Las lógicas patriarcales y racistas son parte estructural del sistema de justicia en Argentina y en cada provincia tiene nombres que le representan. Es el caso del Juez de Instrucción Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi, de quien en los últimos días circuló un video en donde dice “negros de mierda” a unos menores e intenta pelearse a los puñetazos con ellos. Un perfil del hombre que liberó al femicida de Micaela.
Por Santiago Joaquín García
Algún desprevenido podría pensar que esto es hacer leña del árbol caído. Grave error: los árboles de la justicia entrerriana nunca se caen. Se sostienen entre sí. Además, si bien este texto habla sobre el hombre que dejó en libertad a Sebastián Wagner, uno de los asesinos de Micaela García, su objetivo es dejar en claro que su forma de actuar es la costumbre dentro del único poder que está al margen de cualquier tipo de control y que representa un peligro latente para la democracia.
Carlos Rossi: un derrotero ejemplar
El viernes 1° de julio de 2016 el Juez Carlos Rossi decidió liberar a Sebastián Wagner, más de dos años antes de que concluya su condena por dos violaciones cometidas en julio y noviembre de 2010. Desde el 1° julio de 2011 estaba preso, tras un juicio abreviado en el que había reconocido ambos hechos. Sin embargo, a Wagner se lo acusaba de haber cometido una tercera violación, meses antes, en mayo de ese mismo 2010.
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La sentencia de liberación dictada por Rossi contiene una objeción del fiscal Lisandro Beherán, quien destaca los informes desfavorables tanto del equipo técnico de la Unidad Penal como del equipo interdisciplinario del Juzgado. Ambos remarcan la falta de reconocimiento por parte de Wagner del daño causado y de la libertad sexual de las personas. A su vez, remarcan como un potencial peligro su adicción a la cocaína. Señalan su impulsividad, su falta de compromiso con las ofertas educativas de la Unidad Penal y recomiendan que, hasta tanto se resuelvan estas irregularidades, continúe sólo con salidas transitorias.
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Dentro de la sentencia de libertad condicional, Rossi le impuso a Wagner que se abstuviera “de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”, cosa que ya se había informado que no podía. También lo emplazó a “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones”. Finalmente, dictaminó que debía presentarse una vez por mes ante el Patronato de Presos y Liberados de la ciudad de Gualeguay.
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Menos de un año después, Sebastián Wagner, secuestró, violó y cometió el femicidio de Micaela García
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Todas y todos los funcionarios de todos los partidos criticaron al Juez Carlos Rossi, responsable de la prematura liberación de Wagner, y le llovieron los pedidos de Juicio Político apenas conocida la noticia del femicidio de Micaela. Hasta el entonces presidente Mauricio Macri lo criticó: “No podemos tener jueces así”, declaró ante los medios. Sin embargo, Rossi logró estirar unos cuantos meses el litigio, y en un Jury vergonzoso logró ser absuelto sin ser acusado. También hubo iniciativas para reformar el patronato de liberados, se propusieron registros de violadores, de todo. De todo, mientras el tema estuvo en agenda. Después, las cosas volvieron a su cauce normal.[1]
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Tan vergonzoso fue el Jury a Carlos Rossi que su presunto acusador, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, no sólo no realizó ninguna acusación contra Rossi, sino que tampoco tuvo problemas en mostrarse a los abrazos y sonriente con su amigo.
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Gracias al fracaso del Jury en su contra, el Juez Carlos Rossi volvió al Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú donde se desempeña, por llamarle de alguna manera, desde hace 22 años.
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Esta semana se viralizó un video en el que se dirige a un grupo de menores como “negros de mierda” e intenta golpearse con ellos por un aparente daño a su vehículo. Estaban celebrando un cumpleaños de 15 y le tiraban huevos a la agasajada. Cuando se conoció el hecho realizó una denuncia contra la policía por no haber atendido sus llamados al 911. Así se manejan los señores de la justicia entrerriana.
