Por Macarena Sévola
El viernes 2 de diciembre Plaza de Mayo, la emblemática plaza de la memoria, lucha y resistencia, se vio empapelada con los nombres y las fotos de numerosas personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. En este marco, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2016.
El informe realizado por CORREPI muestra que desde 1983 hasta la fecha el número de asesinatos en manos de las fuerzas represivas estatal es de 4960. De ese total, el 47%, mediante la modalidad de gatillo fácil, mientras que el 39% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, inclusive, en patrulleros. El 49% de estas muertes se trata de jóvenes de entre 15 a 25 años, y el 27%, de 16 a 35 años. Esto nos lleva a pensar que ser joven y ser pobre es la primera causa para morir en manos del Estado. De esa totalidad, 481 son mujeres, y en 291 casos se trata de femicidios. En estas tres décadas, 70 personas murieron en movilizaciones o protestas sociales. Es decir, que los distintos gobiernos democráticos desde 1983 no logran superar las prácticas represivas que continúan persistiendo dentro del aparato de fuerza estatal.
La dictadura cívico-militar instaurada en el 1976 que ejerció el terrorismo de Estado más brutal de nuestra historia no sólo dejó genocidas libres –muchos de quienes fueron juzgados incluso ahora gozan con la impunidad del derecho a la prisión domiciliaria–, sino que también dejó a toda una estructura policial (“maldita policía”, como suele mencionarse) que continúa persiguiendo a las y los jóvenes en los barrios, en las calles, e incluso desapareciéndolos día a día; se trata de esa misma policía cómplice del narcotráfico y las redes de trata que se llevan a las jóvenes de sus casas. Por eso continuamos insistiendo en que no se trata sólo de un policía, sino que es toda la institución la que abala y representa los intereses de las clases altas.
Una realidad que empeora
Los datos son concretos: durante el casi primer año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri lleva 259 muertes, una tendencia creciente de la represión en democracia, que se encuentra acompañada por distintas medidas impulsadas por el gobierno contra los sectores populares. De allí se desprende un dato alarmante: desde la asunción del gobierno de Cambiemos una persona es asesinada cada 25 horas, víctima de gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales, como Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.
A lo largo de estos 11 meses de gestión se instauraron en la agenda del gobierno diversas prácticas que permitieron acompañar el accionar violento de las fuerzas represivas y justificar el ajuste económico. Por ejemplo, el decreto de Emergencia en Seguridad y, en la misma línea, el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, conocido como “Protocolo Antipiquetes”. Ambas medidas no sólo llaman a las distintas fuerzas a llenar las calles de más cantidad de uniformados, sino que también viene acompañada de la criminalización de la protesta social y la censura de los medios de prensa. El accionar de diversos organismos populares y la masividad de las marchas impidió la eficacia del Protocolo Antipiquetes, que sólo se aplicó parcialmente en algunos sectores.
En este nuevo contexto, el gobierno macrista no distribuye los ingresos mirando al pueblo: porque no hay dinero existe una falta de trabajo, una suba de precios y de todos los servicios básicos, un recorte de presupuesto en políticas públicas, educación, vivienda y salud; pero a la hora de aumentar el presupuesto a las fuerzas de seguridad no escatima gastos.
La impunidad con la que cuenta la policía es siempre la misma, y sus prácticas no son aisladas, son más bien pensadas con un fin concreto el generar miedo, criminalizar a la juventud, criminalizar la pobreza produciendo, en colaboración con los medios masivos de comunicación, un estereotipo de pibe chorro, peligroso y que pretenden “erradicar” de la sociedad, encerrándolo en una cárcel o recurriendo a su asesinato.
Por eso desde las organizaciones sociales se continúa repudiando y denunciando el accionar de las fuerzas policiales, como también haciendo visible el encubrimiento de su accionar por parte de las autoridades tanto municipales como provinciales y poder jurídico. De eso se trató la Plaza poblada de gente y fotos y caras el pasado viernes… porque seguiremos en las calles dando a pelea con la lucha contra la impunidad y la represión, tanto de ayer como de hoy.