Por Ana Inés Cabral*. El ex intendente de la localidad de Salvador Mazza en Salta, Carlos Villalba, está acusado de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas. A pesar de la desmentida ante los medios, sigue su causa.
El Juzgado Federal N°2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, ordenó el llamado a indagatoria del ex intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza Carlos Villalba. El funcionario público, acusado de trasladar a dos mujeres con fines de explotación sexual, deberá declarar luego de reiterados pedidos del fiscal federal Eduardo José Villalba y sucesivas apelaciones presentadas por la defensa. En el caso interviene la Fiscalía Federal N°2 de Salta, a cargo de Eduardo José Villalba, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo.
La citación sucedió luego de sucesivas apelaciones presentadas por la defensa del ex intendente Villaba. La semana pasada, en una entrevista que brindó en un medio local, el ex funcionario público mintió y dijo que había sido sobreseído por la Justicia Federal en la causa y que la misma era una supuesta jugada política en su contra. Sin embargo, apenas dos días después, el juez ordenó el llamado a indagatoria.
El caso, la causa y la red del delito
La causa se inició el 29 de mayo de 2013, cuando personal de la delegación salteña de la Policía Federal tomó conocimiento de que en la provincia funcionaría una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con informes realizados por la fuerza, en la red intervenían remiseros de la terminal de ómnibus de la capital provincial dedicados a captar mujeres jóvenes y niñas para incorporarlas a la organización criminal.
Como consecuencia, el fiscal Villalba ordenó seis allanamientos en simultáneo en domicilios privados donde fueron rescatadas 70 mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, algunas de ellas menores de edad. Tras el allanamiento seis personas resultaron detenidas quienes serían los encargados de captar mujeres en situación de vulnerabilidad y trasladarlas al cabaret “Don Quijote”, ubicado en la ciudad de Salta, y “El Señor de la Noche”, situado en Calama, Chile.
En agosto de ese mismo año, los seis imputados fueron procesados, acusados de integrar una red de trata que operaba con conexiones en Jujuy y en Chile. En esa oportunidad, el juez ordenó la indagatoria del ex intendente de Salvador Mazza Carlos Villalba pero no se pudo concretar debido a que la orden fue recurrida por el imputado ante la Cámara Federal de Salta. El magistrado aceptó el recurso pese a la firme oposición del fiscal Villalba.
En la causa se investiga también la conexión de la banda con Bolivia y con Brasil, dado que los investigadores pudieron constatar que la hasta ahora identificada como líder de la red registra movimientos migratorios hacia esos países.
Constatar la esclavitud sexual
En el marco de las investigaciones en el que fueron allanados seis domicilios de Salta se constató que en tres de ellos funcionaban bares y confiterías nocturnas en donde se ofrecían servicios sexuales de mujeres, que incluía la posibilidad de la denominada “invitación de copa”. En otro funcionaba un prostíbulo clandestino que estaba a cargo de una de las mujeres detenidas y los restantes dos correspondían a domicilios particulares de donde se secuestró documentación.
En los allanamientos intervino personal de la Dirección General Impositiva junto con la AFIP, debido al surgimiento de inconsistencias fiscales entre los ingresos declarados por los titulares de los bares y confiterías allanados y el patrimonio por ellos adquiridos, como también previsionales. La hipótesis de la AFIP (que fue confirmada durante las pesquisas) sostenía que los imputados tenían trabajadores y trabajadoras en relación de dependencias no declaradas y que hacían ejercer la prostitución a mujeres, de dónde obtenían un rédito económico que obviamente no era declarado al fisco.
La mayoría de las mujeres que se encontraban en los inmuebles registrados no tenían sus documentos de identidad y que casi todas dijeron que los habían perdido. Sin embargo, mediante la intervención de integrantes de la Fundación María de los Ángeles se pudo constatar que los documentos se encontraban en poder de los dueños de los locales.
*Periodista de fiscales.gob.ar