Cuando la impunidad es la regla
Este raid judicial de Rossi no es una conducta aislada. Emilio Castrillón, el 28 de marzo de 2021, cuando todavía era Juez del máximo tribunal de la Provincia, el Superior Tribunal de Justicia, tuvo una pelea callejera con dos comerciantes y el empleado de un kiosco, por el cual fue acusado por daños y amenazas. Por supuesto, Castrillón nunca fue a juicio por eso. El prestigioso periodista entrerriano Tirso Fiorotto presentó un pedido de juicio político contra Castrillón por “mal desempeño”, “violencia de género” en varios casos, como también por “reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia”[1]. Castrillón se jubiló y logró que se archive el caso.
Tampoco Rossi es original a la hora de dejar femicidas en libertad. Este año la corte provincial anuló un juicio por jurados y benefició aJulián Christie, quien había sido condenado por el femicidio de Julieta Riera. Julián Christe es hijo de una ex jueza de Entre Ríos, y fue condenado a prisión perpetua en 2021, pero cumple con prisión domiciliaria hasta tanto su caso se resuelva en la corte nacional.
La sala penal de ese mismo tribunal, el 31 de julio de 2020 anuló un fallo de casación penal y permitió la libertad de Néstor Pavón, uno de los femicidas de Micaela García, quien también permanece en libertad y espera la resolución de la corte nacional.
Y eso por hablar de historias resonantes, pero la impunidad es la regla mayoritaria.
“La justicia de Entre Ríos es papupérrima”
Florencia Rojo es abogada, vice directora del Instituto de Mujer, Género y Diversidad del Colegio de Abogadxs de Entre Ríos, y nos cuenta cómo se vive desde adentro este sistema de administración de injusticias:
“La justicia en Entre Ríos es paupérrima. Hay algunas excepciones de algunos jueces y juezas que hacen alguna vez las cosas bien, pero realmente son excepcionales. Además, el techo de cristal que existe en el Poder Judicial de Entre Ríos es abismal, ya que el noventa por ciento de los jueces son varones, mientras que el noventa por ciento de las secretarías las ocupan mujeres, que sería el cargo inferior. Así que la justicia en Entre Ríos es machista. Nos venden la idea de que cualquiera puede entrar al Poder Judicial teniendo el secundario completo, porque es el único requisito de grado o de formación inicial que se pide para el ingreso, pero no es tal. Cuando uno ingresa, puede ganar el concurso, quedar en un buen nivel dentro de la lista, pero de ahí a tomar decisiones y a hacer un trabajo que a la gente le cambie la vida hay una distancia muy lejana”.
La cofradía judicial
Esto que en Entre Ríos es fácil de comprobar viendo apellidos y lazos de las personas que integran el poder, Florencia lo explica con claridad:
“Quienes llegan a los puestos de toma de decisión están vinculados con la familia judicial, con la cofradía judicial, por sangre, por matrimonios o a través del pacto judicial en el que se van tapando las macanas que se van mandando. O se deben favores y existe una amistad de amigotes con palmadita en el hombro y tomando un vino bien caro”, lamenta.
Las consecuencias de este sistema de castas son nefastas para la ciudadanía: “La verdad es que las cosas se demoran sin ningún sentido; notificaciones que quedan meses en el escritorio sin ser observadas; resoluciones que salen mal y las corrigen al año y demoran plazos, demoran procesos y la vida de la gente en el medio. Así que hay mucha falta de sentido de la urgencia, ya que las personas necesitan una resolución ahora y la justicia no está a la altura de eso. No hay sentido de la urgencia de los problemas, no hay sentido tampoco de la empatía. Parecen no entender que cuando la persona llega al poder judicial no llega porque quiere, sino porque no le queda otra, porque ya intentó resolverlo de otras maneras y no pudo y esta es la última instancia”.
