Por Diego Herchhoren. En diciembre fue detenido por la Policía Federal, en la sede de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), el exiliado peruano Rolando Echarri Pareja, militante por los derechos humanos. La “normalización” de relaciones con Perú y una democracia vigilada por genocidas.
Rolando es miembro del capítulo argentino del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) y es además víctima de un proceso silenciado para gran parte de los movimientos populares latinoamericanos. A más de 20 años del fin del conflicto armado que sacudió Perú desde 1980 a 1992 y de un falsificado proceso de reconciliación nacional, la vigencia de la legislación antiterrorista promovida por el presidente Alberto Fujimori y por los gobiernos de Alan García, que permitió suprimir leyes laborales, facilitar el intervencionismo del capital transnacional y vulnerar garantías constitucionales esenciales, es la base sobre la cual Rolando Echarri está en peligro de ser extraditado al Perú, con cargos vinculados a su militancia política, que no constituyen delito en la Argentina.
La “normalización” bilateral
El pasado 27 de noviembre de 2012, el canciller argentino Héctor Timerman firmó con su par peruano un convenio bilateral para el traslado de personas que es la reafirmación de un aceitado vínculo que se reforzó tras la victoria en 2011 del candidato del Partido Nacionalista Peruano, el ex militar Ollanta Humala, que ganó las elecciones liderando un frente de centro izquierda que prometía un realineamiento de la política interior y exterior del Perú.
Lejos del gobierno de Alan García, firme defensor de la “guerra contra el terrorismo” y el alineamiento pleno con la derecha regional, así como Alberto Fujimori, que todavía ventila condenas por delitos de lesa humanidad y corrupción, Ollanta Humala fue apadrinado por la UNASUR como gobierno aliado y las relaciones diplomáticas normalizadas. El gobierno argentino apuró entonces una serie de acuerdos bilaterales en materia económica, administrativa, fiscal y judicial.
Humala, un ex militar formado en la Escuela de las Américas y miembro de los escuadrones de la muerte del Ejército peruano que durante la década del 80 combatía a la guerrilla de Sendero Luminoso, cobró notoriedad con la crisis social y política del fujimorismo a finales de los 90, lo que hizo que su figura tomara luz pública con el “movimiento etnocacerista” que apostaba por un realzamiento de los valores nacionales de los pueblos originarios del Perú. Los hechos que lo involucran en violaciones de los derechos humanos durante su etapa al frente de la “lucha antiterrorista” se ventilaron en ese momento, cuando algunas de sus víctimas lo reconocieron como el “Capitán Carlos”.
“Con la ley peruana, cualquiera puede ser terrorista”
El pasado viernes, el programa En movimiento de la Radio Che Barracas entrevistó a Diego, un referente del MOVADEF y compañero de Rolando. “Un corte de ruta en Perú por un reclamo como los que se conocen en la Argentina puede ser considerado terrorismo”, comentó Diego mencionando también la traición de Ollanta Humala incluso a sus propios aliados parlamentarios de la izquierda peruana “a los que en su momento encandiló”.
En julio y agosto de 2012, las protestas en la provincia de Cajamarca contra la instalación de un megaemprendimiento minero de la multinacional norteamericana Newmont Mining Corporation, se cobraron la vida de 17 personas por la represión policial. El recién asumido gobierno de Humala se estrenó utilizando la figura del “Estado de emergencia” para suspender garantías constitucionales y desatar la represión contra un proyecto que los pobladores de estos territorios consideran ambientalmente insostenible y económicamente injusto.
300 son, según Diego, los prisioneros políticos del Estado peruano que en la actualidad cumplen condenas por su militancia política o guerrillera durante el conflicto armado. El Ejecutivo peruano ha enviado al Parlamento un proyecto de ley llamado “negacionismo” que pretende penalizar a quien opine públicamente a quien justifique las acciones guerrilleras o de resistencia de las organizaciones armadas del Perú o las considere como acciones revolucionarias. “El neoliberalismo y la represión siguen intactos con el gobierno de Humala”, opinó Diego.
Situación delicada
La Gremial de Abogados, que ha asumido la defensa del caso de Rolando Echarri, admite que su situación es compleja, pero reprocha al Estado argentino que tire por tierra años de protección a los refugiados y torsione el sentido de la legislación y los tratados suscritos por Argentina para vulnerar el derecho de asilo.
Rolando tiene el reconocimiento como refugiado de la Oficina del ACNUR de Bolivia, país del que tuvo que huir por la persecución de los grupos parapoliciales del Estado peruano, refugiándose en Argentina, donde desde principios del 2001, cada dos meses tiene que acudir a la oficina de la CONARE para renovar su residencia precaria mientras se tramita su refugio.
En diciembre de 2012, cuando fue a hacer de nuevo este trámite, fue detenido en la misma oficina por efectivos de la Policía Federal y trasladado al penal de Ezeiza, por orden del juez federal Canicoba Corral hasta que fuera resuelta su extradición.
Para la Gremial, con esta detención, “el Gobierno Argentino avasalla diferentes normas, acuerdos y tratados internacionales y afecta el propio art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional” que señala que debería ser en cualquier caso el propio Congreso como Autoridad de la Nación quien dejara en suspenso la aplicación de los tratados suscritos por Argentina que garantizan el refugio a los perseguidos políticos en su país de origen.
El próximo 12 de marzo, el MOVADEF y diferentes agrupaciones políticas y sociales tienen prevista una marcha a los tribunales de Comodoro Py para exigir la libertad de Rolando y para que prevalezca el derecho de asilo en la Argentina.