Por Mariana Fernández Camacho*. La apelación al falso síndrome de alienación parental es una forma de violencia institucional. La atraviesan mujeres acusadas de manipular a hijas e hijos en medio de divorcios con violencia o incluso abuso sexual.
Desde hace un tiempo comenzaron a resonar historias desgarradoras denunciando cómo la justicia argentina ningunea los testimonios de niños y niñas que sufren maltratos o violencia sexual por creerlos elucubrados por mujeres que tienen como solo fin alejar a los padres y sacarles plata. El Congreso se hizo eco y rechazó con dos dictámenes la aplicación del seudo Síndrome de Alienación Parental y su terapia en los procesos judiciales de familia. Sin embargo, el SAP es un instrumento más de un Poder Judicial que trabaja a rajatabla para invisibilizar los abusos y mantener, a como dé lugar, el orden social establecido. Radiografía de un laberinto de mitos y matufias disfrazadas de legalidad.
1- Tema de pobres
El maltrato infantil es una realidad que se desparrama salpicando a todos los sectores sociales, en la Argentina y en el mundo. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que cada año mueren por homicidio 34.000 menores de 15 años y aproximadamente un 20% de las mujeres del planeta manifiestan haber sufrido abusos sexuales durante la infancia. Por su parte, UNICEF señala que en América Latina y en el Caribe entre el 70% y el 80% de las víctimas de violencia sexual son niñas, que en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en tres cuartas partes son familiares directos. En nuestro país carecemos a la fecha de registros estadísticos oficiales.
Hablamos, entonces, de una aberración que se practica sin distinción económica, de credo, color, nacionalidad o afiliación política. Pero esta igualdad se termina cuando alguien se anima a denunciar lo aberrante, porque como dice Eduardo Galeno: “La justicia es como las serpientes… solo muerde a los descalzos”.
“Si sos de clase social baja y sin recursos el sistema funciona. El tema es cuando estos casos se dan en las clases medias y altas, porque de eso no se habla. Es políticamente incorrecta la violencia. Te preguntan ‘¿Pero cómo puede ser? Si el señor es divino, director de un banco, dueño de una empresa…’ Es decir, a mayor nivel socioeconómico y cultural mayor desprotección”, dice P., una mamá que desde 2009 lucha contra una (in)justicia obstinada en revincular a sus tres hijas con el papá que las abusó física, psicológica y sexualmente.
Virginia Berlinerblau habla desde su experiencia como médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil y forense de la Justicia Nacional: “Es tranquilizador pensar que los abusadores son personas identificables y perversas, cuando comúnmente los agresores sexuales son varones adultos heterosexuales, sin patología manifiesta, integrados en la sociedad que circulan entre nosotros sin que podamos reconocerlos”.
Para que este circo funcione existe, además, un elenco estable de abogados/as ansiosos/as por defender abusadores con una misma estrategia: descreer del relato del niño o de la niña. “Es un gran negocio patrocinar a los violentos cuando hay dinero y poder, por eso los estudios más grandes, los más preparados, los asesoran a ellos”, explica Graciela Jofre, jueza de paz en Villa Gesell.
Integrantes de la ONG Súmate Basta de Abusos
armaron un “Registro de operadores SAP”, en el que acumularon los nombres de estos letrados funcionales: Alejandro Molina, Hugo Morriello, Claudia Bosso, Cristina Pibida y Maximiliano Camus, figuran junto con otros formados en la ex Fundación Retoño creada por el ex juez civil Eduardo José Cárdenas.
2- Las madres buscan sacar plata
“Yo soy economista y sin embargo pido que alguien me cuente cuál es el negocio de denunciar a tu ex por abuso porque me lo perdí. Es más, perdí toda la plata”, se queja P. mientras enumera una larga y abultada lista de ítems que cumplen con volver fangoso el camino a la Justicia.
a) La primera represalia del denunciado es cortar con la cuota alimentaria. Y existen estudios empíricos que señalan la relación entre la incidencia de este no pago con la pobreza en la que se encuentran las familias.
b) La defensa particular aparece como la única opción si quien denuncia tiene trabajo y puede demostrar algún ingreso o bien. Para el resto se cuenta con la defensoría oficial. En este marco, Jofre señala: “Los adultos sin posibilidades económicas que protegen a las criaturas víctimas de estos delitos tienen que conformarse con defensas oficiales y con suerte caen en personas capacitadas y con sensibilidad humana. Muchas veces como no hay dinero no hay interés”.
c) El patrocinio particular se divide en dos: por un lado, para la denuncia civil se necesitan alrededor de 12 mil pesos como anticipo y luego lo que se conoce como un fee mensual (o cuotas) de entre cuatro mil y cinco mil pesos. Estos números reflejan un promedio y sirven solo para sentarse a hablar porque, ojo al piojo, en caso de obtenerse acuerdo u otro modo de finalización del proceso los cachet “se vuelven a determinar”.
d) Al derecho penal, en cambio, parece no haber llegado aún la pesificación y entonces, en general, la charla es en dólares. Así, los diagramas de honorarios suelen comenzar con un pago inicial de U$S 10.000 solo para estudiar y analizar la causa y elaborar escritos.
e) Los peritos de parte, necesarios para poder tener control sobre la producción de pruebas al constituirse como querellante, cobran por pericia alrededor de 15 mil pesos.
f) Si todavía se tienen fuerzas (y ahorros) para seguir avanzando en el proceso, el pago de acceso a la Corte Provincial en queja por denegación de recurso extraordinario es de 15 mil pesos. Y por las particularidades que tiene, la redacción de un escrito a la Corte Suprema puede llegar a los 60 mil pesos.
g) Agotadas las instancias nacionales, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede pagarse entre cinco mil o seis mil dólares.
h) Y no hay que olvidarse en el punteo de la imprescindible terapia psicológica para la niña o el niño que sufrió el abuso con profesionales especialmente capacitados. Cada sesión puede rondar los 500 pesos.
Hace rato que la suma dejó fuera de carrera a miles de mujeres. Así lo vive P.: “A mí el Estado no me da los instrumentos para poder defender a mis hijas, entonces que no pidan que denunciemos porque muchas no tienen la posibilidad de buscar Justicia”.
*Periodista de la Agencia de Noticias con enfoque de género Comunicar Igualdad donde originalmente se publicó la nota.