Por Colombia Informa*. La Comisión Segunda del Senado dio vía libre para realizar el debate que intenta comprobar los nexos de Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico. El ex mandatario colombiano tiene una larga lista de denuncias en su contra.
Desde el mes de junio, antes de que el nuevo Senado se posesionara en pleno, el senador del Polo Democrático (PD), Iván Cepeda, anunció este debate indicando que era “necesario que la opinión nacional, el Congreso y las autoridades competentes asuman esta situación”. La propuesta presentada por Cepeda fue aprobada en la Comisión Segunda del Senado con diez votos a favor y tres en contra, votación bastante diferente a la del pasado 25 de julio cuando se hundió el debate con 53 votos en contra y tan solo 30 a favor.
“Esto no es un consejo comunal”
Con evidente molestia y alzando el tono de su voz, el ex presidente Álvaro Uribe se defendió de lo que consideraba como “acusaciones mentirosas”. Su malestar llegó a tal punto que el titular de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro, le permitió tomarse varios minutos luego de que la sesión se dio por terminada, algo poco usual para las intervenciones de los senadores. Uribe hizo una férrea defensa de su carrera política y manifestó sentirse agredido alegando que necesitaba “defender mi derecho a la honra”.
El ex mandatario puntualizó que su gestión como gobernador de Antioquia estuvo guiada por la transparencia y negó categóricamente cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y el paramilitarismo. Igualmente, exaltó su desempeño en la gobernación y su labor como director de la Aerocivil. Su tórrida intervención continuó negando cualquier tipo de relación con los generales Santoyo y Buitrago, pese a que fueron sus jefes de seguridad cuando fue presidente. En la actualidad, ambos se encuentran presos por narcotráfico y en procesos penales por vínculos con el paramilitarismo.
Su intervención continuó haciendo defensa al proceso de paz que su gobierno adelantó con los grupos paramilitares. Su discurso hubiera continuado, de no ser porque el senador Cepeda lo interrumpió afirmando que la sesión “no es un consejo comunal”. Además, lo llamó a referirse a él como Honorable Senador.
La barra uribista
A la plenaria de la Comisión Segunda del Senado acudió un importante número de parlamentarios uribistas de otras comisiones, quienes llegaron para dar apoyo a su máximo líder. Paloma Valencia, Alfredo Rangel y Jaime Amín se mostraron atónitos cuando Cepeda inició con la lectura de los cuestionamientos donde puso en entredicho la Ley de Víctimas que vincula a políticos con el paramilitarismo, y donde pidió que se aclare la situación de Uribe con respecto a la acusación de testigos que lo vinculan con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el narcotráfico. Según Cepeda, el ex presidente, cuando se desempeñaba como director de la Aerocivil, adelantó políticas de control interno que favorecieron a narcotraficantes.
Por su parte, la senadora Holguín calificó el debate a Uribe como “persecución”, a lo que Cepeda respondió que no era “por un tema personal, sino público”.
De victimario a víctima
Uribe acusó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a Cepeda de tergiversar en su contra el testimonio de varios presos. Aludió a los viajes del entonces presidente del Colectivo, el actual representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien junto a Cepeda realizó los contactos en Estados Unidos para dialogar con paramilitares presos en cárceles de ese país. Varios de los delincuentes extraditados dieron testimonio de los vínculos de Uribe con el paramilitarismo. El ex mandatario aseveró que esas declaraciones fueron hechas porque hubo dinero de por medio.
La fecha para el debate ya está establecida, será el próximo 18 de septiembre, cuando todo el país estará a la expectativa de las pruebas presentadas por Cepeda y los argumentos para la defensa de Uribe.
En diálogo con Colombia Informa, el senador Alberto Castilla manifestó “que este debate desbordará a la Comisión Segunda, porque es un tema de interés nacional. Es un debate necesario en donde no se puede vetar la posibilidad de desarrollar control político al interior del Congreso de la República. Hay que facilitar, inclusive, que las minorías tengan la posibilidad de convocar a un debate de control político y no que la impongan mayorías para impedir que se debatan temas que son de interés general. Los funcionarios públicos debemos tener nuestra vida pública expuesta. Nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestras acciones despiertan el interés nacional”.