El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para expropiar a la ex Ciccone, la imprenta por la que el vicepresidente Boudou está siendo investigado. ¿Terminó el consenso privatizador? La opinión del economista Julio Gambina.
El oficialismo buscará en el día de hoy conseguir dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado para el proyecto que declara de utilidad pública, y por lo tanto sujeta a expropiación, a la Compañía de Valores Sudamericana SA, más conocida como Ciccone Calcográfica. Es el primer paso para que la semana que viene el proyecto de ley pueda tener media sanción y pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. “El objetivo es que se trate rápidamente”, anunció Aníbal Fernández, senador y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las involucradas en el debate.
Mientras tanto el gobierno decretó la intervención de la empresa por un plazo de sesenta días y encargó la tarea al ministro de economía de la Nación Hernán Lorenzino y a la titular de la Casa de la Moneda Katya Daura. Lorenzino explicó que los objetivos de la medida son “asegurar para el país la producción de sus billetes y papeles de seguridad en activos en poder del Estado” y “preservar activos, patrimonio y garantizar a los trabajadores los derechos laborales, afiliación gremial y vigencia del convenio colectivo de trabajo”. Por otro lado se especula con que el pago se descontaría de la millonaria deuda que la empresa contrajo con la AFIP, con lo que la expropiación no implicaría un desembolso de dinero de parte del Estado.
Se prevé que un sector del Frente Amplio Progresista (FAP) apoye la propuesta kirchnerista, así como también el bloque de Proyecto Sur. En cambio la Unión Cívica Radical, que había presentado anteriormente un proyecto de similares características, anunció que en este caso no la respaldará porque exige conocer antes información sensible del caso como quiénes son los accionistas de la empresa. Recordemos que justamente ese es uno de los objetivos de la investigación judicial en curso. Además, el diputado radical Ricardo Gil Laavedra, aseguró que “éste es un caso de corrupción escandalosa” y planteó que “Ciccone es el Gobierno y ha cerrado la persiana para que no se perfore ninguna información”.
La investigación judicial sobre posible tráfico de influencias en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone por parte de la AFIP continúa su desarrollo y las sospechas contra el entonces ministro de economía Amado Boudou no cesan en los medios de comunicación opositores y en los partidos políticos de la oposición. La Justicia deberá determinar la identidad de los nuevos dueños de la firma, enmascarados detrás de la sociedad The old fund y también el origen de los fondos que le permitieron levantar la quiebra.
El fin del consenso privatizador
“Hace un par de meses decíamos en tono interrogativo si existía un fin del consenso de las privatizaciones. Creo que el interrogante se está respondiendo, que la privatización de una serie de actividades productivas o incluso de funciones públicas y servicios esenciales como la emisión de moneda, está claro que tienen que quedar en manos del Estado.” Así arrancaba el economista Julio Gambina su entrevista radial en el programa Con el pie izquierdo emitida por Radio Sur en el día de ayer.
Gambina recordó que “con Menem al frente de la Casa de la Moneda estaba Gostanián. Por lo tanto ahí empezó un proceso que es lo que hay que revertir en la Argentina. Así como se revirtió, aún parcialmente, el tema de YPF, y como se revirtió, más allá de los usos, el tema de las AFJP, hay que hacer lo mismo con la moneda.”
Sobre las razones de la medida oficial el economista consideró que “puede haber una cuota de convencimiento en sentido ideológico, pero por otra parte están circulando billetes que tienen problemas serios. Hay billetes de 100 pesos que tienen dificultades, aunque están autorizados, son de curso legal, pero que no son producto de imitaciones sino podríamos decir de mala praxis”. Además relacionó la problemática de los billetes con la cuestión de la inflación: “es ilógico que la mayoría de los billetes que circulen sean de 100, lo que determina que nadie tenga cambio. El no modificar el tipo de billete máximo sigue apuntando a esconder la inflación. En el fondo todo el tema de la emisión de moneda no sólo tiene que ver con si la emite un privado o el Estado sino que está asociado a toda la política monetaria y económica de la Argentina”.
Además Gambina aclaró que la discusión “está atravesada por una cuestión judicial que son las sospechas que hay sobre quiénes son los propietarios de la empresa, los concesionarios de la empresa, los vínculos con el poder político, especialmente con el vicepresidente, pero la cuestión de fondo es quién tiene que emitir la moneda en la Argentina, y es una función estatal. No sólo es política monetaria, es decir cuánta moneda tiene que circular sino también quién la emite.”
“El tema está en la Justicia, se tiene que seguir investigando. Hay sospecha política porque estamos hablando del vicepresidente de la Nación, del titular del Senado. Tiene su lado político la cuestión, pero esto es judicial”, destacó el investigador.
Para concluir redondeó: “Todo aquello que signifique volver a la administración pública es adecuado. Después lo que hay que discutir es el papel del Estado. Qué Estado es el que hace esta estatización. Nosotros diríamos que hace falta estatizar las AFJP, pero darle gestión del fondo de garantías que administran las AFJP a los trabajadores, jubilados y en actividad. Sobre YPF habría que darle intervención a los trabajadores y a los usuarios, toda la economía depende del petróleo. Entonces no sólo se trata de estatizar, sino de qué Estado para qué política para qué modelo de país”.