contra las drogas” los yanquis no lo despliegan dentro de sus fronteras?, ¿Por qué la “Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos” de Trump no la despliega para controlar su mercado interno de drogas, en vez de estar fustigando a Venezuela? A lo que asistimos es a nuevos escenarios de intervencionismo y de avance imperialista contando con lacayos como Duque Márquez.
Las diferencias internas dentro del sector de FARC llamado Partido de la Rosa siguen agudizándose, su cúpula expulsó a varios líderes, entre ellos a Fabián Ramírez y Andrés París, ¿No hubiera sido mejor tratar esas diferencias en la Conferencia que están próximos a realizar?
Siempre lo mejor respecto a cualquier diferencia es tratarla mediante el diálogo y en los espacios que existen para ello, o creándolos si no los hay. El problema se complica cuando existiendo estos espacios, se desconocen o se irrespetan, y si no los hay tampoco existe la voluntad de crearlos.
En el Partido de La Rosa resaltan déficits de origen en ambos casos, y fíjate que estas falencias se exteriorizaron desde los tiempos mismos en que avanzadas las conversaciones de paz en La Habana, Timoleón Jiménez como comandante, rodeado de un séquito que esencialmente lo constituían Carlo A. Lozada, Pastor Alape y otros elementos de menor incidencia y manejo, comenzaron a tomar decisiones como la de la entrega de las armas sin consultar con las bases guerrilleras. En adelante todo comenzó a tener esa característica, de tal suerte que la Décima Conferencia se convirtió en una simulación de espacio de discusión, y estos personajes secuestraron la democracia interna llevándola hasta extremos como el desconocimiento de las votaciones que ellos mismos impusieron en el Congreso Fundacional del Partido de La Rosa.
La sana crítica se comenzó a ahogar con ferocidad y peligrosa estigmatización y se generalizó la práctica de señalar como culpables de todo mal a quienes no coincidieran con el llamado punto de vista de la “oficialidad” del Partido de la Rosa, que no era otro que el punto de vista derechizado de los mencionados personajes. A los sectores críticos tanto de la conducción interna como de los incumplimientos gubernamentales, en el mejor de los casos se los tildó peyorativamente de radicales o se los acusó irresponsablemente de estar trabajando para las “disidencias” o “desertores”, a los que de paso se los etiquetaba de narcotraficantes para cerrar un círculo de criminalización que fácilmente podía culminar en judicialización.
La sensatez y la ecuanimidad perdieron espacio y todo el que divergiera era mal visto. Surgieron entonces los amanuenses encargados de verter nociva tinta en discursos de venenosa discordia, desconociendo, menospreciando, enjuiciando, calumniando, zahiriendo a todo aquel que no compartía o no coincidía con los preceptos, códigos, cánones, axiomas, fantasías, creencias o convencimientos de quienes escribían arrogándose la vocería de la “línea correcta” o expresando sus propios resentimientos y convencimientos.
Lo más suave que se le ha dicho a quien disiente es “desenfocado político”, o que “le faltó militancia”, o que “le faltó campamento o haber echado más tiros”. Terminaron olvidando que NO TODO LO ADVERSO ES ENEMIGO.
Los puntos de vista divergentes que distanciaron a la actual dirigencia de las FARC-EP, Segunda Marquetalia fueron sustentados oportunamente en instancias pertinentes, pero nunca fueron atendidos por quienes correspondía, y si a esto le agregamos el refuerzo de la traición gubernamental y la ojeriza de la facción Timo-Lozadista, los factores necesarios para la ruptura se completaron. Nosotros nos apartamos, no de la paz sino de su traición aleve, pero esto no paró la insensatez de esa dirigencia Rosa, porque continuaron atacando nuestra determinación y ampliaron el espectro de sus objetados hacía gente que no estaba en el plan de retomar las armas, pero que son revolucionarios probados como ocurrió con Alexandra Nariño, a quien descalificaron cuando formal, decente y amistosamente decidió retirarse del Partido de La Rosa porque ya no se sentía representada o identificada; y lo hicieron con diversos otros compañeros que decidieron no continuar en ese espacio. De tal suerte que la causa de las inquinas no necesariamente era, como en nuestro caso, la posición frente a la lucha armada. Así entonces, descalificaron a Sonia, a Andrés Paris, a Fabián Ramírez, a Martín Batalla y a tantas y tantos otros que no deben ser contados como personas sino como dirigentes y paradigmas que son de decenas, cuando no centenares, de militantes que les reconocen y les siguen como cuadros dirigentes; es un despropósito. Están defenestrando al Partido de La Rosa. Y valerse del instrumento de fastidiar a la militancia, o cerrarle los espacios del debate, la crítica y la autocrítica, y valerse del instrumento de la Comisión de Ética también para impedir el disentimiento como lo han hecho ahora contra algunos de los mencionados, y contra otros como Benedicto González, que es uno de los más brillantes cuadros de la izquierda del Caribe, agrava ese despropósito, ese absurdo, mostrando no solamente sectarismo e intransigencia, sino una inepcia absoluta de parte de algunos personajes de esa Dirección política, porque no creo que eso haya sido producto del consenso sino de las triquiñuelas ya de uso común entre la facción Timo-Lozadista. A no ser que la tarea que tengan sea precisamente la de acabar con ese Partido.
