Juan Ignacio Revestido*. Tras cuatro años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es momento de hacer un balance para analizar cuánto se prometió y cuánto cambió.
¿Cómo hacer para que un abandonado sistema ferroviario alcance la básica eficacia para el transporte de pasajeros? Simple: se reduce la cantidad de trenes que circulan, se hace más lento el recorrido y se intenta cumplir con ese cronograma menos pretencioso.
¿Por qué defender los recursos naturales en los Yacimientos Petrolíferos Fiscales o en las Islas Malvinas? Porque se trata de recursos estratégicos para una economía de desarrollo nacional y la defensa de la autonomía de un país. Y mientras tanto, se persigue a militantes ambientalistas que pretenden defender el agua dulce, los recursos minerales, las montañas, ante medidas políticas que hipotecan glaciares, bosques y ríos en manos de transnacionales extractivas.
Estos son sólo algunos ejemplos que intentan graficar la idea del gatopardismo, surgida de la novela italiana Il Gattopardo (de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1957), en la que uno de los personajes le aseguraba a su tío: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Trasladada al ámbito político en general, la frase apunta a procesos de transformación que aparentan ser revolucionarios, pero que en la práctica se limitan a modificaciones maquilladas, manteniendo estable la estructura de poder. Los casos relatados han expresado una intención de romper con una tradición privatista, pero que no han logrado revertir las condiciones de fondo que la generaron.
En materia de medios ha sucedido algo similar. Los argentinos hemos sido testigos, en los últimos 10 años, de las reformas regulatorias más progresistas que se han conocido en el país, entre las que se destaca el reemplazo de una ley firmada durante la última dictadura. Este hito implicó un cúmulo de cambios, no sólo regulatorios, sino también simbólicos y culturales.
Luego de los debates durante 2009, con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), se definieron varios cambios históricos: se reconocieron los medios sin fines de lucro, reservándoles el 33% del espectro radioeléctrico; se limitó la multiplicidad de licencias de un mismo operador, reduciéndose de 24 a 10 en todo el país, y con la imposibilidad de superar el 35% de la audiencia o de los abonados, para así desconcentrar el mapa mediático; se “reglamentaron” los valores de la diversidad discursiva, el pluralismo de voces, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión; el Estado se transformó en el garante para que, al aplicar la ley, esos valores se materialicen; y, entre otros, se instaló en la agenda pública y mediática la pregunta por quiénes son los dueños de los medios. Entre la letra escrita y el relato oficial, la nueva ley prometía grandes cambios en la estructura mediática del país.
Tras casi cuatro años y medio desde su aprobación en el Congreso, la presidenta y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se encargaron de dar a conocer los logros alcanzados:
- 1.007 autorizaciones y licencias para radios AM y FM y TV abierta y paga;
- 650 licencias de radios AM y FM adjudicadas al sector privado;
- 23 licencias para radios de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social;
- 33 reconocimientos a canales analógicos de TV de baja potencia;
- 200 reconocimientos a radios comunitarias de todo el país;
- 1132 reservas de frecuencia de radios para municipios;
- 175 autorizaciones a radios FM en escuelas primarias, secundarias e institutos de educación superior;
- 35 autorizaciones a radios y un canal de televisión de pueblos originarios.
Con este relevamiento, es difícil estimar un real mapeo de la cantidad de autorizaciones (para medios públicos estatales y no estatales) y de licencias (para medios comerciales y sin fines de lucro) efectivamente otorgada, ya que mezcla resultados al hablar conjuntamente de “autorizaciones y licencias”. Para contrastar estos datos e identificar de qué manera el reparto de medios aportó o no a la desconcentración, es posible remitirse a evaluaciones previas, como la de una nota de Página 12. Si se suman todas las autorizaciones, frecuencias y licencias otorgadas por AFSCA hasta ese momento, los medios sin fines de lucro recibieron menos del 10%, a diferencia del 17% para medios públicos estatales y de un contundente 70% para medios comerciales. En definitiva, si bien son avances que hacía años o décadas no presenciábamos en Argentina, es muy marcada la lejanía de estos números con respecto al 33% del espectro reservado por dichos medios sin fines de lucro.
En ese conteo, merece un párrafo aparte la conquista de los medios alternativos, populares y comunitarios. Debido a la incapacidad de convocar a concursos para licencias que respondan a las necesidades y realidades particulares de este tipo de medios, en 2013 el Estado avanzó con una serie de autorizaciones precarias a canales de televisión analógica de baja potencia, entre ellos Barricada TV Canal 5 de Almagro. En total, suman 33 los canales autorizados (en su mayoría comerciales) que, entre otras cosas, podrán concursar por fondos de fomento nacionales e internacionales.
En paralelo a esta entrega de títulos, también hay que considerar los grandes grupos mediáticos. De un lado aparece el Grupo Clarín, que a través de acciones de amparo retrasó su proceso de adecuación por cuatro años. Tras la definición de la Corte Suprema de Justicia de declarar la constitucionalidad de los artículos en disputa (41º, 45º, 48º y 161º), el grupo presentó su plan de adecuación a AFSCA, el cual fue aprobado en febrero de este año. A partir de ahora, se abre un período de 6 meses en los cuales el mismo grupo deberá definir a quién o quiénes venderán o transferirán las licencias de las seis unidades de negocio en las cuales se dividirá. Una vez que esas ofertas se presenten, AFSCA contará con 4 meses más para aprobar o rechazar las mismas. Es decir, aun resta casi un año para que la adecuación del grupo comience, con el riesgo de que se convierta en muchos subgrupos que continúen manteniendo de hecho la situación actual.
De la vereda de enfrente, figuran otros dos grupos multimedia que, con afinidad al gobierno, han ido creciendo en los últimos años. Por un lado, el Grupo Indalo, dirigido por Cristóbal López, que tiene a su cargo las radios Mega 98.3, Pop Radio 101.5 y Radio 10, el canal C5N, el diario Patagónico, el portal Minutouno.com y la Editorial Polar. Por otro lado, aparece el Grupo Veintitrés que, de la mano de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, aglutina diarios y revistas (Buenos Aires Económico, El Argentino, Tiempo Argentino, Veintitrés, Miradas al Sur, Siete Días, entre otros), radios (Rock & Pop, América, Splendid, entre otras) y el Canal CN23. En lugar de diversificarse las voces, los medios de mayor audiencia y publicidad a nivel nacional mantienen un alto nivel de concentración.
De esta manera, nos encontramos frente a una estructura mediática que no ha sido en verdad trastocada, como pretendían los objetivos de la LSCA hacia 2009. En realidad, se trató de un movimiento de jugadores, sumando algunas experiencias aisladas (como algunos medios de municipios, provincias, escuelas, universidades y pueblos originarios), que simulan ser la reestructuración, pero que ocultan una reforma superficial. Mientras tanto, los grupos multimediáticos continúan siendo los protagonistas. Todo aparentó cambiar, la LSCA se convirtió en el héroe o el némesis de muchos operadores mediáticos, pero en la práctica de su aplicación no ha logrado revertir estructuralmente la herencia noventista. En pocas palabras, una muestra más del gatopardismo argentino.
Mientras tanto, desde los medios alternativos, populares y comunitarios seguiremos peleando por nuestra real legalización. Nuestra lucha seguirá tanto en las calles como en las oficinas de AFSCA, como fue hace unos meses con la presentación de una propuesta de resolución para autorizar a todos los medios que aun no la recibieron.
*Integrante de Barricada TV Canal 5 de Almagro