Por Marcos Zelaya y Jonatan Emanuel Baldiviezo. El pasado 2 de enero la Ciudad asumió el Servicio de SUBTE luego de un año de indefiniciones. Pero este no es el fin de los problemas para los porteños que, entre otras situaciones, sufrieron una suspensión del servicio de diez días.
Mediante la aprobación de la ley Nº 4.472 se reguló el traspaso y los mecanismos de gestión del SUBTE. Esta ley fue prenda de negociación en el marco del pacto entre el macrismo y el kirchnerismo en la Legislatura porteña vinculado al favorecimiento de la especulación inmobiliaria. La ley es una declaración de principios políticos macristas: superpoderes, disminución de derechos laborales, reprivatización del SUBTE, manejo de fondos públicos sin control, aumento de impuestos, endeudamiento.
Las primeras medidas anunciadas son, por un lado, la interrupción por dos meses del servicio de la Línea A entre el 12 de enero y el 8 de marzo para poner en marcha el “Plan de renovación de la Línea A” y, por otro, el inminente aumento de tarifa.
Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cantidad de personas transportadas en el mes de enero de 2012 fue de 2.789.447 y en febrero de 2012 fue de 2.663.679. Entre los dos meses se suma un total de 5.453.126 de personas transportadas, cifra aproximada de viajes que los usuarios del SUBTE no podrán realizar.
El plan anunciado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) resulta motivado por objetivos políticos, publicitarios y electorales, no técnicos, ya que como el mismo Presidente de SBASE sostuvo, las alternativas para realizar las medias sin interrupción del servicio tomarían 8 meses.
El “Plan de Renovación de la Línea A” consiste en el retiro de los 95 coches del túnel vía Taller Polvorín, el cambio de tensión y el alistamiento intensivo de las 9 formaciones chinas, capacitación del personal, 70 parejas, cambio de ruedas de los 25 coches Fiat. No se encuentran antecedentes de una interrupción del servicio de SUBTE por semejante lapso de tiempo para la realización de acciones de modernización análogas. El material rodante que reemplazará a los coches belgas (Le Brugeoise) fueron comprados a la empresa CITIC de China en forma directa y son objeto de una investigación judicial en el marco de una denuncia penal por sobreprecios presentada por el ex legislador Facundo Di Filippo, en los cuales están involucrados Ricardo Jaime, la Empresa CITIC y Franco Macri, intermediario de la operación.
En primer lugar, la decisión de suspender la Línea A no cumplió con pasos administrativos previos como la realización de una audiencia pública. En segundo lugar, el criterio de seguridad empleado para fundamentar la suspensión del servicio no surge de las recomendaciones de la Auditoría realizada por Transports Metropolitans que costó 400.000 Euros ni de las declaraciones de Miguel Bonilla Ruiz, encargado de su dirección, quien descartó el peligro inminente del uso de los choches Le Brugeoise. La Línea A es la que presenta menos incidentes relacionados con la seguridad de toda la red de SUBTE. En tercer lugar, ni el Poder Ejecutivo ni SBASE cuentan con autorización legal para interrumpir el servicio del SUBTE.
La interrupción del servicio de la Línea A es una decisión irrazonable ya que restringe los derechos de los usuarios y los comerciantes del subte y adopta la alternativa más gravosa para sus derechos.