Esperar el Congreso es una ilusión. Estos problemas debieron abordarse hace muchos tiempo en el Concejo Político Nacional, pero lo triste es que ahí es donde impera la facción en mención, la cual nunca iba a propiciar convocar a la Asamblea Nacional de los Comunes a la que sustituyeron y anularon hace rato. Esa instancia dejó de ser funcional desde el momento mismo de su elección. Y si así es para ese nivel qué queda para el Congreso, o la Asamblea Nacional de los Comunes, la cual se debió reunir estatutariamente dentro de los dos años siguientes al Primer Congreso. Siempre se esgrimió una u otra excusa para aplazarlo. La última fue la de la pandemia. Esa les calló como anillo al dedo porque los aplazamientos los hacían debido a que la correlación de fuerzas les era adversa y por ello se han dedicado a aburrir, marginar o eliminar mediante expulsiones a quienes les pueda hacer contrapeso en el debate. Está claro que la estrategia que tienen es asfixiar económicamente a los Regionales que no se les plieguen, marginar a los militantes incómodos cerrándoles toda posibilidad de participación en los espacios de la reincorporación, expulsar a los que consideren un peligro y quedarse con el cascarón de la personería jurídica para manejar con ello las poquísimas prerrogativas del Acuerdo y la posibilidad de controlar totalmente la designación de los nombres para llenar las diez curules parlamentarias del 2022 al 2024. No veo otra meta, si se atiende a la desidia con que el Partido Fuerza Alternativa, con algunas excepciones, pero más concretamente ese sector Timo-Lozadista actúan en materia organizativa y de acción política. Agregando que los desaciertos de Timochenko en sus intervenciones son de antología. Se confunde con la derecha, pero con la más torpe. Y todo ello antes que evitar más rupturas y divisiones es lo que alienta la desbandada producto del proceder inconsecuente. Y no se ve que haya intención de asumir la autocrítica procediendo con nuevas actitudes que devuelvan la confianza a la militancia.
¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de los Acuerdos de noviembre de 2016 que firmó la FARC?
El Acuerdo fue producto del diálogo como política de la estrategia de lucha de las FARC. La salida política dialogada es un componente fundamental de nuestra visión estratégica para la construcción de la Colombia Nueva. En lo que no se podía convertir era en un instrumento de rendición, en una capitulación. Entonces el problema no es el diálogo ni la construcción de un Acuerdo, sino que tan pronto entablado este diálogo y construido un Acuerdo, este se distorsione hacia la claudicación o se incumpla. En el caso del Acuerdo de Paz de La Habana, a mi modo de ver, con excepción del capítulo referido a la dejación de las armas, lo demás constituye un conjunto de instrumentos muy útiles para la construcción de un nuevo orden social. Pienso que aparte de la dejación de armas convertida en entrega sin garantías tangibles, la otra gran falla estructural de ese Acuerdo, del que se hizo en La Habana, no del adefesio que se fue rehaciendo hasta que llegó al teatro Colón, es haber firmado esa dejación antes de debatir sobre la reincorporación, lo cual dejó este último capítulo sin la fuerza y las prerrogativas que debía tener para los excombatientes. Hay mucha precariedad en materia de soluciones sociales para los exguerrilleros, y todo aquello que se dejó solo para ser cumplido por fuerza del compromiso se esfumó, como el asunto de la tierra y la vivienda para los exguerrilleros.
En todo caso, reiteraría que el mayor problema del Acuerdo de Paz fue el incumplimiento gubernamental, porque de por sí y pese a sus déficit, este Acuerdo trazó un camino para la construcción de la justicia social, con una visión integral, de enfoque territorial para la habilitación de condiciones que permitieran superar la violencia política, contando sobre todo con las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y aunque las reformas que se plantearon no trascienden la naturaleza del capitalismo, establecen bases para la justicia social, la superación de la violencia estructural, y la apertura de la democratización política, económica, social y cultural, del país.
Al respecto de todo esto, hay aspectos muy específicos como la definición de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para 16 zonas marginadas del país, compromisos sobre formalización de la pequeña y mediana propiedad de la tierra o distribución de la misma, y otra serie de aspectos que ciertamente configuran un plan ambicioso de Reforma Rural Integral que desafortunadamente ha sido burlado por el gobierno, como han sido burlados los acuerdos sobre las 16 circunscripciones especiales territoriales de paz, aspectos de estímulo a la participación social y ciudadana, la puesta en marcha del sistema de garantías de seguridad para las comunidades en los territorios, lo acordado sobre medidas y acciones para los excombatientes, para el ejercicio de la política. Los acuerdos sobre “garantías de seguridad” y sobre la lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, etc. Todo eso no pasó de ser una redacción de compromisos, que ahora tiene el sello de que con el Gobierno nada está acordado aunque todo esté acordado, pues la perfidia es un hecho