Foto: Vero Canino Vazquez
Por Carla Perelló. Se realizó en la Universidad de San Martín una de las capacitaciones previstas por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y organizaciones feministas. Marcha dialogó con Aníbal Faundes, médico a cargo de la clase magistral.
El anuncio de la creación de un equipo para realizar abortos no punibles agitó el avispero. “Se ha creado la ‘unidad móvil de la muerte”, repudiaron las asociaciones católicas y “pro-vida”. Horas más tarde estaban sentadas a la mesa con funcionarios de la provincia de Buenos Aires para hablar sobre salud pública. Con la puja de poder a la vista, desde el Ministerio de Salud sostienen que “hay que cumplir la ley”, cuyo marco es el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que dictamina la aplicación del protocolo para interrupción del embarazo. “En ningún lugar he visto tantos progresos para que las mujeres accedan a un aborto”, aseguró el experto en derechos sexuales y reproductivos, Aníbal Faundes, sobre la situación en la provincia.
“Esperamos que el Sr. Gobernador y el Sr. Ministro de Salud recapaciten y anulen esta misión móvil destinada a asesinar pequeños seres humanos”, manifestaron en un comunicado desde el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. Ante esa intimación, el Gobierno respondió rápidamente. Negó la existencia de un “hospital móvil” para abortos y marcó su línea “a favor de la vida y la familia”.
Ante el cruce de declaraciones, la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud bonaerense, Marisa Matía, sostuvo ante Marcha: “nuestra obligación como Estado es garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos porque es fundamental para el Programa prevenir embarazos no deseados. Tenemos leyes para cumplir y el Protocolo”, aseveró y echó por la borda que se haya desestimado el proyecto. La iniciativa, aún en evaluación, impulsará la creación de un equipo interdisciplinario: tocoginecólogo, obstetra y psicólogo o trabajadora social.
Los avances en la promoción del acceso al aborto
La prueba de que el proceso aún es de avance en materia de derechos es que se realizó una de las tantas capacitaciones promovidas por el Ministerio y las organizaciones sociales, en esta ocasión, en la Universidad de San Martín (Unsam). Allí, participó Aníbal Faundes, médico obstetra, ginecólogo y Presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO); chileno con trabajo en territorio en Campinas, Brasil. Su premisa fue la apertura de la clase magistral de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la universidad, que, a su vez, formó parte de la capacitación que el Ministerio de Salud bonaerense brindó a estudiantes y efectores/as de la salud de la V Región Sanitaria.
Ante la consulta de Marcha, Faundes explicó, “los avances consisten en la implementación de muchos servicios de reducción de riesgos y daños, y varios servicios de interrupción legal del embarazo, incluso a nivel primario, en comparación con poco más de dos años atrás”. De los 46 países que forman parte de la FIGO Uruguay y la provincia de Buenos Aires están a la cabeza en la promoción del acceso al aborto. Además, sostiene, “hay una masa crítica creciente de profesionales que ya hablan con naturalidad del derecho de las mujeres sin medios económicos de tener acceso al aborto dentro de la ley en los servicios públicos”.
La red de acción a la que se refiere el experto está basada en las indicaciones del Protocolo de abortos no punibles (resolución 3146/12) implementado desde 2012 que, entre otros, obliga a avisar al Ministerio de Salud cuando una mujer quiera practicarse un aborto no punible y todos los profesionales sean objetores de conciencia. Y, según especificó Marisa Matía, en las doce regiones sanitarias de la provincia hay un referente que funciona a modo de “brazo ejecutor del Programa en la región”, ya que se ocupa de resolver casos complejos y, por ende, arbitrar los medios para que la mujer llegue al aborto.
En esa trama, uno de los papeles más importantes lo tienen las organizaciones sociales, políticas y feministas que militan en cada espacio brindando información directamente a la población sobre usos de métodos anticonceptivos y formas de abortos y en qué casos debe eso suceder. También, acompañan a mujeres en caso de encontrarse con algún obstáculo.
Hasta el momento, pareciera ser que los médicos son los que menos inquietudes tienen sobre la cuestión. El viernes en el auditorio de la Unsam –poblado de mujeres– se podían contar con los dedos de una mano, la mayoría eran psicólogas y trabajadoras sociales. “Hay que trabajar sobre esa línea, pero ellas –psicólogas y trabajadoras sociales– también son parte de los equipos de atención y apostamos a que traccionen para que el cumplimiento de derechos sea efectivo”, dijo Matía.
Durante su exposición, el experto aportó diversas claves que hacen al conflicto para avanzar en la concreción de derechos como posibles soluciones y ejemplos. “Los casos de violación en los que la mujer está golpeada son excepcionales”, indicó y arremetió con una pregunta: “¿Cómo se hace para probar que una mujer fue violada por su pareja? Si hay una relación sexual no consentida, entonces el aborto es no punible”, concluyó. Esos casos son los más frecuentes y los menos denunciados: en Campina, Brasil, son el 80 por ciento. En Argentina, precisaron las especialistas presentes, ése número puede ascender al 95 por ciento.
La objeción de conciencia como pretexto
La objeción de conciencia es uno de los nodos del conflicto o, al menos, la excusa que ventilan los profesionales de la salud que están en contra de esta práctica. “Es un derecho que tiene que ser respetado cuando es verdadero. El problema es que en el contexto del aborto legal en servicios públicos, la mayor parte de los objetores usan éste principio como pretexto para no hacerlos por comodidad o por temor al qué dirán”, consideró Faundes.
Sin embargo, el dilema aborto sí o aborto no es una cuestión super estructural, de clase: “hay que aplicar el principio de Justicia que obliga a dar igualdad de servicios a la mujer pobre”, insiste más allá de que contempla los diversos factores –sociales, burocráticos y ético-ideológicos– que actúan sobre la mujer y sobre el médico o la médica en el momento de interrumpir un embarazo. Para solucionarlo aportó una clave: “tiene que haber líderes con prestigio” en los centros de salud que impulsen la realización de esta práctica.
Por su parte, Sabrina Cantabria, abogada feminista, se dedicó a ahondar en “tres puntos problemáticos” del protocolo de aborto que deberían “rever o cambiar” para que no haya confusiones a nivel legal: discapacidad mental, adolescentes y equipo interdisciplinario. “En materia de derechos sexuales y reproductivos se le consulta a los padres o tutores si las adolescentes tienen menos de 14, excepto en casos de aborto que es inclusive hasta los 18 años”, ejemplificó.
“El Estado se tiene que sentar con todas las organizaciones de la sociedad civil”, estimó al ser consultada sobre la polémica que se generó por el equipo móvil. Más aún, adelantó proyectos que están tratando en pos de que continuar ampliando el acceso a derechos: “Estamos viendo de brindar capacitación en el primer nivel de atención –’salitas’– para realizar abortos no punibles con medicamentos y quirúrgicos con la técnica de Aspiración Manual Endouterina (Ameu) en mujeres que no pasen las doce semanas de gestación”. La razón por la que se implementaría allí es porque “ha demostrado tener mucha más receptividad y empatía”.
En tanto, el ejercicio de derechos sexuales ha brindado números más que satisfactorios, ya que las muertes maternas por aborto se redujeron un 55 por ciento en la provincia entre 2011 y 2012. Quizá, para cumplirlo, sea mejor escuchar un consejo. “Dejar de pedir perdón y tener culpa”, dijo Faundes al cerrar su conferencia y siguió, “lo único ético es respetarle a la mujer el derecho al aborto”.