A cambio de que la empresa española Repsol retire las demandas ante el CIADI, el gobierno argentino llegó a un principio de acuerdo para una indemnización por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF.
Se reunieron en Buenos Aires el flamante ministro de Economía Axel Kicillof, el CEO de YPF Miguel Galuccio, el embajador argentino en España Carlos Bettini y el poderoso secretario legal y técnico Carlos Zannini con el ministro Industria, Energía y Turismo de España, el director general de negocios de Repsol Nemesio Fernández Cuesta y el director general de Pemex Emilio Lozoya. Es decir que fue una reunión de alto nivel diplomático, promovida por los gobiernos de México, España y Argentina.
La presencia del principal directivo de la petrolera estatal mexicana Pemex se debe a que posee el diez por ciento de las acciones de Repsol y a que por sus buenas relaciones con el gobierno argentino hace tiempo promueve un acuerdo entre Repsol y el gobierno nacional. De hecho, en junio pasado llevó a la dirección de Repsol la última propuesta argentina para llegar a un acuerdo que fue rechazada por unanimidad.
Las intenciones de la empresa mexicana tienen que ver con introducirse en el negocio de los hidrocarburos no convencionales, especialmente en el yacimiento de Vaca Muerta, el mismo donde YPF trabajará con la norteamericana Chevron. Además los directivos de Pemex están enfrentados con el director general de Repsol Antonio Brufau, a quien Lozoya cuestionó públicamente en una presentación ante el Congreso mexicano por la abultada ganancia que se adjudicó en el último año, cercana a los ocho millones de dólares.
Según un comunicado emitido por el departamento de prensa de Repsol una vez finalizada la reunión, el principio de acuerdo al que arribaron las partes será debatido en la próxima sesión del Consejo de Administración de la petrolera, donde deberán evaluarse las características de la indemnización propuesta.
A cambio del pago de la indemnización en activos líquidos, lo que significa que pueden ser convertidos rápidamente en dinero, Repsol debería comprometerse a retirar la solicitud de arbitraje presentada en el tribunal del CIADI perteneciente al Banco Mundial, en ocasión de la nacionalización parcial de la petrolera. Además, deberá retroceder también en la medida cautelar presentada ante ese mismo tribunal frente al acuerdo entre Chevron e YPF por considerarlo ilegítimo.
Parte de una política más general
Aunque en su momento Kicillof había amenazado públicamente a Repsol con no pagar un peso de indemnización a cuenta del enorme pasivo ambiental que la multinacional española dejó en nuestro país, el anuncio del intento de acuerdo por la indemnización es coherente con un conjunto de políticas que viene impulsando el gobierno nacional en los últimos meses.
El arreglo de varios conflictos acumulados en el tribunal del CIADI desde la devaluación de 2002, el trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional para establecer en febrero próximo un nuevo índice de inflación y el acuerdo entre YPF y Chevron cuyas cláusulas aun se mantienen en el mayor secreto para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, van creando las condiciones para volver a acceder al mercado de capitales. Es decir, poder tomar deuda externa nuevamente.
La escasez de dólares que sufre la economía nacional, entre cuyas múltiples causas se destaca el déficit energético provocado por la privatización de YPF y por una década de políticas energéticas contrarias al desarrollo nacional, plantea al endeudamiento externo como una solución momentánea para aliviar la disminución de reservas y proyectar los próximos dos años de mandato de la presidenta con mayor soltura. Para el gobierno, representaría una forma intermedia de esquivar las presiones hacia la devaluación y el ajuste que provienen de un sector importante de la clase dominante y de la oposición política, sin tampoco afectar los intereses de las grandes fortunas, es decir buscar los recursos necesarios en los grandes beneficiados del modelo.
Es por eso que tras una década de discursos contrarios al endeudamiento, ya son varios los funcionarios que, como Kicillof y la propia presidenta, defienden la posibilidad de tomar deuda “para infraestructura”. Para ello es importante resolver el conflicto con los fondos buitres en la justicia norteamericana y en general con el conjunto de los bonistas que aun no entraron en ninguno de los dos canjes de la deuda.