Por Florencia Prego*. Los militantes de Quebracho siguen presos. Una crónica de las irregularidades del debido proceso, la conexión de la Justicia con la absolución de políticos y vínculos con la última Dictadura. Una historia de persecución y revancha de la clase judicial sobre los luchadores y las causas populares.
El día martes 3 de junio se realizó una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso de la Nación, para anunciar la presentación de la causa de Fernando Esteche y Raúl Lescano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), patrocinada por la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Florencia Saintout.
La denuncia ante la CIDH obedece al agotamiento de todas las instancias judiciales locales. Habiendo la Corte Suprema de Justicia negado el recurso, los organismos y tribunales internacionales se transformaron en nuevos e impensados escenarios, para denunciar los sucesivos atropellos y violaciones que el poder judicial argentino cometió contra los luchadores populares.
Al igual que el 3 de diciembre pasado -día en el que se efectuó la detención de nuestros compañeros Fernando y Boli- acompañó un espectro político, académico, intelectual y cultural muy amplio. Estuvo presente el vicegobernador de la Provincia de Bs. As. Gabriel Mariotto; la decana de la FPyCS Florencia Saintout; los dirigentes políticos Milagro Sala, Luis Delia, Humberto Tumini, Vilma Ripoll y Edgardo Depetri; los legisladores Gastón Harispe, Chipi Castillo, Vilma Ripoll, María Rachid, Pablo Ferreyra, Quito Aragón, Leonardo Grosso, Alejandro Bodart, Adela Segarra, Gustavo Dimarzio, Araceli Ferreyra, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Marcelo Ramal y Karina Nazabal. También estuvo el Frente Popular Darío Santillán, el MTE, el Comedor Los Pibes, Marea Popular, la Tupac Amaru, el Movimiento Evita. Imprescindible fue la presencia de una gran luchadora: Nora Cortiñas.
Hace ya seis meses que Esteche y Lescano están en prisión, condenados y encarcelados por escrachar el local partidario del fusilador Jorge Sobisch; por dañar unos muebles y romper unos vidrios. Aunque pensar que están presos por eso, sería perder de vista la dimensión histórica que tiene ese encarcelamiento.
Fernando Esteche recibió la pena más alta sin haber participado en los hechos. Para detenerlo tuvieron que ir a buscarlo, simplemente porque no estaba ahí. El Boli, un militante revolucionario histórico, que lleva más de 13 navidades como preso político, fue secuestrado 12 días después del escrache. Paradójicamente, al momento de su detención se estaba realizando un acto en Callao y Corrientes pidiendo por la libertad de los 12 compañeros que estaban detenidos desde el 5 de abril, cuando una patota lo intercepta y con un modus operandi propia de la última dictadura militar, lo secuestra en un auto sin patente y se lo lleva. Inmediatamente se emitió un habeas corpus porque pasó más de cinco horas desaparecido. Tras haber pasado por varias comisarías de forma ilegal y haber recibido varios golpes, lo llevan al penal de Marcos Paz, donde estaba preso Fernando Esteche junto al resto de los compañeros.
En el juicio nada de esto importó.
Un policía prestando testimonio falso, afirmó ver a Esteche ese día en el escrache, testimonio suficiente para que los jueces lo condenen a 4 años de prisión, como si eso fuera poco en la vida de un hombre. Tampoco se contempló la detención ilegal del Boli. El juzgamiento y la condena estuvo en mano de los jueces -el TOF Nº 3 integrado por Gordo, Pons y Larrambebere- que tienen estrecha vinculación con los genocidas y con la violación a los derechos humanos en democracia. Jueces que se excusaron de juzgar a dictadores, que no solo no investigaron sino que ocultaron tanto crimen cometido contra nuestro pueblo; son los mismos jueces que en diciembre pasado absolvieron a De la Rúa y sus secuaces por las coimas en el senado. Tampoco podemos no mencionar al fiscal Osorio, tristemente conocido por todos nosotros, y en particular por la familia de Darío y Maxi. Es el mismo fiscal que tuvo en sus manos la causa de la masacre de Avellaneda y que desligó de toda responsabilidad a Duhalde y compañía. ¿Cómo no iban a condenarlos? Encontraron la carnada perfecta para su revancha.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se denunció las sucesivas y simultáneas violaciones al debido proceso, todas las arbitrariedades que el poder judicial cometió. El Tribunal que emitió la condena es el mismo que la ejecuta. Fueron estos jueces, quienes teniendo en sus manos el informe médico del forense de la corte que anunciaba el delicado estado de salud del Boli, le niega la prisión domiciliaria. Esto devino en que la madrugada del 2 de mayo padeciera un accidente cerebro vascular que lo tuvo al borde de la muerte. Nuevamente se presentó el pedido de domiciliaria, sin tener todavía hoy, una respuesta del tribunal.
Dos semanas antes de ser apresado el Boli fue testigo, principal testigo, en el juicio que se sigue contra los genocidas en Catamarca por la masacre de Capilla del Rosario. Entonces los compañeros del Boli, militantes del PRT-ERP, se habían refugiado en la Capilla luego de un repliegue inesperado cuando se dirigían a copar un cuartel del ejército. Cuando se vieron rodeados se rindieron y al entregarse fueron fusilados, masacrados. El Boli es un sobreviviente de ese repliegue y de ese escarmiento.
¿Por qué estamos presos? Una lectura urgente y necesaria
Claro está, nosotros no estamos presos por romper un local. Pensar eso, sería hacer una lectura ingenua o despojada de historia. Pensar la dimensión que tiene esta cárcel, no solo para nosotros, sino para el campo popular, tal vez permita hacernos de un armamento político e ideológico necesario, pero no suficiente, para enfrentar las revanchas que se aproximan. Si bien entre los 80 y el 2001 padecíamos algunas debilidades políticas como pueblo, hay todavía hoy quienes se detienen a pensarnos a partir de su acuerdo o desacuerdo con nuestros repertorios, naturalizan las acciones punitivas sobre nosotros, duermen en paz y se regodean en una clave de perversión mesocrática. Como campo popular, como militantes revolucionarios, tenemos el desafío de romper con esa perversa lógica, de lograr que nuestra cárcel no le resulte cómoda a nadie, que les moleste y cueste a todos.
La libertad de nuestros compañeros depende de una decisión política. Esta presentación es quizás el último recurso para aportarle al gobierno, y que de una vez por todas, estemos en la calle. Pero solo con la solidaridad y unidad de todos los compañeros y las compañeras del campo popular, será posible esta victoria.
*Florencia Prego es comunicadora social y militante de Mov. Popular Quebracho.