Por Camila Parodi y Francisco Farina. A una semana de las denuncias y acusaciones del intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, contra el abogado y miembro del Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli y del Espacio de Tierras para Todos y Todas, José Luis Calegari, vecinos, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos se manifestaron frente a la Municipalidad para expresar su repudio y exigir el esclarecimiento de la situación.
Desde primeras horas de la mañana de ayer cientos de habitantes de los distintos asentamientos del distrito del sur del conurbano bonaerense comenzaron a concentrarse frente al palacio municipal. A medida que iban llegando desplegaban sus banderas y pegaban afiches y cartulinas escritos con marcador sobre la fachada del edificio. La consigna era la misma: repudiar al intendente Pereyra por la denuncia realizada al Centro Angelelli y a su representante, el Dr. Calegari.
El martes pasado aparecieron por las calles de Florencio Varela numerosos afiches acusando al representante del Centro Angelelli de “negociar e incentivar la toma de tierras”. El objetivo: menospreciar la lucha colectiva por el derecho a la tierra de más de 30 asentamientos que lleva adelante el Espacio de Tierras para Todos y Todas, asamblea de la cual Calegari forma parte. El hecho sucedió frente a siete cámaras de seguridad, por lo que la Organización realizó una denuncia y pidió los videos de esa madrugada.
Con el pasar de los días, ese hecho anónimo fue complementado con una campaña de difamación realizada directamente por el intendente Julio Pereyra quien, en complicidad con el bloque opositor del Frente Renovador y distintos medios masivos como La Nación y Radio Mitre que reproducían la versión, relacionaba al Dr. Calegari y a todo el Centro Angelelli con la comercialización de tierras y la implantación del narcotráfico en los asentamientos.
Marcha habló con Alfonso Rojas, miembro del Centro de Participación Popular, quien relató lo acontecido: “El día martes de la semana pasada aparecieron afiches anónimos donde acusan a José Luis de ser el principal instigador de las usurpaciones de tierra en Florencio Varela, y donde lo acusan de no ser abogado. Nos vinculan con narcotraficantes y con bandas que inician las ventas de lotes. Es por eso que hoy nos concentramos con todos los vecinos, vecinas y organizaciones de Florencio Varela y de la Provincia de Buenos Aires que han salido a apoyar. Queremos que el intendente se retracte de lo dicho y repudiar esta acción, ya que nosotros hace más de 20 años que venimos trabajando y acompañando a los habitantes de los asentamientos y de los barrios del partido”.
A lo largo de la semana pasada, las distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos expresaron su solidaridad y repudio a las denuncias del intendente, varias de las cuales se hicieron presentes en la concentración. “La verdad que esto nos fortalece, nos ayuda a poder seguir adelante, hemos tenido adhesiones de toda la Provincia de Buenos Aires, de la comunidad de migrantes, e infinidades de Centros Comunitarios que funcionan hoy en Florencio Varela. Esto nos fortalece y nos permite seguir laburando con los sectores más pobres y los sectores que realmente necesitan”, expresó Rojas.
En dialogo con Marcha, Pablo Pimentel, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, explicó su presencia en el acto: “Esto es una afrenta a todos los luchadores populares, esto es seguir marcando la cancha desde sectores políticos que añoran tiempos pasados y que tienen una actitud hipócrita, ya que en realidad son ellos los que se alían a este flagelo que es el narcotráfico, permitiéndoles instalarse en los municipios”. Y agregó: “Vamos a presentar un Amicus Curiae que es una figura para repudiar este hecho y pedir inmediatamente que se desestime esta denuncia. No podemos seguir avalando estas cosas, no vamos a permitir que avance esta causa”.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del propio Calegari. Durante su alocución, además de agradecer las muestras de apoyo y solidaridad, refutó uno por uno los intentos de difamación de los que fue víctima. Además de explicar como los funcionarios públicos y sus familiares se encuentran relacionados con la venta de algunos planes de vivienda de los que fueron adjudicados, denunció al intendente diciendo que “él no habla de los que toman tierra en serio: las grandes empresas y las cooperativas fantasmas que venden lotes de tierra y realizan negocios inmobiliarios”, mientras “los sectores de poder sólo criminalizan a quienes no tienen ni siquiera un pedazo de tierra”. A continuación enumeró una extensa cantidad de denuncias que su organización realizó señalando a los narcotraficantes que operan en los barrios del municipio y que nunca fueron investigadas o fueron archivadas debido a la complicidad de funcionarios públicos con los comisarios que a lo largo de los años fueron pasando por las dependencias de la zona. Incluso exigió al intendente y al responsable de Derechos Humanos del municipio que entreguen los archivos de la última dictadura militar, pidiendo explicaciones del porqué de la negación de la publicación de esta información. Denunció también el estado de abandono de las casas del plan de vivienda federal, mientras miles de familias deben tomar tierras. Y fue contundente en la interpretación de la serie de hechos sucedidos la última semana: “hay que ser pobres tipos para hacer eso, hay que ser pobres tipos para poder hacer afiches sin firma, y la verdad que rápidamente logre sentir de que en realidad no era un signo de fortaleza, era debilidad de la mafia que nos gobierna”.
El municipio y su intendente tuvieron su revés. Luego de intensos días de organización, el Centro Angelelli concretó una imponente jornada de denuncia pública a los funcionarios de los distintos poderes locales. Allí se puso en conocimiento la situación actual de los barrios del conurbano donde las organizaciones sociales, lejos de negocios, se encuentran resistiendo, en defensa de la vida de las comunidades, los avances de la verdadera “trama mafiosa” que integran los poderes políticos, empresariales, policiales y judiciales, arrasando con todo aquello que no les genere beneficio alguno, como es la vida de miles de familias que no tienen acceso a la tierra y la vivienda digna.