El FMI quiere lavar su imagen, tras el fracaso rotundo de 2001, y apoyar además a Cambiemos como cabeza de playa en una América Latina neoliberal. El gobierno ajusta y enturbia el panorama. Complicaciones de cara a la revisión del acuerdo con el Fondo.
Tras una década de expansión monetaria para salvar a la banca, Estados Unidos y la Unión Europea vienen elevando sus tasas de interés, lo que encarece el crédito para las economías llamadas “emergentes” por los operadores financieros. Por ello, en las últimas semanas se viene otra vez hablando de la suba del “riesgo país”, un viejo conocido en estas latitudes. En este tono, las monedas más afectadas –además del peso argentino- son las de Brasil, México, Rusia, Sudáfrica, y en especial, la de Turquía, que esta semana ha desestabilizado el mundo-burbuja financiero. A esto se suma la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuyos efectos se hacen sentir en la organización de la producción a nivel global.
Pero subas de tasas de interés de referencia, de riesgo país y reacomodamientos comerciales no son toda la explicación de las dificultades de la semana. Tal como ocurría hace dos décadas, la creciente inestabilidad global se cruza con severas inconsistencias del programa económico de Cambiemos. Desde este lunes, llegó al país la misión del FMI a auditar los avances del gobierno en materia de ajuste y reforma, para determinar el cumplimiento de metas en el marco del acuerdo firmado tras las corridas cambiarias de mayo y junio.
En la lista de deberes, la perla más brillante del gobierno es haber sobre-cumplido las metas de déficit fiscal, habiendo logrado un ajuste mayor al pactado. Se esperaba llegar a un déficit de 1,1% del PBI en la primera mitad del año (cerrando 2018 con 2,7%), y los números oficiales acusan un 0,8%. Este ajuste es el que está sintiendo, por ejemplo, la educación superior, que encara esta semana en lucha, reclamando no solo paritarias, sino gastos de funcionamiento: la mayoría de las universidades no recibe fondos para pagar servicios desde febrero.
En el resto de las metas, la cuestión viene más escabrosa. Por el lado de la inflación, aquella meta original del 10%, corregida al 15%, ya quedó en el pasado, sobrepasada ya en junio. Las estimaciones privadas dan un 2,8% en julio, lo que haría superar el 30% de inflación en 2018. Esto explica la necesidad de nuevas paritarias.
Por el lado de la estabilización cambiaria, la situación es más difícil. Tras las devaluaciones de la semana previa, el gobierno enfrenta un nuevo “supermartes” de vencimiento de LEBACS: 525.000 millones de pesos vencen hoy, equivalentes a más de la mitad de billetes y monedas que circulan. El gobierno venía renovándolas solo en parte, cambiando letras del Banco Central (LEBACs) que pagan por encima del 40% anual en pesos y vencen todos los meses, por letras en dólares a cargo del Tesoro (LETES) que vencen a un año pagando alrededor de 3,65% anual. Otra parte, empero, se venía cambiando a pesos, y de allí a dólares: de mayo a ayer, la devaluación fue del 43%. Solo compite con Turquía en este rubro en todo el mundo.
Las perspectivas no son claras, y la bomba de tiempo sobre la que operan es delicada. Ayer lunes se anunció que estas LEBAC serán canceladas, renovando solo una parte, que quedará en manos de entidades no bancarias (fondos, personas, etc.), ofreciendo un interés por encima del 45%. A cambio, se proponen dos instrumentos opuestos: NOBACs a un año y LELIQ a 7 días. El éxito de esta operación está lejos de estar garantizado, más cuando ayer mismo se anunció que el BCRA dejará de vender dólares a cuenta del Tesoro, aquellos que venían del crédito con el FMI.
El Fondo pretendía que se avance con algunas reformas: la laboral, pero también nuevas versiones de la tributaria y la previsional. El gobierno entiende que hay dificultades para pasarlas por el Congreso, ahora envalentonado por la caída de imagen del oficialismo. Algunas fuerzas, como el Frente Renovador, ya ha salido con 14 puntos, explicando que es mejor aceptar el acuerdo con el FMI, y negociar algunas medidas más heterodoxas. Llamativamente, estos 14 puntos podrían negociarse con el Fondo, pero resultarían difíciles de digerir para el propio gobierno, que no aceptó dilatar la reducción de retenciones e impuestos a bienes personales, tal como le sugirieron desde el organismo. El clima político no deja claro que el gobierno logre pasar estas reformas, por lo que busca alternativas. Por ejemplo, desde hace tiempo a esta parte, busca incluir elementos de reforma laboral en los convenios colectivos (ver petroleros, mecánicos, lechería) y en especial en el “activismo judicial” (ver fallo de la Corte Suprema contra el médico monotributista).
Con todo, el gobierno tiene esperanzas. No solo por su énfasis de ajuste, sino por el rol geopolítico que ocupa su acuerdo con el Fondo. El FMI quiere lavar su imagen, tras el fracaso rotundo de 2001, y apoyar además a Cambiemos como cabeza de playa en una América Latina neoliberal. Pero más aún, Estados Unidos (que tiene poder de veto en el organismo) quiere evitar que el país (y la región) busquen otras fuentes de crédito. Esto es lo que hizo Macri hace unas semanas, cuando viajó a Sudáfrica para negociar una extensión del swap con China. Así como el crédito del FMI es inusitado por su valor (no tiene parangón en el mundo), el apoyo del organismo a Cambiemos no es técnico, sino político.
Por supuesto, éste es un salvavidas de plomo. Incluso con los 6.000 millones de dólares que restan desembolsar en el año (que se suman a los 15.000 ya entregados), no hay garantías. El clima social y político, sumado a la turbulencia financiera, no ofrecen una buena perspectiva. Mientras tanto, el gobierno de Cambiemos mantiene su aval para que una minoría de personas y empresas fuguen capitales: entre diciembre de 2015 y junio de 2018, esta minoría fugó 50.799 millones de dólares: casi el equivalente a las reservas del Banco Central, más de un 10% del PBI. La deuda que toma el gobierno y las promesas que hace para respaldarla financian esta estafa: nada bueno puede esperarse de allí.