Por Agustín Bontempo – @agusbontempo
El martes se anunció la “Emergencia de Seguridad Pública” que, entre algunas cuestiones, se impulsa para combatir el narcotráfico. Al día siguiente, dos medios masivos informaron sobre las bandas narco en las villas. Analizamos los avatares de un estigma sostenido.
Bajo la excusa de “peligro colectivo”, el gobierno nacional anunció la “Emergencia de Seguridad Pública” durante un año (con la posibilidad de extenderlo), y permitirá, entre otras cosas, unificar el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, la medida se impulsa con el fin de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el delito complejo y la asociación ilícita. Hasta aquí, así como se lee, no suena como una medida tan errada. Pero hay más.
En ese marco, incluso, se abrió la posibilidad de derribar aviones, a partir de las Reglas de Protección Aeroespacial dispuestas por el presidente Mauricio Macri, por medio de la intervención de las fuerzas armadas. Frente a esta decisión, varias voces se alzaron en contra ya que denunciaron que se estaría asistiendo a la pena de muerte por decreto, sin siquiera un juzgamiento previo. Entre las voces, se destaca el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien afirmó que “El decreto de emergencia de seguridad anunciado por el Gobierno Nacional es ilegal mientras no se modifiquen las leyes de seguridad interior y defensa en el Congreso Nacional. Si mediante decretos un gobierno habilita ilegalmente la pena de muerte, que los militares pueden involucrarse en asuntos de seguridad interior, nombra jueces en la Corte Suprema, y además se niega a convocar al Congreso, mientras detiene y reprime por motivos políticos, y todo en nombre de la ‘emergencia nacional’, entonces no se está hablando de Democracia, de diálogo, ni de República… es totalitarismo con un proyecto reorganización neoliberal”
¿Siempre las y los villeros?
Mientras la lucha contra el narcotráfico se ponía en los títulos de todos los diarios, algunos medios decidieron, oportunamente, hablar de este flagelo en las villas. Así, el diario La Nación titulo “Guerra narco en la villa 31: cinco muertos en un mes”. En la misma sintonía, Infobae sentenció: “Asesinatos narco: cómo es el ´ranking de la muerte´ de las villas portreñas”.
En primer orden es importante no desconocer esta realidad que existe en los barrios más humildes. La presencia por ausencia del Estado es la garantía para que el eslabón más débil del narcotráfico (las bandas que se disputan territorio) pueda desarrollarse y, por supuesto, que las víctimas más certeras (las y los pibes pobres, coartadados de cualquier tipo de futuro y llamados a consumir la basura que deja la basura de calidad) puedan seguir muriendo.
Poco se habla del narcotráfico en Nordelta, en los barrios cerrados, las complicidades de las mismas fuerzas de seguridad que deberían combatirlo, el cuidado cuando no la participación del poder político de la burguesía. Los narcos, siempre, están en las villas.
Menos aún se habla de los consumidores de drogas más sofisticadas, legales o ilegales que, a lo sumo son un exceso y no un drama de la pobreza que, para algunos, es sinónimo de delincuencia. Linchamos a cada joven pobre que roba por necesidad o urgencia, de comida o de drogas, y no a quienes se ponen un guante blanco para asesinar, mediante decisiones políticas o empresariales, a miles de personas en todos lados todo el tiempo.
La cuenta, para este cronista, empieza a cerrar. Se declara la emergencia de seguridad pública para combatir al narcotráfico, el mismo que está en las villas, donde ya se pedía DNI por portación de rostro pero que, ahora, se legaliza e institucionaliza. Y esto, por supuesto, avalado por los grandes medios de comunicación, que construyen una cultura y prácticas sociales muy distantes de lo que realmente ocurre en cualquier villa y sus habitantes. Insistimos en que nos son las y los villeros naturalmente integrantes de bandas narcos (recordemos, en el lugar más bajo de estas asociaciones ilícitas que concentra su poder en otros lugares), sino que son las villas lugares altamente confiables para instalarse porque la inacción del Estado, los niveles de vulnerabilidad y las abundantes complicidades policiales y políticas, lo permiten. Y claro, quienes integran estos grupos representan una cantidad insignificante en relación al total de habitantes de cualquier barrio.
Sobre villas hablemos de lo que corresponde
Hace mucho tiempo que venimos dando la batalla mediática contra los estigmas villeros. Tanto desde casos que involucran muertes por la inacción estatal, revalorizando la cultura villera y su historia de lucha, centrándonos en las crisis habitacionales de estos barrios y llegando a discutir, directamente, frente a las mentiras gubernamentales. Y lo seguiremos haciendo.
El narcotráfico, entre otros tantos flagelos que sufren las y los villeros, se debe esencialmente a la ilegalidad con la que convive el poder político. Estamos convencidos que los problemas reales de los barrios pasa por otra inseguridad, muy distinta a la que se plantea cuando, por ejemplo, se toman medidas como la aquí analizada. Que una persona no acceda un trabajo digno por su lugar de residencia, forma de vestimenta o estilos de expresión, es humillante. Hace un largo tiempo escribía las dificultades para una persona “Sin acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Marginado, discriminado. A pesar de todo, decide ir a la salida del subte a pedir una moneda. Pero resulta que el %99 de las personas no le dan ni siquiera 10 centavos”. Cabe preguntarnos, con este parámetro, de qué inseguridad hablamos, de qué delincuencia nos preocupamos.
La constitución de la Ciudad de Buenos Aires es ejemplar cuando se refiere a la vivienda digna de los sectores más postergados, pero también la Nacional. Leyes que van y vienen, se aprueban pero no se aplican. Y el chivo expiatorio sigue siendo el mismo. Y quienes abrazan las banderas de la justicia, paradójicamente, son los abanderados de las injusticias más certeras contra el pueblo trabajador.