Por Gerardo Leclercq
Miles de personas se manifestaron por cuarta vez para rechazar la nueva ley de trabajo que la oposición cataloga de ‘ley de esclavitud’. Los manifestantes también acusan al primer ministro húngaro de ejercer un Gobierno cada vez más autoritario.
El pasado domingo 16 de diciembre en las calles de Budapest, la capital de Hungría, se movilizaron cerca de 10 mil personas en rechazo a las políticas del Gobierno del primer ministro nacionalista de derecha, Viktor Orbán.
La nueva legislación laboral permite que un trabajador húngaro haga hasta 400 horas extra al año en vez de 250, como ahora; para ello, muchos empleados se verán obligados a extender sus jornadas a seis días por semana, mientras que se autoriza a las empresas a pagar esas horas extras hasta tres años después de haber sido trabajadas. Si bien la ley habla de que las horas extras son optativas, en la práctica muchos trabajadores se verán obligados a hacerlas por miedo a perder sus empleos.
El gobierno afirma que esta nueva legislación laboral moderna es necesaria debido a la falta de personal en las empresas, considerando que beneficiará directamente a quienes quieran ganar más. Sumado que con la nueva legislación se fomentan las inversiones en el país.
En Hungría el problema de la falta de trabajadores y trabajadoras se agudizó en los últimos años, durante la administración del propio Orbán (que está en el poder desde 2010). Con su discurso y sus políticas, el primer ministro se ha opuesto deliberadamente a la llegada de inmigrantes al país, lo que generó muchas vacantes en el mercado laboral.
He aquí un punto donde se torna indispensable estar atento. Se habla de modernidad, previsibilidad, sustentabilidad y otro sin fin de adjetivos que suenan bien al oído, e incluso parecen razonables; quién puede estar en contra de actualizar una ley que data de principios del siglo 20. Pero lo que no puede (ni debe) quedar solapado en la discusión es que se busca la quita de derechos y garantías que el conjunto de los trabajadores hemos sabido conquistar como la estabilidad laboral, sueldo mensual, aviso y compensaciones por despido, vacaciones, aguinaldo etc.
Cuestiones que creíamos básicas y garantizadas pero que en un contexto de crisis internacional (humanitaria, social y económica) las grandes corporaciones y el capital concentrado, amparados por gobiernos funcionales a sus intereses, intentan poner sobre la mesa de discusión.
El caso de Hungría es el que ganó el centro de la escena los últimos días pero no es el único (y lamentablemente tampoco lo será). Por citar algunos casos, recordemos Francia y Brasil.
En el primer caso, el presidente Macron aprobó en septiembre de 2017 (entró en vigencia meses mas tarde) una ley de reforma laboral que persigue flexibilizar las contrataciones y simplificar los tramites de despido (entre otras cuestiones). Lo más llamativo de este caso es que Macron realizó su campaña electoral sobre este punto.
Para el caso de Brasil, el gobierno ilegítimo del golpista Temer aprobó una ley de reforma laboral que tuvo efectos negativos para las y los trabajadores brasileños durante sus primeros meses de vigencia. Un informe de tres investigadores de la Universidad de Campinas (Unicamp), publicado en la revista Carta Capital, reveló que el impacto se sintió sobre todo en aquellos sectores en los que el trabajo ya era más precario.
Desde la implementación de la reforma, crecieron los despidos por común acuerdo, también aumentaron las contrataciones intermitentes. Los mayores incrementos de estos indicadores se registran en los sectores en los que los derechos laborales son menos respetados y en los que antiguamente había más trabajo informal: restaurantes, comercios de venta de alimentos y bebidas, vigilancia privada y construcción, entre otros.
Como vemos este tipo de reformas laborales buscan dar supremacía al capital sobre el trabajo. Y bajo la máscara de adjetivos pomposos esconden sus verdaderas intenciones, que no son otras que las de entender al trabajo, no como un medio para el desarrollo del ser humano, sino como un instrumento más en la producción. El tal caso el salario deja de ser una justa retribución por un trabajo realizado y pasa a ser entendido (y lo mas preocupante, avalado por el Estado) como un costo en la producción empresaria. Es ahí donde la resistencia popular en las calles no sólo es necesaria sino que es un deber.