Fotografía: Leticia Berterré
Por Agustín Fungi. En el Gobierno de la Ciudad la política gremial de Macri es cada vez más clara: ATE tiene que estar impugnado, los delegados sin fueros gremiales y los dirigentes de SUTECBA avalarlo.
En la ciudad de Buenos Aires hay 22 Juntas Internas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que fueron impugnadas por el recientemente creado Ministerio de Modernización. Con tal pedido, dicho Ministerio no reconoce las elecciones, les quita la posibilidad de tener la tutela gremial y tampoco reconoce como delegados a los trabajadores estatales contratados que no son planta permanente.
En este contexto se enmarca el caso de Tamara Lescano, Delegada General de ATE de la Junta Interna de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), que fue despedida el viernes 10 de mayo. Tamara había ganado el concurso público para el pase a planta permanente, después de estar 4 años contratada por la Dirección, pero en la evaluación que ratificaría su contrato de planta permanente tuvo una calificación baja y quedó expresamente desvinculada. Al respecto, Tamara declaró que “el Ministerio de Modernización no nos deja hacer elecciones, desconocen el gremio y amenazan y aprietan a los compañeros para que no se afilien”.
Los argumentos de los funcionarios para no ratificar la contratación de Tamara radican en que para tener la estabilidad laboral que garantiza la Planta permanente tiene que pasar un año luego de ganado el concurso según la Ley 471. Dicha Ley actualmente no está reglamentada. Considerando los años de experiencia en los cuáles la despida venía realizando su tarea, deja expresado que no se estaba evaluando laboralmente su desempeño sino que su despido es una “decisión política del Gobierno de la Ciudad de eliminar al sindicato, destruirlo y erradicarlo, porque no somos nosotros solos”.
Frente al despido de Tamara, los trabajadores del organismo se reunieron en asamblea y decidieron cuestionar la decisión del Gobierno. “No me están evaluando laboralmente, sino que tiene que ver con una persecución y discriminación a los trabajadores que decidimos organizarnos y decir: ’basta, vamos a denunciar las condiciones de trabajo que tenemos” aseguró Lescano.
Por los otros Ministerios
En consonancia con lo que sucede en la DGEyC, los delegados del Teatro Colón, del programa Buenos Aires Presente (BAP), de la Dirección de Museos, y un largo etcétera, también están atravesando desde hace meses situaciones similares: bajas de sus contratos, desafueros gremiales, impugnación de delegados normalizadores. De esta manera, hoy son más de 100 los delegados de ATE del Gobierno de la Ciudad que representan a sus compañeros de trabajo sin tutela gremial, les niegan la posibilidad de diálogo con los funcionarios, son trasladados, suspendidos o directamente despedidos.
No solo con las impugnaciones del Ministerio de Modernización se atropellan los derechos de los trabajadores a organizarse con libertad sindical, sino que el gremio opositor a ATE, SUTECBA, colaboran estrechamente con los funcionarios del gobierno Macrista. Los delegados cuentan que son amenazados por personas del gremio SUTECBA, que los persiguen, no los dejan hacer elecciones, aprietan trabajadores para que no participen de las mismas y no se organicen en ATE. A su vez, figura como parte interesada en los expedientes que en el Ministerio de Trabajo Nacional se abren con cada pedido de impugnación.
El Ministerio de Trabajo nacional es el cual puede expedirse en contra de las impugnaciones de las 22 Juntas Internas impugnadas en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, dar respuesta a dichas impugnaciones, en favor de los delegados organizados en ATE, sería favorable para evitar los abusos que se están cometiendo con dichos delegados, como los despidos o la quita de fueros gremiales y se reconocería la voluntad de los trabajadores en cuanto a su representación gremial. Pero esto aún no ha sucedido, dando paso a estos acontecimientos.
De esta manera, el accionar del Gobierno de la Ciudad contra las Juntas Internas de ATE no se da de manera aislada, sino que forman parte de una política planificada y premeditada, que responde al objetivo de mantener disciplinados a los trabajadores para que no se organicen en un gremio que puede hacerle oposición a las condiciones de trabajo precarias y a las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, que también son precarias, y permiten cada día el avance de la privatización de los servicios públicos.
A su vez, los últimos acontecimientos en la Provincia de Buenos Aires, como fue la detención de delgados de la Dirección General de Cultura y Educación por las medidas de reclamo tomadas para reclamar aumento salarial en septiembre de 2012, demuestra que el disciplinamiento social y la criminalización de la protesta social, trasciende los límites geográficos y se vuelve una política generalizada de los diferentes gobiernos de perseguir a los trabajadores que se organizan.