Por Carina López Monja, desde Colombia*
En el primer día de paro las fuerzas de seguridad colombianas asesinaron a un joven indígena de 26 años que participaba de las movilizaciones. El incumplimiento de los acuerdos firmados por el presidente Santos y el modelo de despojo, entre los reclamos centrales de la Cumbre Agraria Campesina y popular.
Willington Quibarecama Nequirucama tenía 26 años. Participaba, junto a comunidades indígenas del Paro nacional iniciado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que nuclea cientos de movimientos sociales de Colombia. En la Delfina, suroccidente de Colombia, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) avanzaron con tanques sobre los manifestantes atropellando a Willington, quien falleció al llegar al punto de salud. Otros indígenas se encuentran desaparecidos.
En otros puntos del territorio colombiano, las amenazas y la represión policial también se hicieron sentir. Reprimieron una movilización en Bogotá y en el departamento de Cauca un artefacto explosivo dejó 3 heridos graves, uno perdió su visión y entre ellos había un menor de edad. En algunos casos los manifestantes fueron amenazados y tuvieron que recorrer a pie durante más de 20 horas para llegar a los puntos de protesta.
Frente a esto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) solicitó “la presencia de los organismos institucionales encargados de velar por los respetos de los derechos humanos” y el “cese inmediato” de las “acciones represivas y asesinas”.
Este nuevo paro nacional tiene como antecedente la protesta del 2013 y 2014 donde se planteó el rechazo al modelo de despojo de tierras, la ausencia de políticas sociales y la necesidad de que haya participación de la sociedad civil en la solución política al conflicto armado.
1100 horas de diálogo
Desde el Ministerio del Interior aseguraron que son muchas las horas de diálogo que tuvo el gobierno con las organizaciones populares y la voluntad de dar respuestas, al tiempo que lamentó la decisión de avanzar con un paro.
Sin embargo desde la Cumbre Agraria la visión es diametralmente distinta. Fernando Suárez, líder campesino y vocero de uno de los puntos de Arauca, en Banadias aseguró: ” Estamos mamados (cansados) de que nos tomen el pelo. Llevamos años esperando respuestas. Yo ya no sueño verlas, pero al menos espero que mis hijos puedan tener un futuro digno”. Allí, a metros de la subestación de petróleo los campesinos y campesinas iniciaron hoy el corte en plena carretera, uno de los más de cuarenta puntos que estarán bloqueados en el paro nacional.
Voces de resistencia
En Saravena, departamento de Arauca el paro nacional comenzó con fuerza. Esta zona, considerada por algunos gobernantes como “un manchón en el mapa” es territorio de lucha y resistencia.
Así lo cuenta una de las jóvenes campesinas que vino desde Santander. “Nosotros también somos colombianos, pero el gobierno piensa que esta zona es un manchón en el mapa. No tenemos carreteras, nuestros hijos no pueden llegar a la escuela por falta de transporte, es un territorio olvidado”.
En el punto araucano de concentración de Royota, confluyen movimientos campesinos, indígenas y de mujeres. Allí, en plena distribución de tareas de comida, limpieza, organización y prevención, uno de los líderes del pueblo U´wa José Perico, explicó que su comunidad se sumó al paro por la defensa del territorio y contra la explotación petrolera. “Las comunidades somos desplazadas de nuestras tierras. El gobierno desconoce nuestra cultura y nuestra identidad. Sin territorio no somos nada. Por eso luchamos”.
En la misma línea, Claudia Vera, de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca denunció la falta de políticas para la población. “En Arauca la presencia del Estado en los territorios es la saturación militar. No hay inversión en lo social pero cada vez hay mayor presencia policial”.
El negocio gubernamental de la paz
El viceministro del Interior, Guillermo Rivera calificó al paro de injusto y contradictorio por realizarse en paralelo al diálogo por el proceso de paz en Colombia.
Sin embargo, los movimientos populares rechazaron esa acusación. “Nos dicen que no hagamos paro porque hay un proceso de paz. Pero la resolución de conflicto armado no resuelve las necesidades del pueblo colombiano. Tienen que escuchar al pueblo, a las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, afirmó Perico.
En tanto, Pedro Camargo, líder del movimiento campesino de Arauca, afirmó: “Nos alzamos contra la ley de Zidres que viene a acabar con el movimiento campesino. El gobierno nos habla de un proceso de paz con el ELN y las FARC pero los sectores sociales del país vemos un proceso de paz sin justicia social. Santos quiere paz para las trasnacionales, que se vienen a quedar con nuestros recursos naturales. Es una paz que no llega al pueblo de nuestro país, ni al campo ni a la ciudad”.
Después del primer día de paro nacional agrario y campesino, los movimientos colombianos volvieron a colocar en el debate público las deudas sociales, políticas y económicas del gobierno. Un paro nacional, por tiempo indeterminado que promete seguir hasta que haya respuesta para las comunidades.
*Integrante de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA