En Honduras, dos de los principales responsables del femicidio político de la lideresa Berta Cáceres podrían quedar en libertad en el marco de la pandemia producida por el Covid-19. Marcha dialogó con Berta Zuñiga Cáceres coordinadora del COPINH e hija de la defensora de los ríos.
Por Camila Parodi
Los asesinos condenados por el crimen de la coordinadora del COPINH Berta Cáceres, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo podrían ser privilegiados con prisión domiciliaria tras una admisión de la Corte que permite la presentación de un habeas corpus para presos que corren riesgo por COVID-19. Este accionar fue denunciado la semana pasada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
“El Copinh denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el Ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país”, denunció el COPINH en su comunicado.
En el comunicado dan cuenta de las gestiones llevadas a cabo por los abogados de los trabajadores de la familia Atala Zablah, quienes fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta para que sean libertados por supuestas razones médicas en medio de la emergencia sanitaria.
“Para nosotros es lamentable esta noticia pero ciertamente no es algo que nos extraña -explica Bertita- se trata de un patrón que ha venido teniendo el Estado de Honduras y es el patrón de actuación de casi todos sus funcionarios”. Bertita, la hija lideresa Berta Cáceres, asumió la coordinación del COPINH tras el asesinato de su madre. Y hoy, junto a sus hermanas y hermano, no descansa en el pedido de Justicia por su mami. Por eso no duda al leer el momento “es la corrupción y que claro, se aprovecha esta crisis. Están aprovechando este contexto en todo sentido para que las personas que están vinculadas a grupos de poder y a grupos económicos resulten beneficiadas cuando no debería ser así”.
Si bien el hacinamiento que tienen las cárceles de Honduras hoy en día lleva a la necesidad de repensar el encierro en este marco de crisis, como sucede la Argentina y en la mayoría de los países pobres, no puede ser la excusa de privilegio. “Existen criterios, pautas” explica Bertita “pero aqui se aprovecha esa corrupción que hay también en los centros penitenciarios y que ahora están jugando un papel más protagónico en esta decisión a partir de lo que la corte ha emitido”. Siendo son las personas que han participado de un crimen que se lo denominó de alto impacto y que tiene una pena de 30 años de prisión.
“Sabemos que siempre han sido protegidos por personas que la empresa de DESA, respaldado con sus abogados y sus campañas para que puedan salir siendo pues asesinos” manifiesta la coordinadora del COPINH. “Pero lo que a nosotras nos preocupa es la lucha que se ha hecho tan fuerte por encaminar y encauzar la justicia para Berta que todavía siguen y que ahora quieran aprovechar esta situación”.
Como en toda su lucha sostiene “nosotras responsabilizamos al Estado de Honduras. Esta situación es para nosotras muy dolorosa, es un insulto a la memoria. Sabemos que hay dificultades extraordinarias por la emergencia sanitaria y que por eso ni las instituciones judiciales están funcionando como deberían entonces hay muchas dificultades para encontrar información”.
Pero el problema no acaba acá, Bertita recuerda que continúan expulsados en el juicio al finalizar el proceso el año pasado y por supuesto, no pueden participar. “Si esto sigue con la normalidad del proceso y se realizara una audiencia donde seria importante que se opongan los argumentos para explicar las razones por las cuales estas personas no deberían de salir beneficiadas no podríamos participar. Porque hay criterios para ello y en este caso no se cumplen, estás son las dificultades de no estar representadas como víctimas”.