En la mañana de domingo, cientos de miles de españoles salieron a la calle en 57 ciudades del país para rechazar la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular (PP), liderado por el primer ministro Mariano Rajoy.
Los organizadores afirman que más de 1 millón de personas participaron de la movilización en todo el país. En Madrid 500 mil manifestantes adhirieron a las protestas y en Barcelona, 450 mil. La policía dice que había 50 mil en la capital española.
La reforma laboral fue aprobada el 10 de febrero por el Consejo de Ministros. “Si el gobierno no rectifica, continuaremos en movilización creciente”, afirmaron las dos entidades sindicales que convocaron las protestas, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Actualmente son las dos centrales más representativas. Sumadas, tienen alrededor de 70% de la representatividad del conjunto de los trabajadores españoles.
Para el 29 de febrero una nueva movilización nacional está prevista y formará parte de la jornada de acción europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos. Las centrales españolas afirman que estudian la posibilidad de realizar una huelga general más adelante.
Según documento firmado por la UGT y CCOO, la reforma representa una gran derrota para los trabajadores. “El despido será más fácil y más barato; legaliza un nuevo contrato con despido libre y gratuito combinado con más bonificaciones; restringe los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que aumenta el poder discrecional de los empresarios”, resumen.
También opinan que las medidas irán permitir una política de baja de los salarios. “¿Por qué Irlanda está mejor que España o Portugal? Porque sus salarios nominales han caído un 25%. No veo por qué no lo vamos a hacer aquí”, cuestionó Juan José Dolado, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, en el diario El País.
“Es justa, es buena para España y es necesaria”
El gobierno del Partido Popular afirma que la medida es necesaria para que el país pueda “poner una barrera a la destrucción” de su economía, según las palabras del primer ministro. España es el país que posee las tasas de desempleo más altas del continente europeo: 5,3 millones de personas sin trabajo (casi el 23% de la población activa y el 50% de los jóvenes), y una tendencia hacia los 6 millones a finales de 2012, según datos de la CCOO y la UGT.
Dos días antes de la sanción de la ley, Mariano Rajoy declaró que las cifras de desempleo no mejoraran en un corto plazo. “Es más, durante 2012 empeorarán”, afirmó. Sin embargo, defiende que la nueva ley laboral tendrá un efecto positivo en el combate al desempleo a mediano y largo plazo. Algunos especialistas hablan de un aumento de las contrataciones en seis meses, otros, en 2 ó 3 años.
La economía española sigue en recesión. En el último trimestre de 2011, el PIB de este país se contrajo un 1,3% y el Banco de España prevé un retroceso de 1.5% en 2012.
Mientras centenares de miles marchaban el domingo, Rajoy dio un discurso en el Congreso del PP en Sevilla y defendió la reforma. “Quiero deciros algo sobre la reforma laboral, exactamente lo que pienso. Os lo digo a vosotros y a todos los españoles. Esta reforma laboral es la reforma que España necesita para evitar que seamos el país que destruye más empleo en toda Europa”.
Salida conservadora
Rajoy justificó que la reforma pone a España en el mismo nivel que los países más avanzados de la Unión Europa. “Una reforma que moderniza nuestra legislación que data de hace 30 años […] A todos los españoles les quiero decir que ésta es una reforma justa y que si no lo pensáramos así, no la hubiéramos hecho de ninguna de las maneras. Pero es justa, es buena para España y es necesaria”.
Sin embargo, las centrales sindicales que convocaron las movilizaciones en el día de hoy, rechazan la idea de que el problema de España sea un presunto costoso mercado laboral.
“Parece una obviedad, pero hay que decirlo: el origen de la crisis no está en el mercado laboral ni en lo costoso del Estado de bienestar. La crisis la ha generado el sector financiero especulativo que ha actuado sin ningún tipo de escrúpulo ni control para conseguir los mayores beneficios en el menor tiempo posible”, aseguran la UGT y CCOO.
Para ellos, más allá del discurso oficial de creación de empleos a mediano y largo plazo, ese no es el real objetivo, sino “colocar el mercado de trabajo al servicio de los empresarios y desregular las relaciones laborales”. Señalan también que las medidas conservadoras de ajustes presupuestarios, recortes sociales, y las llamadas reformas estructurales, están fracasando en toda la Europa y seguramente no resolverán los problemas de los españoles.
“Los daños de estas políticas son dramáticos: recesión económica en buena parte de la UE, más paro, más pobreza, más desigualdad”, concluyen.
Para el economista y miembro de la Izquierda Anticapitalista, Nacho Álvarez, en entrevista al periódico Diagonal, la reforma no creará empleo. “El empleo depende de que haya demanda solvente que lo cree, eso pasa por reformas en el terreno financiero y porque el Estado deje la austeridad de lado. El Gobierno dice que la reforma va a crear empleo cuando las condiciones estén dadas, es decir, reconoce que las razones que hacen que se cree empleo son otras”.
La reforma laboral ha sido exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de España y la Unión Europea, para quien las leyes laborales españolas son “rígidas”. En un informe hecho por el FMI el año pasado, el organismo reclamó una reforma laboral “valiente” que tuviera como objetivo reducir los costes del despido, flexibilizar la negociación colectiva y reducir el vínculo entre inflación y revisión de los salarios.