Por Martín Azcurra
Guadalupe Godoy, abogada querellante contra Etchecolatz, expresó que el fallo que revoca su domiciliaria “es de todos nosotros como pueblo”, pero agregó que también fue una respuesta de algunos jueces “molestos por la injerencia del Poder Ejecutivo, a través del Servicio Penitenciario Federal”.
A partir de que la Cámara Federal de Casación Penal le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria al ex jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y genocida, Miguel Etchecolatz, el viernes pasado se puso en evidencia una tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, representado por el Servicio Penitenciario Judicial (SPF). Desde enero de este año, dicho organismo viene confeccionando listas de presos que podrían cumplir su condena fuera de la cárcel para resolver una supuesta “superpoblación”, entre los cuales hay 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, uno de ellos Alfredo Astiz.
“Atacan y ven hasta dónde pueden llegar”
Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos, abogada querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz y en la causa por la desaparición de Jorge Julio López, entiende que “hay jueces que empiezan a sentirse molestos ante la evidente presión del Poder Ejecutivo para obtener estas domiciliarias, que en este caso se transmitió a través de listas de consejos que va enviando el SPF, que todos sabemos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación”. En concreto, durante la audiencia del día anterior, en el marco de la revisión de la decisión del TOF6, “se notó que por lo menos, uno de los jueces o dos, se sentían molestos ante esa injerencia… En parte fue una respuesta a eso, porque lo que está claro es que, en el caso de Etchecolatz, nunca hubo un dictamen del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, o de las juntas médicas donde participa ese cuerpo médico forense, que dijera que no estaba en condiciones de permanecer en la cárcel. Con respecto al pedido de domiciliaria de Astiz, es lo mismo. Atacan y ven hasta dónde pueden llegar. E insisten con plantear a los presos de lesa en igualdad de condiciones con los comunes”.
“El fallo es de todos nosotros como pueblo”
Sin embargo, Godoy aclara que fueron varios los factores para que se diera marcha atrás con la prisión domiciliaria de Etchecolatz: “El factor ineludible claramente es el enorme repudio social que generó la aparición de actores por fuera de lo que es el tradicional movimiento de derechos humanos o de los organismos. Fundamentalmente pienso en la irrupción de Vecinos sin Genocidas, que lo que hacen es plasmar todos estos años de disputa, ese discurso que por ahí era propio del movimiento de derechos humanos y de los organismos, que se generaliza socialmente y entonces irrumpe ahí. También la aparición de Ex Hijos e Hijas de Genocidas, hay un impacto en las presentaciones judiciales que realizan y las públicas, la participación en las acciones y demás. Eso tiene un impacto muy fuerte, similar a lo que fue la reacción en el 2×1 (intento de aplicación de la Ley de 2 x 1 en casos de delitos de Lesa Humanidad, por parte de la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 2017)”.
“Este 24 de marzo va a ser masivo”
Además de abogada, Godoy reflexiona como militante por la causa de los derechos humanos, en el marco del avance represivo: “Este 24 de marzo va a ser masivo, porque los 24 en cierta forma son balances del año, y el año pasado fue el intento del 2×1, fue la liberación de genocidas, pero también fue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y todas las víctimas que hoy implica la doctrina Chocobar (policía que asesinó por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc, felicitado por el presidente Mauricio Macri)”.
En este sentido, la abogada de la familia de Julio López, espera una movilización masiva como fuerza unitaria frente a “las políticas de hambre” que solo pueden imponerse con represión. “Celebro todos los intentos de unidad que se están dando, y hay muchos organismos que hoy están haciendo el esfuerzo para que los reclamos sean unitarios ante un gobierno que claramente, con el corte neoliberal que tiene, no va a poder seguir sin profundizar la represión. Detenerlo es exclusivamente responsabilidad del movimiento popular, del cual el movimiento y los organismos de derechos humanos son una parte y en todo caso es la que está más atenta a determinadas cuestiones que atañen a la memoria y a la violación de derechos humanos. Claramente son luchas que no se llevan adelante sin una plena conciencia del campo popular de lo que está sucediendo… Y me parece que la hay, lo que falta todavía son los mecanismos de respuesta más masivos y más aceitados”.