Por Tomás Eliaschev. Más allá de la interna Scioli-Mariotto, el asesinato de Latuaro Bugatto en la provincia de Buenos Aires da cuenta de un drama nacional, al sumarse a casos recientes de brutalidad policial en Corrientes, Mendoza y Río Negro.
Si en algún ámbito se escenifica la disputa entre Daniel Scioli y Gabriel Mariotto es en la política de seguridad. En el oficialismo provincial conviven dos discursos contradictorios: una defensa acrítica de la corporación uniformada por el lado del gobernador bonaerense y del otro la postura del vicegobernador: recuperar el gobierno político de las fuerzas policiales.
Este precario equilibrio estalló ante el caso de Lautaro Bugatto, el futbolista de 20 años asesinado el 6 de mayo último en la puerta de su casa, en Burzaco, sur del conurbano bonaerense. Sus familiares denunciaron “graves irregularidades” en la causa y la “falta de voluntad política para acabar con el gatillo fácil” durante la marcha que hicieron el pasado miércoles a los tribunales de Lomas de Zamora. Al cumplirse un nuevo mes del homicidio, junto con el Movimiento Evita y todo el arco del kirchnerismo no sciolista, lanzaron fuertes críticas contra la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal.
El rol de la policía en el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, la desaparición de Luciano Arruga y los fusilamientos de José León Suárez ya fueron motivo de discusión entre quienes defienden el accionar de la Bonaerense y los que cuestionan estas prácticas aun siendo parte del oficialismo. Aunque parece una polémica bonaerense, no lo es: esto trasciende las fronteras de la provincia más poblada, no sólo por las especulaciones políticas de cara a las candidaturas de 2015, sino por que el gatillo fácil, es un drama nacional.
Por el crimen del joven futbolista está detenido el efectivo David Benítez, que en el momento en el que disparó, estaba fuera de servicio. Según alega, quiso repeler un robo que estaba sufriendo un familiar. Al abrir fuego con su 9 milímetros reglamentaria, una de las balas impactó en la espalda de Bugatto, que salía de su vivienda. Aunque Benítez está preso, el abogado de la familia, Celso Lucio De La Rosa, denunció que la policía no preservó la escena del crimen ni custodió las pruebas, como el automóvil del imputado y la moto que habría sido el objeto de la tentativa de robo. Y puntualizó que “nunca existió” el supuesto enfrentamiento armado del que habló el acusado.
En la provincia de Buenos Aires, esta práctica es algo extendido en el tiempo, mucho más allá de este crimen. Dos aniversarios recientes lo recuerdan. El 1 de junio de 2001 fue baleada por dos agente bonaerenses la estudiante de veterinaria Carla Lacorte, que quedó en silla de ruedas y se transformó en referente de la lucha contra el gatillo fácil. El viernes pasado Lacorte encabezó un acto organizado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en la plaza San Martín de Quilmes donde denunció que el ex policía José Salmo -pese a estar condenado- sigue en libertad por decisión de la Cámara de Apelaciones de Quilmes. En Campana se conmemoró el primer aniversario del asesinato de Juan Emanuel “Juane” Aguirre, que fue “suicidado” dentro de la Comisaría 1° de esa ciudad del norte de la provincia, el 21 de mayo de 2011. El último sábado 26 se realizó un festival donde organizaciones de derechos humanos denunciaron “atropellos a la legalidad democrática”. En el acto se protestó porque “los familiares de Aguirre han denunciado en sede judicial a varios policías involucrados en esta muerte, en funciones hasta el día de hoy” y se quejaron porque “los miembros de la familia Aguirre están bajo proceso por haber tomado fotografías (cerca de 20) del cuerpo de Juane, constatando las mismas variadas lesiones (compatibles con golpes y tormentos) contradictorias con la versión oficial de suicidio”.
Un drama nacional
La descomposición de la policía no se circunscribe sólo a la provincia de Buenos Aires, como lo demuestran los recientes asesinatos del pescador Raúl Cardozo que fue quemado vivo en una comisaría de Corrientes y el adolescente Franco Díaz asesinado de un balazo por un policía que acudió a una fiesta por una denuncia de ruidos molestos. Los abogados y familiares de las víctimas, tanto de Cardozo como de Díaz, denuncian en sus respectivas provincias que hubo encubrimiento y protección a los policías homicidas por parte de las autoridades gubernamentales. En Choele Choele, Río Negro, el obrero salteño Daniel Solano –que se animó a reclamar su paga – sigue desaparecido y hay 22 policías sospechados.
La reciente liberación de Fernando Ariel Carrera, imputado por la Masacre de Pompeya, abre un nuevo panorama. A diferencia de cuando sucedió el caso, en 2005, la cobertura da la prensa se alejó de la versión policial. Esto sucede luego de todo el trabajo de denuncia y de movilización realizado por familiares, abogados y periodistas, que se vio reflejado en la película El Rati Horror Show. A raíz de los casos que se vienen sucediendo ya es inocultable que existe la práctica en las fuerzas de seguridad de armar causas que luego son avaladas por no pocos jueces. Es una derivación de la íntima relación que mantiene una porción significativa del personal policial y judicial con el crimen organizado.
Con la decisión de la Corte Suprema de revocar la condena de 30 años que pesaba contra Carrera, los integrantes de las brigadas y los jefes de las comisarías 34 y 36 que plantaron las pruebas, así como los integrantes del TOC 14 -Hugo Cataldi, Rosa Lezcano y Beatriz Bistué de Soler – que avalaron todo el montaje, deberán responder a la sociedad por su proceder. Sí así lo hacen, será un gran paso adelante para que haya un nunca más para el gatillo fácil, las desapariciones frustradas y las causas armadas por una policía delictiva que es necesario desmantelar para acercarse a la tan mentada seguridad. Las amenazas de muerte anónimas que recibió uno de los testigos, Luis Ríos, en la tarde del jueves 7 son un ejemplo que el aparato criminal de la Federal sigue activo.
En cada uno de los casos mencionados (Bugatto, Lacorte, Aguirre, Cardozo, Díaz, Carrera) hubo en el personal policial una utilización desmedida de la violencia y un intento de cubrirla fraguando pruebas. Según los abogados de Carrera, el ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré emitió un informe que fue fundamental para que Carrera esté en libertad. No se observa coherencia entre esta postura y la que están tomando las gobernaciones ante los casos mencionados. ¿Hasta que punto está dispuesto el gobierno nacional a romper con sus alianzas provinciales? Mientras tanto, las víctimas siguen acumulándose