Algo interesante que plantea Rojo es que las leyes para hacer mejor las cosas están a disposición:
“No aplican la legislación que existe. Algo que pasa en nuestro país es que tenemos un cuerpo legal -en cuanto a la legislación- de vanguardia y un sistema judicial que no condice con esa legislación o no la aplica. O un juzgado la aplica de una manera, el de al lado la aplica de otra, pared de por medio. Cuando a uno le parece bien una cosa, al otro le parece otra. Cuando tenés que demostrar con x prueba algo; el otro juzgado no te lo pide, o te pide veinte cosas más y así. Entonces es muy difícil poder tener justicia con un sistema que ni siquiera se pone de acuerdo en cómo hacer las cosas.
“No pueden hacer su divorcio porque tienen una moto”
Como sucede habitualmente, la situación de las mujeres es la de mayor vulnerabilidad:
“Las defensorías deberían por ley hacer algunos trámites gratis, pero, por ejemplo, hay mujeres que sufren violencia de género y la han denunciado, pero que no pueden hacer su divorcio porque tienen una moto. Las atienden casi siempre los empleados y jamás les explican sus derechos. Cuando van a pedir hacer el trámite en la defensoría les dicen: ‘Ah, no, pero si tenés una moto yo no te puedo hacer el divorcio porque la defensoría es para la gente que no tiene bienes’. ¿De verdad? Un proceso de divorcio está en honorarios unos trescientos mil pesos: ¿Te parece que alguien que puede tener una motito con la que anda todo el día llevando y trayendo infancias puede pagar eso de monto de honorarios? Eso nos precariza a nosotras y hablo de nosotras porque quienes más hacen familia somos las abogadas mujeres. Lo mismo sucede cuando hablamos de cuotas de alimentos. Cuando esos jueces firman la resolución, la lapicera sale más plata que lo que está fijando de cuota de alimentos. Porque están tan lejos de la realidad, tan lejos de lo que consume una infancia para ser criada, y del tiempo que esa mujer está poniendo en criar a la nueva generación. Es imposible que puedan fijar una cuota de alimentos real”.
Para cerrar, todo esto deja en claro que falta perspectiva de género en el ejercicio de la profesión: “He visto bastantes prácticas nefastas de colegas que violentan a víctimas a través de escritos que recomiendan realizar actos de violencia o desobediencia ante el propio juez. Falta Ley Micaela. Se sigue hablando de menores cuando hace años que las infancias y juventudes ya son reconocidas como sujetos de derecho y no son una cosa que se pone y se saca, y que un juez toma una decisión sobre dónde va ese objeto”. Sin embargo, el cambio ya está en marcha: “Cada vez somos más quienes estamos formadas y formados en perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y cuando eso sucede es mucho más fácil. De a poco, se van encontrando las soluciones por las vías formales y las alternativas”.
Sin justicia no hay democracia
No puede haber un poder en el sistema democrático que no tenga ningún tipo de control popular. Las y los entrerrianos somos rehenes de una casta machista, soberbia, impune, violenta, clasista. Están cebados porque no responden por sus actos. Saben que pueden liberar asesinos, violadores, golpear una persona por la calle, romper un negocio y nadie les va a tocar un pelo. Están por encima de la ley que dicen defender. Cobran el sueldo de parte de las personas que trabajan día a día, pero cuando tienen que dar una respuesta se toman todo el tiempo del mundo, como el guardián del cuento de Kafka. La mayoría de los jueces entrerrianos son un fiel ejemplo de esa frase del Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que citó Galeano: “La justicia es como las serpientes; sólo muerde a los que están descalzos”.
[1] https://www.unoentrerios.com.ar/periodista-pide-juicio-politico-del-vocal-emilio-castrillon-n2656173.html
[1] Los párrafos en cursivas son extractos del libro “Micaela García: la chica de la sonrisa eterna”. Chirimbote. 2022.