Por Santiago Mayor. El miércoles pasado la Cámara de Diputados uruguaya dio sanción definitiva a la ley que habilita el matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo género. Marcha dialogó con Gustavo Robaina, miembro de Proderechos, una de las organizaciones impulsoras del proyecto.
Este miércoles se aprobó, en la Cámara de Diputados de Uruguay, la ley de matrimonio igualitario por 71 votos contra 21. El proyecto ya había sido aprobado en diciembre en la misma cámara, luego pasó al Senado que le hizo modificaciones y volvió para ser sancionado definitivamente en Diputados.
Marcha dialogó al respecto con Gustavo Raboina de la organización uruguaya Proderechos. Esta organización existe desde 2006 y trabaja “para generar una sociedad más democrática, diversa e integrada que permita el pleno ejercicio de la libertad de las personas” según Raboina.
Al respecto agrega que quieren aportar a la constitución de un movimiento social activo en su país. “Concretamente las líneas de acción estratégicas son la salud sexual y reproductiva, la diversidad sexual, la discusión y transformación de la política de drogas y los temas relacionados a derechos humanos en particular los vinculados a verdad y justicia” explicó.
– ¿Cómo se llega a la aprobación de esta ley?
Este proceso comenzó hace no mucho. Una sintética cronología podría marcarse desde 2004 con la aprobación del artículo 149 del código penal que penaliza la discriminación por orientación sexual y crea el primer organismo consultivo estatal en el tratamiento de esta y otras discriminaciones. En 2007 se aprueba la figura del concubinato que incluye a personas hetero y homosexuales. Le sigue en 2008 y 2009 la aprobación de la ley de identidad de género y la reforma del sistema de adopción posibilitando esta para parejas homoparentales. Finalmente el día de hoy (por el miércoles) se ha logrado la última demanda a nivel legislativo por el momento, el matrimonio igualitario.
Estos cambios se dieron de forma vertiginosa en un contexto político favorable (la izquierda en el gobierno) aunque ello no fue garantía de nada. La sociedad civil ha sido el principal motor de estos procesos. Se dio un círculo virtuoso al interior del movimiento social donde hemos confluido en un puño único contra el Uruguay conservador entendiendo que las demandas particulares tienen una base común: la voluntad de dominación que se expresa tanto en el sistema capitalista excluyente como en el patriarcalismo que atraviesa la sociedad. Eso nos hace comprender que no hay jerarquías entre la agenda social del movimiento de diversidad, el movimiento feminista, el de legalización de las drogas, medio ambiente y el movimiento social clasista.
– ¿Quiénes impulsaron esta ley y de qué manera?
En relación al matrimonio igualitario hemos podido conceptualizar que la discriminación simbólica es igual de profunda que las desigualdades materiales y su expresión ha estado invisibilizada tanto por los discursos conservadores como también por discursos de la izquierda más tradicional. Por suerte hemos crecido en este debate llegando al día de hoy donde legisladores de todos los partidos votan una ley como esta.
Concretamente, el proceso ha sido liderado por el movimiento de la diversidad del cual Proderechos es parte pero le corresponde un rol fundamental al colectivo “Ovejas Negras”. Dentro de esta organización se encuentra la abogada Michelle Suarez quien ha sido la principal redactora del proyecto. Con el apoyo social este proyecto fue presentado a todas las y los legisladores y ahí se comenzó a buscar apoyos y acuerdos necesarios teniendo que incorporar modificaciones que a mi juicio han enriquecido el texto hasta tener una ley revolucionaria en todos sus aspectos, no solo en relación a las personas gays, lesbianas y trans.
– ¿Quienes se opusieron a esta ley y con qué argumentos?
Como en todo el mundo la Iglesia católica ha representado el discurso conservador institucionalizado. Sin embargo se le sumaron grupos pseudoreligiosos provenientes de los pentecostales y evangélicos que no solo han radicalizado su pensamiento conservador sino que han incrementado su movilización.
Políticamente el proyecto ha sido rechazado por algunos legisladores del Partido Nacional (la mayoría integrantes o voceros de la Iglesia) y por casi ningún legislador del Partido Colorado (el otro partido de derecha pero que por su extracción liberal ha aportado muy bueno aliados como el diputado Amado).
Los argumentos son más o menos similares, el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene el mismo estatus que el matrimonio heterosexual, estas parejas no pueden reproducirse y esa es la función del matrimonio, peligran las instituciones como la familia, se extingue la raza y se pervierte a los niños que sean criados en estas familias.
– ¿Que implica esto en Uruguay que en el último tiempo ha aprobado y viene discutiendo distintas leyes que amplían los derechos ciudadanos (despenalización del aborto, del cultivo de marihuana, etc.)? ¿Cómo interpretas vos el momento histórico que vive Uruguay respecto a estos temas?
Se puede decir lo que comentaba antes sobre cómo el movimiento social fue creciendo en torno a esta idea de puño único. Sin embargo la marcha de la diversidad fue una herramienta social que fue creciendo año a año y le dio la legitimidad necesaria a las organizaciones para hacer presión y visibilizar la necesidad de transformaciones democratizantes como esta.
Pero Uruguay está viviendo cambios mucho más profundos. Está transitando una revolución cultural que ha removido las bases patriarcales de la esfera pública y privada. Sin embargo no está libre de ribetes amargos y dolorosos.
En 2012 vimos con indignación y dolor los límites de esta revolución cultural. Se manifestaron de la forma más terrible y cobarde con el asesinato de cinco mujeres trans producto del odio y la intolerancia a la diversidad, que todavía persiste. La violencia de género ha tomado una nueva cara. La dura batalla por el reconocimiento de los derechos de quienes han estado invisibilizadas/os y el desprecio sistemático por su identidad sexual y de género se ha desatado y es impostergable dar la respuesta más contundente como sociedad.
El Estado juega un rol clave y el Frente Amplio deberá invertir creatividad y recursos para impulsar las políticas que garanticen que las personas de la diversidad sexual dejen de ser ciudadanas y ciudadanos de segunda. Las políticas sociales han excluido hasta ahora a las personas trans. La burocratización del Estado y la falta de compromiso para garantizar accesibilidad y rápido tratamiento a los cambios de sexo registral han producido que solo quienes poseen los recursos logren acceder a este derecho.
Esta reflexión vale para el resto de los cambios que estamos viviendo. Todos han tocado estructuras profundas, poniendo en jaque la moral tradicional sobe la que el pequeño país se sustenta. Es por ello que el movimiento social no puede ser irresponsable ni escatimar fuerzas para ayudar a que todas y todos los ciudadanos comprendan el alcance y los beneficios que como sociedad tienen estos cambios.
– ¿Cuál es la situación del movimiento que lucha por los derechos respecto a la libertad de géneros en el país después de la aprobación de esta ley? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Las conquistas legales son una parte de la lucha contra la discriminación que la sociedad civil viene dando hace mucho tiempo. La responsabilidad es seguir visibilizando y denunciando la discriminación y también asumiendo el rol de ayudar a que se erradique la homo-lesbo-trans fobia en el plano cotidiano. Somos una generación ganadora en este sentido, porque en muy pocos años hemos logrado muchos avances. Es una tarea de todas y todos pero más especialmente de nuestra generación. Hacer efectiva la normativa vigente, sobre todo para quienes siguen padeciendo la mayor discriminación, que son las personas transexuales. En esta línea hay mucho por hacer aún.